Aunque la auditora le contestó a Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, que las pérdidas del ICE para el 2018 son menores a los ¢318.000 millones referidos por el legislador republicano, sí confirmó que las pérdidas tienen a la entidad en “riesgo de sostenibilidad”.

Entre las afectaciones, mencionó lo perdido con el abortado proyecto hidroeléctrico Diquís, el pago a salarios con duplicidad de funciones y el riesgo cambiario.

El Diquís, una megaobra de $3.646 millones (¢2,2 billones) que se planeaba desarrollar en la zona sur, fue cancelada luego de analizar una caída en el consumo nacional de energía y una capacidad eléctrica instalada suficiente para atender la demanda de próximos años. Era innecesario, en otras palabras.

A su vez, la funcionaria sentenció que la responsabilidad por las pérdidas es de la administración.

El año pasado, la entidad había estimado en ¢314.000 millones sus pérdidas para el 2018.

“Es un proceso complejo de asignación de responsabilidades y que hemos nosotros apoyado. Mostré relaciones de hecho que la Auditoría Interna ha presentado, tratando de proteger el patrimonio del ICE. Hemos recurrido a otras instancias, a Contraloría, se han puesto en evidencia casos de inadecuada gestión de proyectos”, manifestó la auditora.

Machuca dijo que los riesgos y problemas han sido detectados por su oficina, aunque evitó referirse públicamente al detalle de los casos.

Aunque sugirió a los legisladores que ella sí les podía dar detalles de varias de las investigaciones, en una sesión privada, los diputados no atendieron esa sugerencia.

Incluso, Machuca confirmó, ante una pregunta del presidente del foro sobre gasto público, Jonathan Prendas, que al no haber atendido la administración del ICE una serie de recomendaciones hecha por las auditorías, se podrían generar pérdidas económicas a la Institución.

Ella no quiso cuantificarlas, pese a confirmar la existencia de esas pérdidas.

“No podemos cuantificar la afectación en dinero, si han perdido o no plata, ni cuánto. (...) En mi experiencia, hemos sido muy acertados en las recomendaciones y muchos de los riesgos se han materializado”, dijo Machuca.

Por otra parte, la auditora manifestó que el ritmo de cumplimiento que tiene la administración sobre las recomendaciones que hace la Auditoría Interna “no les alcanza para terminar y mantener una situación recomendable a nivel de control interno”.

De acuerdo con lo expuesto con Machuca, si no se cumplen las recomendaciones que hacen los informes de auditoría, existe vulnerabilidad en el ICE. “No se han cumplido”, machacó.

En particular, detalló que hay recomendaciones incumplidas en relación con gestión de proyectos, el cumplimiento de cronogramas y premisas que han derivado en perjuicios al cumplimiento del plan financiero de la entidad.

Pese a su calificación negativa sobre casos específicos, la auditora general se negó a ser tajante en reprobar al ICE, tal como lo hiciera la contralora general, Marta Acosta, en su comparecencia ante ese mismo foro, una semana antes.

La auditora también le respondió a la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, que han existido debilidades en la planificación de la compra de bienes y servicios y en la gestión de contratos, al igual en en el Sistema de Información de Personal (SIP).

Compras a empresas de familiares

Sobre la gestión de Cable Visión, empresa comprada por el ICE, la auditora general aseguró que se han realizado cinco estudios donde se revelaron deficiencias e irregularidades en los saldos, los cuales tenían que normalizarse para definir precios y el valor de la compra.

También, Machuca confirmó que se logró determinar, en estudios anteriores a su ingreso como auditora general, que han existido contrataciones a empresas relacionadas con familiares de autoridades del ICE, lo que genera conflictos de interés.

“Ante la pregunta del diputado Erwen Masís, ‘¿usted identificó conflicto de intereses en las contrataciones de Cablevisión?’, mi respuesta textual fue: ‘Esos estudios se hicieron en una época anterior a mi ingreso y sí fue uno de los hallazgos identificados en los estudios’, tal y como consta en la grabación de la comparecencia”, ahondó Machuca en un comunicado de prensa difundido este viernes.

Igualmente, manifestó que hay estudios en proceso relacionados con la contratación que la Institución hace de equipo Huawei, así como otros hechos sobre el modelo de fideicomiso, la planificación de proyectos, las tarifas eléctricas, la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF), la Contraloría de Servicios, las multas a proveedores de telecomunicaciones y la ingeniería y construcción de proyectos.

A pesar de que la auditora confirmó que hay información de esos informes que considera de importancia para conocimiento de la Comisión de Gasto Público, los diputados y la sociedad, pidió que eso se discutiera en sesión privada que, por el momento, no ha tenido lugar en el Congreso.

Igualmente, la funcionaria respondió ante consultas de legisladores que la confidencialidad en el ICE ha sido mal interpretada en esta institución.

“Hay que darle una mejor interpretación, la normativa existe para poder hacer la declaratoria, tal como se ha definido internamente, pero sí puede haberse dado una mala interpretación”, indicó la auditora.

No obstante, Machuca no refrendó lo afirmado por Erwen Masís, jefe de la fracción de la Unidad Social Cristiana, cuando dijo que esa confidencialidad puede haberse prestado para “corrupción”.

“La línea de corrupción no precisamente está dada por quienes decretan la confidencialidad de la información. Hay un procedimiento definido para esa confidencialidad, no podría generalizar”, comentó la auditora.