EDITORIAL

Tercas realidades

El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, insiste en hacerle creer al país que el levantamiento del veto a la reforma laboral era el único medio para salvar al proyecto del archivo. Hemos demostrado lo contrario, citando actuaciones del propio Gobierno.

En un nuevo esfuerzo para torcer la realidad, el ministro cita la opinión presentada por la Procuraduría General de la República a la Sala Constitucional en el caso del levantamiento del veto a la ley que destina la calle 13 bis de San José a la venta de artesanía. Don Melvin no lo dice, pero, en ese documento, los procuradores consideran improcedente el levantamiento del veto hecho por la Administración Solís en este caso.

El ministro sí enfatiza el fundamento del criterio adverso a la Administración. Según la Procuraduría, el levantamiento no procedía porque ya había vencido el plazo cuatrienal de la iniciativa en el Congreso. Por tanto, se la debía considerar muerta y archivada. Nadie lo discute. Es totalmente lógico que la potestad de levantar el veto solo puede ser ejercida en relación con un proyecto cuyo plazo de tramitación no haya expirado.

En eso se apoya el ministro para escribir: “Si la Procuraduría es el abogado del Estado y de su profesionalismo e independencia, nadie tiene duda, ¿hubo cinismo en que el Poder Ejecutivo tomara en cuenta un dictamen suyo remitido a la Sala Constitucional, a efectos de decidir cuál era el plazo último de que disponía para levantar el veto a la reforma procesal laboral?”. En otras palabras, el Gobierno “descubrió” la existencia de un “plazo último” para levantar el veto. No lo levantó porque quiso, sino porque la Procuraduría le hizo notar la existencia de un plazo fatal.

Pero no fue eso lo que dijo la Procuraduría. El ministro oculta la segunda parte de la opinión, totalmente coincidente con la argumentación de nuestros editoriales. El levantamiento del veto solo procede antes del vencimiento del plazo cuatrienal, pero el plazo no vence, si el Congreso vota una prórroga o si se presenta, antes de la fecha fatal, una moción para extender el plazo de tramitación. Esa moción mantiene el proyecto con vida y puede ser votada aun después de vencido el plazo, en criterio de la Procuraduría, sustentado con cita del voto de la Sala Constitucional N.°9618-2010 de las 2:46 horas del 20 de julio del 2005, donde los magistrados dicen exactamente lo mismo.

En auxilio de su criterio, los procuradores también citan el último párrafo del artículo 119 del reglamento legislativo: “… la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo”.

La moción necesaria para prolongar la vida de la reforma laboral más allá del sábado 13 de diciembre había sido presentada el 4 de ese mes por la propia jefa de la fracción oficialista. Mientras no fuera rechazada, el proyecto seguiría con vida. No había un plazo fatal que obligara al Gobierno a retirar el veto antes del día 13, como el ministro intenta hacer creer. Como lo hemos venido señalando, hay otras 429 iniciativas de ley con plazo vencido, pero vivas en la corriente legislativa por las razones expuestas.

El ministro lo sabe y, sin duda, lo sabía cuando la Administración levantó el veto a la reforma laboral, puesto que él mismo cita el documento de la Procuraduría, aunque solo en lo conveniente para hacer creer en la existencia de un plazo fatal que le impedía al Gobierno actuar de otra manera.

En su respuesta, publicada ayer, el ministro escribe: “Pienso que “cínica” habría sido la actuación del Gobierno y del presidente, si se hubiese apartado del criterio jurídico de la Procuraduría para complacer opiniones interesadas de grupos de presión, sea cual sea su poder, riqueza o prestigio”. Es inevitable preguntar cuál calificativo merece el haberse apartado del criterio de la Procuraduría –y retorcerlo– para hacerle creer al país en la existencia de un plazo fatal con el fin de justificar la actuación del Gobierno. ¿Qué calificativo merece la invocación de esas “razones” para incumplir el pacto de no levantar el veto antes de un año, suscrito con la Unidad Social Cristiana a cambio de sus votos el 1.° de mayo?

La misma “técnica” utiliza el ministro para desmentir que la oposición hubiera ofrecido “tramitar con celeridad las enmiendas necesarias para remover sus objeciones al proyecto”. El ministro cita informaciones de La Nación correspondientes al momento en que las conversaciones se deterioraron. Son informaciones del 11 y 12 de diciembre, pero la respuesta omite mencionar la publicación del 9 de diciembre, donde dimos cuenta de las conversaciones del día anterior. En ellas, el PLN se mostró dispuesto al trámite rápido, si se incluían cinco enmiendas.

Según nuestra publicación, “esos puntos son que las huelgas se deban convocar con un 40% de apoyo de los empleados, que se prohíban en servicios esenciales, que la Defensoría de los Habitantes funja como defensor de los usuarios, que se pueda contratar personal suplente cuando los trabajadores estén en huelga y que se les permita a los patronos cobrar indemnización por huelgas declaradas ilegales”.

