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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagó de forma ilegal auxilio por cesantía a 36 funcionarios que trasladó a una de sus subsidiarias; concluyó la Contraloría General de la República (CGR) que, además, le ordenó recuperar el dinero.
El Instituto declinó detallar cuánta cesantía pagó a ese personal que trasladó de la División de Gobierno Digital a su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa) en dos tractos de 14 personas el 1°. de febrero de 2016 y 22 más el 1°. de febrero del 2017.
Ante consultas de este diario, el ICE respondió que acataría la orden de la CGR detallada en el documento DFOE-DI-1941 dirigida a la presidenta del ICE, Irene Cañas, el pasado 21 de diciembre.
“El Órgano Colegiado conoció de este oficio el pasado 14 de enero y giró instrucciones a lo interno del Instituto, para que se lleven a cabo todas las acciones correspondientes que permitan acatar lo instruido por la CGR. Actualmente, la Administración se encuentra definiendo los procedimientos que establecerá para cumplir con lo asignado”, indicó el área de prensa del ICE.
El caso se remonta a la administración anterior del ICE, presidida por Carlos Obregón Quesada, que ordenó en agosto del 2015 el traslado luego de una decisión del Poder Ejecutivo de que la rectoría de Gobierno Digital (hasta entonces a cargo del ICE), pasara al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El 8 de octubre del 2015, el Departamento de Personal del ICE solicitó a Julieta Bejarano Hernández, entonces directora jurídica del ICE, aclarar ante la Procuraduría si esos funcionarios debían devolver la cesantía especialmente porque ya existían dos criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) dirigidos al ICE advirtiendo justamente eso.
Tal aclaración nunca ocurrió y todo quedó en firme según la decisión del Consejo Directivo del ICE compuesto entonces por Carlos Obregón Quesada, Roberto Trejos Dent, Carlos Quesada Mateo, Rodolfo Silva Vargas, Farid Beirute Brenes, Ruth Martínez Cascante y Rodrigo Bogarín Navarro.
No obstante, una denuncia de posible enriquecimiento sin causa activó las sospechas de la CGR.
En su documento del 21 de diciembre anterior, el ente contralor también indica que existían “reiterados criterios” de la Procuraduría sobre la devolución de sumas canceladas por el ICE, por concepto de cesantía, si el colaborador se pasa a laborar a una de las subsidiarias del Instituto.
Así consta en los dictámenes C-332-2009 (diciembre de 2009) y C-278-2010 (diciembre de 2010) ambos vinculantes para el ICE pues se originaron de consultas previas del Instituto para casos en que la entidad cesó personal el cual luego pasó a una de sus empresas.
Desde hace más de una década (y en dos ocasiones) la Procuraduría le aclaró al ICE que, al ser un traslado y no un despido cuando si se pierde el trabajo, sí correspondía “devolver los dineros que haya recibido por concepto de cesantía”, cita la Contraloría en referencia a dichos criterios de la Procuraduría.
Aún así, el pago se hizo y con dinero procedente del Fondo de Garantías y Ahorro cuyos aportes por parte del ICE, indica la CGR, son fondos públicos.
En su documento de diciembre dirigido a Cañas, el órgano contralor declara “preocupante" que pese a sendos pronunciamientos de la Procuraduría de carácter vinculante para el ICE, se haya optado por un pago que en criterio de la Contraloría, “dista del cumplimiento de la normativa legal aplicable”.
Y agrega textualmente: “más aún, teniendo pleno conocimiento todas las partes, de que los funcionarios desvinculados a los cuales se les pagó la liquidación (particularmente el extremo de cesantía), serían inmediatamente contratados por Racsa”.
