San José
María Gabriela Sánchez Rodríguez, como abogada del ICE, redactó en agosto del 2015 un criterio jurídico que sugiere a la entidad rebajar el salario a 300 funcionarios que ganan como jefes, pero ya dejaron de serlo.
Como se negó a la exigencia de variar ese criterio, y elevó el asunto ante la Contraloría General de la República e incluso lo notificó en la vía judicial, ella alega que fue despedida.
Su remoción provocó reacción en 12 diputados de cinco fracciones que ayer enviaron una carta al presidente Luis Guillermo Solís donde le piden investigar la “persecución laboral y política” contra Sánchez, quien tenía 11 años de carrera.
Los diputados apuntan contra Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como la responsable del despido de quien fuera jefa de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales.
Desde esa posición, Sánchez resolvió que pagar salario de jefes a 300 funcionarios que no lo son es injustificable y afecta las finanzas públicas.
En la nota al mandatario, los legisladores dicen que ella “se opuso en forma enfática a las órdenes de la señora Bejarano de emitir criterios que estimó contrarios a la legalidad y contra los fondos públicos, situaciones que ha procurado sean revisadas en la vía judicial y en la propia Contraloría”.
El presidente del Congreso, Antonio Álvarez, también envió una nota al presidente del ICE, Carlos Obregón (con copia a Solís) donde le indica que ella se opuso “a conductas ilegítimas dentro de la institución” y que debe ser restituida.
Consultada por La Nación, Sánchez dijo que cuando presentó el criterio jurídico en agosto, Bejarano le solicitó modificarlo y consignar que, por la facultad de discrecionalidad de la Administración, los sueldos podían mantenerse.
Ante su negativa, agregó, Bejarano la amenazó verbalmente con destituirla. Al final, así ocurrió y la entidad mantuvo los salarios.
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De hecho, el 28 de agosto del 2015, Bejarano notificó de que, en nombre de “un clima de tranquilidad laboral” se podía invocar “la facultad discrecional del funcionario público en su actividad decisoria”, a partir de una interpretación suya de la Ley General de la Administración Pública.
Sánchez espera ser restituida mientras no haya una sentencia judicial en firme donde se analice si cometió alguna falta.
“Este despido constituye la más amplia expresión de una persecución laboral y desviación de poder, pero sobre todo atenta contra los más altos valores de nuestro Estado de Derecho y da una señal a los funcionarios públicos que no se pueden denunciar irregularidades pues sus trabajos se verían en peligro”, afirmó.
En el mensaje a Solís, los legisladores alertan de que con casos de este tipo “la señal que se da al país y a los propios funcionarios públicos es que el proceder ante el conocimiento de actos ilegítimos, debe ser guardar silencio, no denunciar, pensar que no se puede, y finalmente que el interés último es el del país”.
"¿Qué mensaje se les está enviando a los trabajadores en el Sector Público, si esto queda impune y si Julieta Bejarano se mantiene en su puesto de Directora Jurídica, Secretaria del Consejo Directivo y cabeza de la Junta de Adquisiciones Corporativa, disponiendo del ICE como si fuera su finca personal, mandando a sus peones a satisfacer sus caprichos?", señaló por su parte Jorge Arguedas, exsindicalista del ICE y diputado de Frente Amplio.
Para el legislador, si Obregón y Bejarano permanecen en el ICE pese a todas las denuncias, es porque el presidente Solís Rivera lo ha permitido.
"Él es quien los sostiene allí, y de él es la responsabilidad por dejar transcurrir 26 meses sin enderezar el rumbo de esta importante institución, y por las consecuencias que vengan y el saqueo financiero a que es sometido el Instituto", afirmó Arguedas.
A la espera. Solís no se manifestará sobre la denuncia mientras la carta no llegue a su despacho, informó ayer Casa Presidencial.
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Obregón ayer le respondió por escrito a Antonio Álvarez en una carta que copió a La Nación a raíz de consultas sobre el tema.
Contestó que todo surgió porque no se renovó a Sánchez su nombramiento como directora en el área donde estaba. Indica que esto condujo a la abogada a elevar su caso a la vía judicial.
En el oficio 0150-1492-2016 del 19 de julio anterior , Francisco Garro, gerente corporativo del ICE, le notificó a Sánchez su despido bajo el argumento de que no debió elevar su caso a la vía judicial al tratarse de un conflicto interno que “pudo haberse planteado de otra manera, menos grotesca”.
Según ese documento oficial, Sánchez transmitió una imagen incorrecta del Instituto “como una empresa en que supuestamente se amenaza a las jefaturas y en la que se permite el imperio de la ilegalidad”.