La propuesta estaba destinada al fracaso porque, como los acontecimientos de los últimos días lo han demostrado, el Gobierno no tenía intención de prohibir las huelgas en los servicios esenciales, según lo anunció en el momento de levantar el veto, salvo en casos muy contados, como se dice ahora. Mucho menos tenía la intención de elevar al 40% el apoyo necesario para declarar la huelga, aunque ese porcentaje sigue representando un respaldo minoritario. Tampoco había disposición a permitir la contratación de personal suplente, como hizo la propia Administración para enfrentar la huelga en los muelles de Limón. Sobre los otros dos puntos, no tenemos noticia, pero los primeros tres bastan para explicar las informaciones selectivamente citadas por el ministro.

Seguir leyendo

Cartas a la columna

  • Acta de defunción

    Con el levantamiento al veto en beneficio de los sindicatos, el señor Solís firmó el acta de defunción del PAC. Por quedar bien con un grupito que solo daño ha causado, se echó encima a todo el pueblo costarricense. ¿Qué institución se hará cargo de las pérdidas de exportadores e importadores? ¿Qué institución pagará los servicios médicos esenciales para miles de costarricenses que pierdan citas y cirugías? Este Gobierno es el típico populista de izquierda latinoamericano, al mejor estilo chavista. Mejor se hubiera declarado de izquierda, como lo hizo el FA, y no hubiera engañado al electorado. Tuvo la oportunidad y la dejó ir; hace un par de meses, con la huelga en Limón declarada ilegal por los tribunales, todo Costa Rica lo apoyaba, pues se les paró y los tuvo en jaque, pero después cedió a los intereses de una minoría y hasta los premió. Ya le advirtieron, póngase en guardia, los sindicatos van con todo a las calles a defender sus convecciones colectivas y dentro de 18 meses serán legales. Qué bárbaro, los que lo embarcaron a firmar semejante atropello no son sus amigos. Está al mejor estilo de la Selección: durmiendo con el enemigo.

  • Problema vial

    En Plaza Mayor, la pequeña calle que corre paralela a la circunvalación, desde Scotiabank hasta el BAC, ahora tiene a mitad una entrada/salida abusiva que representa un peligro constante.

  • Respuesta de Lincoln Plaza

    En relación con las afirmaciones del señor José Raúl Castrillón ( Cartas, 14/12), aclaramos que, si bien el domingo 7 de diciembre, a eso de las 6 p. m., se presentó un incidente entre visitantes del centro comercial Lincoln Plaza, en las inmediaciones de la tienda Universal, este fue de inmediato controlado por nuestro servicio de seguridad interno y reportado a tiempo a la Fuerza Pública de Moravia. Uno de los objetivos de Lincoln Plaza es garantizar a sus visitantes la seguridad necesaria para que su estancia en nuestras instalaciones sea, además de segura, agradable.

  • Largo camino

    Si de primera entrada la empresa donde compró el bien acepta, bajo el principio de que casi siempre el cliente tiene la razón, hay una solución. Pero eso poco ocurre. Y debes seguir un camino largo y sin esperanza para el consumidor. En nuestro caso llevamos cerca de cuatro años por la compra de un celular. La empresa lleva su abogado. Nosotros no vamos a pagar un abogado por un celular, que además quedó en manos de la empresa. Al final, si ganas pierdes, por estar desactualizado el móvil. Es decir, o ganas a la entrada o de lo contrario dígale adiós. Algo debe cambiar desde la burocracia de los procesos a favor del consumidor. Por supuesto, aplausos para las empresas que apoyan al consumidor.

Columnistas del día

  • Cabeza fría

    Enfoque

    Cabeza fría

    Siento, como pocas veces en años recientes, que la prudencia y la cabeza fría son hoy, más que una virtud, necesidades vitales cuando las cosas empiezan a ponerse espesas, como ocurre en nuestro país. Digo esto pensando en el Gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales, sociales y sindicales.

  •  Desgaste innecesario

    Desgaste innecesario

    Como que todo se hizo a la carrera. Por eso, las contradicciones; por eso, las metidas de pata y, por eso, el desgaste que sufre la imagen del presidente.

Foro

  • Poder Judicial se fortalece frente al narcotráfico

    El abordaje de la criminalidad que enfrentamos como país requiere el compromiso de toda la ciudadanía –para denunciar y atestiguar–, con la colaboración y coordinación de las instituciones públicas competentes en sus diversos campos.

  • Diez consejos ecologistas para Navidad

    Las fiestas de Navidad coinciden con el mayor pico de consumo económico. Para el ambiente, lo que empieza con un Viernes Negro, termina con el mes más gris del año: aumenta el consumo desmesurado de electricidad y agua, aumenta la violencia intrafamiliar, los excesos de consumo terminan pasando factura en nuestra salud y en nuestra economía, etc.

  • Los 100 años de la Escuela Normal

    Fue en 1914 cuando el presidente Alfredo González Flores, uno de los más visionarios que ha tenido este país, firmó el decreto que creaba la Escuela Normal de Costa Rica, ubicándola en Heredia, su ciudad natal.

  • Integridad electoral y deficiencias democráticas

    Recientemente, y como resultado de un esfuerzo conjunto de la Universidad de Harvard y la Universidad de Sídney, se publicaron los resultados del proyecto Percepciones de Integridad Electoral (PEI, por sus siglas en inglés). La publicación consta de un cuestionario que incluye 49 indicadores sobre 11 pasos del ciclo electoral y genera un índice de 100 puntos.