EDITORIAL

Casos aislados o áreas de mejora

Aunque supuestamente desde el 2009 se aplica la Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto, en los hospitales nacionales, hay fuerte evidencia que demuestra lo contrario o indica que algunos de sus objetivos primordiales no se cumplen del todo.

Este manual, que debe asegurar la humanización y calidad de los servicios en las 23 maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se basa en los principios del cuidado perinatal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como "tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres" y "centrarse en las familias"; además, "debe ser dirigido hacia las necesidades no solo de la mujer y su hijo sino de su pareja".

La misma guía insiste en que "muchos estudios científicos han mostrado que las condiciones y la forma en que las mujeres viven su embarazo y parto tienen un impacto en sus vidas y la de sus hijos" y que un alumbramiento pleno reduce las tasas de mortalidad y morbilidad. Por lo tanto, la aplicación de la guía, que según la CCSS es de acatamiento obligatorio, es clave para una política nacional de salud integral.

Una encuesta de la fundación Previda revela una realidad muy distinta, que hasta ahora no ha sido desmentida por las autoridades. A pesar de las recomendaciones de la guía, que se pronuncia a favor del acompañamiento familiar, seis de cada diez mujeres costarricenses dan a luz solas.

Cuando tienen compañía, esta se da exclusivamente en el momento del parto, no durante el proceso en su totalidad, como propone el nuevo enfoque. El estudio también señala que un 95% de las pacientes no elige la posición del alumbramiento, por falta de información, y que a un 50% se le administra oxitocina para acelerar las contracciones, entre otros hallazgos que infringen las normas de la guía.

El desfase entre lo que dicta el reglamento y lo que se hace en la práctica se puso de manifiesto a raíz de un fallo de la Sala Constitucional, que reconoció un caso de violencia obstétrica en el Hospital de las Mujeres (antigua Maternidad Carit), donde se vulneró el derecho a la intimidad de una paciente.

La Defensoría de los Habitantes denunció un caso más en el mismo centro y advirtió que ha recibido reclamos sobre deshumanización, desatención y maltrato en la Carit y otros hospitales públicos, que podrían calificarse de violencia obstétrica.

Si bien la primera reacción institucional fue calificar estos hechos de "casos aislados" y "excepciones, dolorosas e intolerables", la CCSS optó por lo más sano al solicitarle un informe al Hospital de las Mujeres sobre lo ocurrido y nombrar un equipo interdisciplinario que "apoye" las medidas de mejoramiento en la institución.

Con estas y otras decisiones, como el anuncio de evaluar los protocolos de atención de las 23 maternidades en el país, la Caja asume la actitud adecuada. Sin decirlo explícitamente, admite que la aplicación de esta guía presenta importantes áreas de mejora y que debe mantener una perspectiva abierta y vigilante ante las denuncias de sus usuarios y de instituciones mediadoras, que velan por la protección efectiva de los derechos humanos, como la Defensoría de los Habitantes.

Esta apertura debe llegar hasta las autoridades del Hospital de las Mujeres, las cuales insisten retóricamente en que las pacientes deben conocer sus deberes y no entienden por qué prefieren recurrir a la Sala Constitucional o a la Defensoría, y no a la dirección médica del centro para interponer sus denuncias.

Aunque la guía y la normativa de la OMS otorgan a la paciente el papel activo en la toma de decisiones, este objetivo queda en letra muerta si se carece de la información mínima sobre el parto y sus procedimientos, o sobre los deberes y derechos de los asegurados. La falta de información es, reiteradamente, una de las quejas más airadas de los usuarios de la Caja, sean mujeres u hombres.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, insistió en el mejoramiento de los protocolos de atención por medio de la capacitación del personal especializado y la inversión en infraestructura y tecnología de punta. Este enorme esfuerzo institucional, que no dudamos bien encaminado, debe acompañarse de medidas de bajo costo y alto impacto, como una campaña de información, que garanticen un entorno más humano a las futuras madres.

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Cartas a la columna

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    El artículo de Jacques Sagot del 11 de abril (“San José es un burdel”) es no solo oportuno y sensato, sino que vale también para analizar algunas “producciones nacionales”. Una noche de estas me topé con un programa televisivo en el que tres jóvenes –supuestos humoristas– se solazaban (babeaban, tocaban, acariciaban con sus greñas) ante el cuerpo cosificado de una modelo tendida en una camilla, cual si fuera una res lista para segmentar en jugosos pedazos. El consumo mediático sirve ciertamente para pensar, pero pensar es lo menos que podemos hacer en una sociedad imbuida en la sordidez y banalidad de sus medios, de sus espacios públicos y de sus ciudades. Hay una corresponsabilidad social en el centro de todo esto, pero parece que no nos atañe aun cuando es evidente.

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    El Estado pagó ¢1,9 billones en pluses y ¢1,8 billones en sueldos en el 2014, privilegios que tienen al país en la pobreza y la ineficiencia. La mayor responsabilidad la tiene el PLN, que por ganar votos fue otorgando beneficios irracionales. Aunque muchos culpan a doña Laura y a don Luis Guillermo, la situación del país se arrastra desde hace años, incluso, hace mucho, excombatientes del 48 expresaron que había sido en vano el esfuerzo, pues por lo que combatieron estaba peor. También don Pepe expresó que algunos se estaban enriqueciendo a costa del Estado y doña Nini Chinchilla renunció a la diputación del PLN por el grado de corrupción de aquel entonces.La Asamblea Legislativa debe dictar una ley que regule los salarios en las entidades públicas. No se vale que se excluyan entes so pretexto de autonomía o competencia, pues no se justifican salarios ni pensiones que sobrepasen los ¢5 millones.

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    La urbanización Los Adobes, en Alajuela, es en un lugar tranquilo y cuidado donde muchísimos alajuelenses realizamos nuestras rutinas de ejercicios. Acostumbran a pasar por ahí muchos niños con sus padres, jóvenes estudiantes de la UTN o de otros centros educativos cercanos y también personas acompañadas por sus perros.Alrededor de la acera, bordeando el río Ciruelas, hay todavía vegetación, sobre todo bambú, además de un lindo parque para niños, cancha de básquet y zonas verdes.Son siete entradas para los que viven allí y, de ellas, las dos primeros no tienen vigilancia. Sin embargo, de unos meses para acá se han presentado algunas situaciones preocupantes.Muchos taxistas –de la empresa Cootaxa– con gran irrespeto, realizan sus necesidades fisiológicas. El martes, un hombre, o un enfermo, entre los cañales, semidesnudo se tocaba sus partes genitales.A la entrada de la urbanización viven unos ocho enfermos alcohólicos desde hace unos dos años. Algunos cristianos les llevan de comer los fines de semana. Estos señores se aprovechan de su situación y los días que pasa el camión de la basura rompen las bolsas y buscan comida, luego las queman alrededor de los bambúes, por lo que es usual encontrar humo y montones de basura.Es una pena que estas situaciones se sucedan en lugares públicos y con tanta gente alrededor. A quienes corresponda, ojalá logren poner fin a todo esto y no se llegue a lamentar, como ha sucedido en otras ocasiones.

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