San José.
Los nueve diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto denunciaron a la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, pues estiman que desde su alto cargo "violenta el deber de probidad".
El cuestionamiento se da porque una empresa que ella fundó con otras cuatro personas en 2005, y de la cual salió en 2010 para volver al Instituto Costarricense de Electricidad como jefa legal, recibió "contratos directos" por $17,6 millones en siete años, del 2006 al 2012.
Los legisladores llevaron el caso ante el procurador de la ética pública, Rónald Víquez –con copia al presidente Luis Guillermo Solís– y piden a la oficina anticorrupción investigar.
Según dice la carta enviada por los nueve legisladores a Víquez, "podría continuar existiendo la relación entre la señora Julieta Hernández y sus antiguos socios de la empresa GIP (Consultores en Infraestructura GIP Limitada), generando esto un posible favorecimiento y afectando la transparencia con la que debe regirse el ICE".
En el 2012, este diario informó de que Bejarano se acogió en el 2004 a la movilidad laboral, tras 32 años de trabajo en el ICE. El 1.° de diciembre del 2005 fundó GIP, en su casa de habitación, junto con cuatro personas más. El 7 de mayo del 2010 cedió todas sus acciones (20%), sin mediar pago alguno, a dos socios para reincorporarse al Instituto.
Allí, como jefa legal, ocupa una silla en la Junta de Adquisiciones del ICE.
GIP "ha sido contratada en diversos fideicomisos, sea por el Banco Nacional o por el Banco de Costa Rica, en su calidad de fideicomitentes, como Unidad Ejecutora de los proyectos (hidroeléctricos) Cariblanco, Peñas Blancas, Garabito y Toro 3, de los cuales el ICE es fiduciario", enumeran los legisladores en la carta.
Precisamente, en noviembre del 2010, el entonces gerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga, envió una nota a los dos bancos estatales en que les indicaba: "Los fideicomitentes del PH Toro III ratificamos nuestra instrucción de contratar a la firma GIP Ltda. como unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III", según publicó este diario el 11 de octubre del 2012.
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En el reportaje, Mayorga admitió que el ICE también recomendó a los bancos contratar a GIP como unidad ejecutora de los proyectos Cariblanco, Garabito y en la rehabilitación de Cariblanco, cuya casa de máquinas fue afectada por el sismo de Cinchona en enero del 2009.
Inquietud. Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto expresaron preocupación por la empresa GIP.
"Consideramos que el hecho de que exfuncionarios del ICE se hayan retirado de la institución para fundar, en el ejercicio privado de sus profesiones, una empresa que concursa para obtener contratos con la institución, y, posteriormente, una de sus socias abandona la firma para regresar a la institución y, desde ahí, tener el poder de decisión y/o influencia como directora jurídica, mano derecha del presidente ejecutivo y miembro de la Junta de Adquisiciones del ICE, violenta el deber de probidad que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de la función pública", dijeron en el pedido de indagación.
Consultada sobre la denuncia, Bejarano se limitó a decir: "Me parece bien que se investigue".
Pagos se cargan a luz. Jorge Arguedas, diputado de Frente Amplio y exsindicalista del ICE, calcula que GIP obtuvo como unidad ejecutora de Garabito y Toro III, $4,5 millones, con proyecciones de ganar $5,9 millones más hasta que cada contrato finalice: un total de $10,5 millones.
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"Ese monto está incluido dentro de la cuota que paga el ICE por arrendamiento de las plantas Garabito y Toro III, y se trasladan en un 100% a tarifas eléctricas que pagamos todos los ticos", dijo.
Arguedas, además, pide explicaciones de por qué el ICE no renegoció los fideicomisos en condiciones más favorables, para bajar las tarifas, como planteó el expresidente del Instituto, Teófilo de Torre en un correo que le envió y ahora aportó al procurador.
"...un conjunto de acciones que yo consideraba conveniente que el ICE aplicara a fin de disminuir o amortiguar el costo de la electricidad a los consumidores. Entre ellos estaban la renegociación de los fideicomisos existentes para alargar sus plazos de amortización o sustituirlos por préstamos de largo plazo; asimismo renegociar deudas onerosas por otras de mayor plazo y menores intereses", dijo de la Torre.