Janeth Carrillo y sus hijos fueron desalojados de un asentamiento informal junto a La Carpio, en La Uruca, San José, el pasado 9 de marzo. Aquel día contó que llegaron a ese lugar porque ya no pudo pagar los ¢120.000 de alquiler que le comenzó a cobrar su arrendatario en los últimos meses.
“Tenemos más de 15 días de vivir aquí, fuimos de las primeras personas en llegar, es que una amiga se vino para acá y como nosotros tenemos necesidad, vinimos. Luego vino la otra gente, son personas sin casa y desempleadas”, contó Carrillo a este periódico, mientras dejaba la zona escoltadas por efectivos de la Fuerza Pública.
Su vecina, Maryeri Martínez, enfrentaba el mismo drama: no podían pagar un alquiler. “Tenemos ocho días de estar acá, ustedes creen que si nosotros tuviéramos una casa, como todos ustedes la tienen, estaríamos aquí invadiendo un territorio. Sabemos que ese terreno no es de nosotros, pero el dueño no está aquí”, declaró.
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Como estas mujeres y sus hijos, hay 12.000 familias que habitan en precarios y que serán desalojadas en los próximos meses, según datos suministrados a La Nación por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), a partir de un sondeo realizado entre municipalidades.
“Tenemos información confirmada de 44 cantones, 33 de los cuales nos informan tener asentamientos con orden de desalojo y en su conjunto agrupan a más de 12.000 familias. Si bien esto es un dato estimado, consideramos que es importante y se le debe dar seguimiento”, indicó la cartera.
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Según la ministra de Vivienda, Irene Campos, esta es la principal preocupación con la que dejará su puesto el próximo 8 de mayo. La jerarca reconoció que la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 dejó a miles de ciudadanos sin techo y los obligó a instalarse en precarios, lo que a su vez dio origen a solicitudes de desalojo sin que exista alternativa para ubicar a las familias. La situación las expone a quedar en la calle o a buscar un nuevo asentamiento informal.
“Hay un tema de mucha preocupación para nosotros que se acrecentó de una forma muy acelerada con la pandemia y es que al disminuir los ingresos familiares, muchas familias ya no pudieron alquilar y eso los hizo ir a precarios y asentamientos informales. Algunos de ellos están sumamente densos y además empezaron a llegar a sitios como riberas de ríos, calles públicas y hay una gran cantidad de desalojos, que además se acumularon porque durante la pandemia hubo suspensión de estos (operativos)”, expresó Campos.
Como reconoció Campos, no existe algo similar a una “sala de emergencia para el desalojo”, lo que implica que realizada la acción no es posible atender a los grupos de manera inmediata.
“O sea, no es que yo hago un desalojo y en este momento les digo ‘bueno, ustedes familias desalojadas vénganse para acá'. No hay. Y un proyecto de vivienda requiere mucho tiempo, no es de la noche a la mañana, entonces nos genera mucha preocupación”, afirmó.
La ministra insistió en que, aunque las cifras que manejan no son precisas, la situación es “evidente”.
Ocurre, dijo, a pesar de que se hicieron esfuerzos por ayudar a familias de escasos recursos y de ingresos medios, así como para ordenar el territorio y atender a las familias en asentamientos informales. Ahora, añadió, el tema de los desalojos debe ser foco de atención para su sucesor.
“Cada vez es más difícil encontrar suelo disponible para atender la necesidad de vivienda de las familias y, con la pandemia, el aumento de núcleos familiares en los asentamientos informales nos presenta el reto de encontrar dónde trasladarlas cuando se dan los desalojos. Este es uno de los temas que trataremos con las próximas autoridades de Vivienda, pues será de gran importancia darle la mayor atención posible”, afirmó.
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Datos divulgados por el Cuerpo de Bomberos en 2019, antes de la pandemia, identificaban 462 asentamientos informales en el país.
Cantones críticos
Uno de los lugares donde más se ha acrecentado la problemática es el cantón de Alajuelita, en el que la pandemia complicó la situación a niveles preocupantes, según confirmó el alcalde Modesto Alpízar, ante la consulta de este medio. Esa municipalidad, ratificó, ha identificado la llegada de más precaristas y la obligación de concretar más desalojos.
“Obviamente, sí hemos tenido un aumento del problema por la emergencia sanitaria, debido a que muchos perdieron sus trabajos y buscaron alternativas como estas, donde no tienen que pagar alquiler ni nada por el estilo. Por la misma pandemia, no se les pudo dar el tratamiento adecuado con las instituciones que tienen que ver con el tema y hoy ya tenemos una situación bastante complicada”, manifestó el jerarca municipal.
El caso más severo, de acuerdo con Alpízar, es el precario conocido como La Chanchera, en el que incluso tuvo que intervenir el Ministerio de Salud. Para él, este y otros asentamientos persisten porque la institucionalidad costarricense no ha logrado atender este fenómeno adecuadamente y considera que no se trata de falta de recursos, sino de falta de una buena gestión interinstitucional y la búsqueda de mejores alternativas.
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Detonante
El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, explicó a este diario que la suspensión de desalojos por motivos sanitarios durante el inicio de la pandemia fue un detonante para que más precaristas tomaran tierras, ya que aprovecharon la situación para invadir nuevos espacios.
“Los primeros meses de la pandemia, efectivamente tuvimos reportes en algunos asentamientos informales que están en la capital, de que grupos de familias estaban interesados en invadir nuevas tierras o en ampliar las invasiones en aquellos precarios que ya están consolidados, en razón de esa directriz interministerial que establecía que por razones sanitarias se suspendían los desalojos que ya estaban programados.
