Aracelly Fonseca lleva una década esperando el hogar que le prometieron en 2012. Ella es empacadora de sal y madre de tres jóvenes en Chomes de Puntarenas. Es una de las 96 beneficiarias del complejo Vistas del Golfo II, un proyecto de vivienda que tiene 10 años en desarrollo y sigue sin finalizar. La obra ha enfrentado tantas adversidades que su constructora, Fundación Costa Rica-Canadá, ha tenido que invertir ¢700 millones extra.
“Todos los años nos dicen lo mismo, que ya van a entregar las casas, pero nunca pasa. Incluso ya las han remodelado un montón de veces, pero al final vienen otras personas y las desmantelan, les quitan las pilas y se llevan los servicios sanitarios. Un día nos alegraron y nos dijeron que nos las iban a entregar para el Día de la Madre a unas 20 familias, pero nada. Luego, que para abril de este año, y tampoco”, relató la madre soltera.
Fonseca dice que ella ha mantenido el mismo perfil socioeconómico desde que le ofrecieron su casa y que ha logrado salir adelante con mucho esfuerzo, mas la espera ha sido complicada. Por ejemplo, menciona que cuando la incluyeron en el proyecto su hijo menor tenía tres años y que ahorita ya va a cumplir 13.
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“Siempre nos dicen que hay atrasos con permisos y nosotros seguimos esperando. Todos los años tenemos que estar actualizando documentos para seguir en el proyecto porque algunos se vencen y, entonces, uno tiene la esperanza de que sí nos van a dar las casitas, pero no”, dijo la mujer, quien habita en una vivienda prestada.
Juan José Umaña, gerente general de la Fundación Costa Rica-Canadá, dice que este proyecto ha tenido “una historia complicada”. La odisea comenzó en 2010, cuando la Fundación lo recibió como garantía luego de prestarle un crédito al desarrollador anterior, que dejó botado el proyecto cuando llevaba un 85% avance después de que los dos socios de la empresa “se pelearon”, según Umaña.
En ese momento, uno de los principales faltantes del complejo era la exoneración de la red de aguas residuales. “Duramos un año tramitándolo porque el desarrollador lo había dejado vencer y finalmente, cuando nos lo dieron, lo llevamos al Banhvi para hacer el trámite para las familias, pero el banco nos pidió una planta de tratamiento y pasamos varios años sin poder hacerla porque el río cercano se secó”, dijo el gerente.
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La Fundación señaló que esta solicitud del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ocurrió pese a que, inicialmente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) había indicado que no era necesario.
“El atraso con la construcción de esta planta tuvo que ver con que la reglamentación anterior señalaba que el tratamiento de aguas residuales debía tener un efluente, es decir, una vez que el agua es tratada debía depositarse en un cuerpo de agua y, en este caso, el río cercano sufrió en los últimos años una disminución de su caudal, siendo clasificado por las autoridades como un cauce no permanente.
“Se hizo la consulta ante el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) de desaguar las aguas ya tratadas en un manglar que está relativamente cerca del proyecto y, después de varios meses, se determinó que no era viable. Finalmente, el Gobierno realizó una modificación al reglamento para el manejo de aguas residuales que permitió depositar aguas tratadas en el subsuelo y como contamos con un terreno grande cerca del proyecto propiedad de la Fundación, se hizo la consulta si se podía utilizar el subsuelo del terreno y se aprobó”, explicó.
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Costa Rica-Canadá respondió a La Nación que fue hasta el pasado febrero de 2022 que recibió el permiso para construir la planta de tratamiento y estampó la firma en el contrato para por fin levantar la estructura. Aseguró que esa obra estará lista en los próximos cuatro meses y que implicó un gasto de ¢300 millones.
Sin embargo, hay otro asunto por resolver, ya que en setiembre anterior un grupo de precaristas invadió el proyecto de vivienda y dañó varias casas. Umaña dijo que la mayoría de las viviendas requieren ser reparadas y algunas incluso demolidas y reconstruidas. Dichos trabajos iniciaron la semana anterior, según dijo.
“Al estar tanto tiempo desocupadas se han ido deteriorando, y con la invasión de varias familias, las viviendas sufrieron muchos daños. Por esta razón, la Fundación invertirá otros ¢300 millones para repararlas. Una vez que estén reparadas las viviendas y la planta esté instalada se entregarán a los beneficiarios ya calificados.
“Esperamos iniciar en agosto con las entregas de las viviendas a estas familias, esperando que a final de año podamos tenerlas todas debidamente entregadas”, declaró el gerente de la Fundación.
Por su parte, el Banco Hipotecario de la Vivienda dijo a este diario que no podía manifestarse sobre el tema porque dicho proyecto no ha sido postulado en sus instancias para entregarle las casas a las familias.
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De acuerdo con información de la página web del Banhvi, el objetivo de Vistas del Golfo II es dar vivienda propia a familias de las comunidades de Costa de Pájaros, Morales y Chomes que viven en situación de extrema necesidad.
El proyecto consta de 143 terrenos y 47 de ellos ya fueron entregados a las familias junto con sus casas desde 2016, ya que se trata de lotes donde no existe el problema de aguas residuales. El bono promedio aprobado a cada familia en ese momento fue de ¢12,4 millones, para una inversión total de ¢584,5 millones.
La población beneficiada es de 34 familias a cargo de mujeres jefas de hogar y 10 residentes de precario. El sistema constructivo de las casas fue “prefabricado con baldosas de concreto”, con dos dormitorios, un aposento continuo de sala-comedor-cocina, pisos lujados, área de pilas y baño.
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No obstante, las restantes 96 han durado 10 años en concretarse y, con el paso del tiempo, los beneficiarios acumulan cada vez más incertidumbre, pero sin perder la esperanza de que algún día recibirán su hogar.
“La comunidad ha estado en espera muy pacientemente durante todos estos años y nosotros hemos tratado de estarles informando el avance del proyecto, pero uno siente que a veces ya no le creen, sin embargo esta vez se hará porque ya tenemos el permiso de la planta de tratamiento que era lo que faltaba”, dijo Umaña.
El gerente de la Fundación Costa Rica-Canadá confirmó que, hasta la fecha, este proyecto de vivienda ha implicado una inversión de ¢2.500 millones, desglosados en los ¢1.800 millones iniciales para la construcción y ¢700 millones extra por la planta de tratamiento, la constante reparación de las casas y la contratación de más oficiales de seguridad para evitar eventuales invasiones de precaristas.
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“Todo eso ha sido en detrimento del patrimonio de la Fundación y sin inversión pública. Nosotros no le cobramos cuotas a las familias y ellas lo único que van a tener que poner cuando se formalicen las viviendas probablemente sean los gastos legales que siempre se ponen cuando se accede a bonos de vivienda”, agregó.
