Por: Juan Fernando Lara.   15 febrero
Este miércoles, Obregón aseguró que dejará su cargo en el puesto en mayo, cuando concluya la administración Solís Rivera. Foto: Jorge Navarro
Este miércoles, Obregón aseguró que dejará su cargo en el puesto en mayo, cuando concluya la administración Solís Rivera. Foto: Jorge Navarro

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón Quesada, afirmó el miércoles que un convenio que plantea su reelección en el cargo "aún se estaba elaborando", pese a que días antes el Consejo Directivo del ICE acordó que Obregón le llevaría el texto al presidente Luis Guillermo Solís para firmarlo.

La inconsistencia ocurrió un día después de que tres diputados y voceros del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE acusaron al jerarca de intentar suscribir un convenio con el presidente Solís para seguir en el puesto cuatro años más, al margen de quién gobierne el país luego de la segunda ronda electoral.

Los denunciantes incluso divulgaron un borrador de dicho convenio, fechado en setiembre del 2017.

Según los denunciantes, Solís y Obregón iban a firmar en próximos días el llamado Convenio de Gobernabilidad que, por razones de buen desempeño, extendería la permanencia de Obregón como parte de una reestructuración interna que impulsa el Instituto, llamada Gobierno Corporativo.

Este Gobierno Corporativo, según ha dicho Obregón, "es un modelo basado en las mejores prácticas a nivel mundial, que permite a los grupos conformados por varias empresas, como es nuestro caso, conjuntar los esfuerzos y crear una misma unidad de propósito y dirección".

En respuesta a la denuncia de los diputados y los trabajadores, Obregón recalcó el miércoles, en un comunicado de prensa, que el Convenio de Gobernabilidad "aún se está elaborando".

"Lo que presentaron los sindicatos es una propuesta de un consultor experto internacional, que servirá de insumo para redactar el Convenio, en apego a la legislación vigente. Hasta hoy, no se ha presentado ningún documento al Presidente de la República, ni se ha firmado acuerdo alguno entre el Poder Ejecutivo y el ICE", expresó.

Esto, no obstante, contradice el acuerdo 0012-031-2018 del Consejo Directivo del ICE del pasado 6 de febrero, en el cual participó el propio Obregón.

En el punto 15 de ese documento, en posesión de este diario, se confirma la existencia del Convenio de Gobernabilidad y además se acuerda que Obregón se lo llevará a Solís para suscribirlo.

Textualmente, el punto 15 dice lo siguiente: "Solicitar al señor Presidente Ejecutivo la presentación del Convenio de Gobernabilidad incluido en el modelo de gobierno corporativo, a las instancias gubernamentales correspondientes. Lo anterior, tendiente a su suscripción. Asimismo, se le solicita informar al Consejo Directivo los resultados de dicha gestión".

Este miércoles, Obregón aseguró que dejará su cargo en el puesto en mayo, cuando concluya la administración Solís Rivera.

Contrario a la legislación vigente

El borrador de ese convenio, distribuido por quienes denunciaron a Obregón, establece que dicho documento sería de carácter vinculante para los próximos gobiernos y tendría una “vigencia indefinida, de manera que su permanencia en el tiempo va más allá de cualquier consideración de período de gobierno” se lee textualmente.

“El Poder Ejecutivo se compromete a remover al presidente ejecutivo del ICE solo cuando dicha decisión esté fundamentada en razones empresariales. La estabilidad del equipo directivo del ICE es una premisa fundamental de competitividad para el largo plazo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo considerará, en el uso de sus facultades legales y autónomas, la reelección del presidente ejecutivo que haya demostrado éxito en la consecución de resultados”, se lee.

Sobre este supuesto convenio, Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, aseveró, escuetamente, que “no hay ninguna gestión al respecto”.

Sin embargo, si se hubiese firmado, ello extendería la vigencia de nombramiento de Obregón acudiendo a un convenio que contraviene dos leyes.

En primer lugar, sería contrario al artículo 11 de la Ley N° 8660 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) el cual plantea que “el presidente ejecutivo será nombrado por un periodo de 4 años a partir del inicio del período presidencial respectivo”.

Además, también iría contra el artículo 4 de la Ley 4646 de integración de juntas directivas, en el que se establece que el presidente ejecutivo es designado por el Consejo de Gobierno.