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Aumento de personas en asentamientos informales por impacto de pandemia generó un repunte alarmante de órdenes de desalojo, aseguró ministra de Vivienda a ‘La Nación’.

Procuraduría considera innecesaria ley para proteger habitantes de zonas especiales pues ya está en vigencia una prórroga que impide desalojar a los habitantes de las zonas costeras, fronterizas y de patrimonio natural del Estado.

Autoridades reportan que dos de las 20 casas son las más afectadas. Son construcciones de dos plantas de unos 120 metros cuadrados cada una.

Alquilarles una casa por tres meses y gestionarles un bono de vivienda es la oferta que planteó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a las familias vecinas del puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, conocido como puente del Saprissa.

Las autoridades comenzaron este martes con el desalojo de 19 familias en Quebrada Honda de Mora, San José, debido al riesgo de un deslizamiento de tierra proveniente del Cerro San Juan de Quitirrisí.

Los diputados aprobaron anteanoche, en su primer debate, un proyecto de ley que suspende por dos años los desalojos y demoliciones en zonas protegidas, como las marítimo-terrestres y las fronterizas.

Los diputados votaron anoche, en su primer debate, un proyecto de ley que suspende por dos años los desalojos y demoliciones en zonas protegidas, como las marítimo-terrestres y las fronterizas.

El desalojo de la finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur, Osa, dio vueltas en diferentes instituciones por más de 14 años. En setiembre del año anterior, un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y los propietarios de las tierras fijó una fecha para el desahucio.

El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, aseguró que renunciaría a su cargo antes de ejecutar desalojos en la zona fronteriza.