“De hecho, enviamos una comunicación formal a los ministerios de Seguridad y Salud a través del Comité Municipal de Emergencias de San José en la que advertíamos de que esa directriz de suspensión de desalojos podía significar un detonante para que mucha gente se animara a continuar con el proceso de invasión de tierras. Dichosamente, hubo una ligera rectificación y el año pasado pudimos intervenir algunos lugares”, declaró Solano.
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El jefe policial fue enfático en que posponer los desalojos durante la emergencia sanitaria provocó que ahora se hayan juntado con las acciones necesarias en este momento, principalmente en algunas zonas forestales de gran tamaño alrededor de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Este problema, expresó Solano, solo se resuelve atendiendo con urgencia el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que existe en el país e interviniendo con celeridad los precarios existentes para que no se expandan.
Además, recordó que en estos sitios confluyen distintos perfiles de personas en condición de pobreza, como adultos mayores, madres jefas de hogar, niños, migrantes irregulares y ciudadanos con discapacidad. Sin embargo, rescató que muchos lugares están en manos de pocas personas que han tomado esto como un negocio, ya que construyen ranchos para alquilar dentro de los precarios y se aprovechan de la necesidad.
“En muchas intervenciones uno de los comunes denominadores cuando las familias están saliendo de los asentamientos es que alegan que esos ranchos no son de ellos, sino que se los estaban alquilando a un tercero. Entonces, también hay que dimensionar que parte de la expansión precaria en el país está en manos de individuos que se han aprovechado de la condición de necesidad y pobreza de miles de personas”, puntualizó.
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Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, indicó que la suspensión de desalojos ocurrió en el periodo más crítico del problema y que por eso a muchos precarios se llevaron protocolos sanitarios contra la covid-19.
“La institucionalidad no puede validar una actuación que esté fuera del marco de la ley, como la invasión de terrenos ajenos. Desde el sector social lo que hacemos es, como segunda línea de respuesta frente a una situación de desalojo, evaluar a las familias para ofrecerles la posibilidad de contar con un subsidio de emergencia para la atención del alquiler que, generalmente, es por un periodo de tres a seis meses”, agregó.
En su criterio, los planes urbanos integrales pueden ayudar a atender los precarios ubicados en terrenos del Estado y destacó que así lo ha hecho su cartera en zonas como La Carpio (San José) y Guararí (Heredia). “Es claro que es necesaria una mayor articulación entre gobiernos locales e instituciones públicas y también más recursos, que en este tiempo fiscal han sido escasos para mejorar las condiciones de vida”, dijo.
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En ese abordaje resulta clave la labor de los trabajadores sociales, por ser los que elaboran los censos para determinar las condiciones de los ocupantes de los asentamientos y proceder con los desalojos de una forma ordenada, manifestó Erick Solano, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
“Por eso existe la Comisión de Atención Integral de Desalojos, que coordina los procesos desde el Ministerio de la Presidencia, y el INVU trabaja de manera conjunta para realizar los procesos de desalojo dentro del marco de legalidad”, expresó.
Alza en alquileres agrava problemática
La llegada de más familias a precarios está estrechamente relacionada con el aumento en el costo de los alquileres, el cual se ha acelerado desde el año pasado y en especial en los últimos dos meses, según el índice de precios de alquiler de vivienda que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), como parte del índice de precios al consumidor.
Este indicador tenía un valor de 100 en diciembre del 2020 y a partir de ahí se miden las variaciones en el costo de alquilar. Desde entonces tardó ocho meses (de diciembre 2020 a agosto 2021) para llegar a 101, pero luego le tomó cuatro meses para llegar a 102 (diciembre 2021) y desde entonces, en tan solo dos meses, llegó a 103 (febrero 2022).
El cambio de 100 a 103 significa que por cada ¢100.000 que pagaba un hogar en diciembre del 2020 ahora paga ¢3.000 adicionales por el mismo alquiler, en promedio.
Para Melizandro Quirós, director del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), el incremento puede estar relacionado con que durante la pandemia muchos propietarios no hicieron aumentos, incluso hicieron rebajos, y ahora, con la recuperación de la economía, están realizando los ajustes.
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‘No todas son familias en pobreza’
No obstante, como advirtió Wagner Nájera, asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), no todas las personas que se encuentran en precarios son familias en pobreza que ya no pueden alquilar. Según afirmó, muchos de estos espacios también son tomados por delincuentes que buscan evadir a las autoridades.
“No todas son personas excluidas del desarrollo económico, también hay personas que han optado por estar dentro de los precarios para ocultarse de la Policía, pasar desapercibidos, obtener protección y para hacer negocios ilícitos. Eso siempre pasa, entonces cada vez que nosotros vamos a hacer un desalojo tenemos que analizar esas variables y así establecemos los niveles de peligrosidad para la operación”, explicó.
El vocero del MSP señaló que los desalojos no solo funcionan para liberar terrenos privados o del Estado tomados por precaristas, sino también para asegurar el orden público en las comunidades y que las demás personas que pagan sus servicios los obtengan sin ningún inconveniente, como lo dice la ley.
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“No es que la Policía va y hace desalojos a lo loco, eso es lo que menos hacemos. Generalmente, para ejecutar desalojos complejos tardamos mucho tiempo y más bien a veces hasta tenemos amparos de legalidad porque no hacemos las cosas tan rápidamente. ¿Y por qué? Porque estamos absolutamente comprometidos con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluso las que cometen el delito de usurpación.
“Lo que más necesitamos en este país es orden público y cuando nosotros atendemos situaciones como una invasión en proceso, tenemos que hacerlo inmediatamente y a veces recibimos ataques, entonces la Policía se defiende. Pero en los casos que hablamos de familias excluidas, la Policía siempre trabaja con ellas, les da tiempo, se les busca una salida, se les apoya con el IMAS, se reubican y el país continúa”, concluyó Najera.