EDITORIAL

Plan Nacional de Desarrollo

El pasado lunes, en las instalaciones del Teatro Nacional, el Gobierno de la República dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Es un documento importante, voluminoso, que contiene una serie de objetivos, metas y estrategias para lograrlas. Muchas de esas metas merecen apoyo, pero otras parecen contradictorias y deben afinarse más.

Los tres principales objetivos son los siguientes: primero, generar un mayor crecimiento económico, caracterizado por más y mejores empleos, con metas del 6% anual de crecimiento real; la creación de 217.000 puestos nuevos de trabajo; y reducir el desempleo a solamente un 7% de la fuerza laboral, comparado con el 8,6% actual, según la encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o un 10% de la fuerza laboral, según la encuesta trimestral de esa misma entidad.

El mayor crecimiento de la producción y la generación de fuentes de trabajo están muy encadenados. El crecimiento anual, según el Programa Macroeconómico del Banco Central, es apenas del 3,6% real en el 2014 y será aún menor en el 2015 (3,4%). Duplicar esas cifras no será fácil, sobre todo porque nuestra economía es pequeña y abierta, y depende, en buena parte, de las exportaciones para apuntalar la producción y generar más fuentes de trabajo, pero la economía internacional no está creciendo como antes, ni se espera que lo haga dinámicamente en los próximos tres años, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tampoco se puede descansar en el mercado interno para expandir la producción y el gasto, precisamente por su pequeñez. Estimular el gasto con políticas monetarias expansivas podría desencadenar más incrementos en la inflación que en la producción, lo cual podría, a su vez, comprometer más la meta de reducir la pobreza, que depende en muy buena medida del costo de la canasta básica y del nivel de salarios reales.

Finalmente, el Gobierno ha hecho una mala escogencia del contenido de su política fiscal. En vez de incrementar fuertemente los gastos de inversión, que son muy fértiles para incrementar el crecimiento real del PIB y aportar nuevas fuentes de trabajo para disminuir el desempleo y la pobreza, prefirió incrementar el gasto corriente (19%, ante una economía que crece apenas al 3,6% real, y una inflación programada del 5% anual) para aumentar transferencias y sueldos y salarios de funcionarios públicos que ya están trabajando, y, por tanto, no contribuyen a mejorar la fuerza laboral, pero sí producen el efecto de acrecentar la desigualdad, pues ganan, en promedio, mucho más del doble que sus contrapartes del sector privado. En el Estado, no hay ningún funcionario pobre; en el sector privado, sí. Con esa política, la desigualdad, en vez de mejorar, podría empeorar.

El segundo objetivo es reducir la pobreza en general y, en especial, la pobreza extrema y la desigualdad social y territorial, con metas igualmente ambiciosas. Se pretende disminuir la pobreza, según el coeficiente de Gini, a 0,4924, y mejorar la situación de 42.000 hogares que se encuentran en una situación de pobreza extrema (actualmente hay 96.000 en tales circunstancias), para que sobrepasen la línea divisoria y puedan satisfacer plenamente sus necesidades de alimentación y vivienda. Pero la reducción de la pobreza está muy ligada al crecimiento del PIB y la generación de empleo, metas que difícilmente se lograrán por las razones antes dichas. Y los programas sociales, a pesar de los cuantiosos recursos a ellos destinados, tampoco son muy efectivos para abatirla, según numerosos estudios realizados, incluyendo el Informe Estado de la Nación. El principal reductor de la pobreza sigue siendo el crecimiento acelerado del PIB, muy ligado a la generación de empleo.

El tercer objetivo principal es, quizás, el más fácil de cumplir: luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia del Estado, unido a la meta de mejorar apreciablemente el índice de la percepción de la corrupción, para lo cual deben los funcionarios simplemente portarse bien. Ese objetivo no pareciera difícil de cumplir en un partido político que ha hecho de la probidad una de sus principales armas.

Pero hay un objetivo subsidiario dentro de este apartado principal que resulta mucho más difícil de lograr, y es mejorar la eficiencia y efectividad del Estado. Para ello, no solo es necesario establecer un índice de la percepción de efectividad del Gobierno, como se pretende, sino que todos y cada uno de los programas oficiales debe someterse a estudios de costo y beneficio económico y social para determinar su eficiencia y eficacia. Eso difícilmente se ha hecho en el pasado, pero no significa que no deba ni pueda hacerse. Ideal sería que uno o varios órganos ajenos al Gobierno se encargaran de esa función, incluyendo a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y alguna firma de auditores independientes, para dotar de credibilidad a la rendición de cuentas.

En resumen, los objetivos del PND son muy loables y deben ser perseguidos por el actual y los futuros Gobiernos. Sin embargo, las metas son muy ambiciosas en las adversas circunstancias actuales, y las políticas económicas para lograrlas están todavía más lejos de la realidad y, algunas, son contradictorias. Esas políticas deben afinarse más para poder lograr los objetivos.

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