Novecientas familias de Cartago llevan esperando 15 años por el proyecto de vivienda Duarco-Cocorí, en el que han invertido cientos de miles de colones sin recibir nada a cambio.
El pasado 1.° de julio fueron a manifestarse a la finca donde supuestamente se van a edificar sus hogares, pero fueron sacados del lugar por un numeroso grupo de oficiales antimotines de la Fuerza Pública.
Los vecinos aceptaron retirarse porque les prometieron que en ocho meses se comenzará a construir las torres de tres pisos de apartamentos; sin embargo, su esperanza se empequeñece con el pasar de los días, al tiempo que crece la desconfianza en las instituciones que realizan la obra.
“Yo soy integrante de ese proyecto, tenemos 15 años esperando las casas. Yo le puedo contar a usted todo, pero no ponga mi nombre, porque hay un dirigente del proyecto que nos amenaza con sacarnos si nos quejamos o no seguimos las reglas y requisitos.
“Nosotros hemos pagado, cada familia, casi ¢400.000 entre planos, estudios de tierra y todo lo que se necesita para tener al día lo de los terrenos. Pero siempre que presentaban los documentos, los rechazaban o nos decían que nos faltaba algún papel. Siempre había excusas”, relató la posible beneficiaria.
“El año antepasado nos habían dicho que iban a empezar con el proyecto en 2020, pero como se vino la pandemia utilizaron eso para decir que no se podían hacer las cosas y que se habían atrasado, porque ya no hay plata para bonos. Hasta la fecha han muerto diez personas esperando por sus casas, ha sido demasiado tiempo”.
— Posible beneficiaria
Esta madre de tres hijos relató que recientemente les dijeron que el inicio de la construcción se atrasará aún más, por un conflicto legal entre el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), gestores del proyecto.
El debate se relaciona con una interpretación del artículo 73 bis de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), que provocó una pausa total en el avance de este y otros 16 proyectos de vivienda.
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“El año antepasado nos habían dicho que iban a empezar con el proyecto en 2020, pero como se vino la pandemia utilizaron eso para decir que no se podían hacer las cosas y que se habían atrasado, porque ya no hay plata para bonos.
“Hasta la fecha han muerto diez personas esperando por sus casas, ha sido demasiado tiempo”, dijo la mujer a La Nación.
Según esta vecina de Cartago, los jerarcas del INVU y el Banhvi les aseguraron que, supuestamente, dentro de ocho meses van a comenzar con las obras, pero ella cree que eso no va a suceder, ya que varias veces les han dicho lo mismo.
De hecho, afirmó que han considerado ir a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial, porque ya no saben a dónde más acudir y están desesperados.
“Muchas familias no nos apoyan cuando hacemos nuestras quejas porque les da miedo que las saquen del proyecto”, enfatizó.
Añadió, que ella ha tenido que pagar ¢150.000 mensuales por el alquiler de una casa y que no ha sido fácil desembolsar ese monto, pues su salario no es muy cuantioso y es el único ingreso que tiene para mantener a sus tres hijos.
Además, comentó que cada mes debe pagar una cuota de ¢4.000 al dirigente del proyecto y que así ha sido durante los últimos 15 años, es decir, que a lo largo de ese tiempo habría invertido ¢720.000.
“Eso también lo cansa a uno porque es estar pagando por nada y casi que obligado. No vemos resultados de ese dinero y solo pasamos manteniendo a los dirigentes del proyecto.
“A mí sinceramente nadie me ayuda y con la poca plata que gano tengo que comprar todo para sobrevivir. A mí hasta me duele la cabeza cuando me dicen que ese proyecto se va a atrasar aún más”, aseveró.
‘Quedamos en cero’
Por su parte, Roberto Romero, el presidente de la Asociación de Vivienda del proyecto Duarco-Cocorí, afirmó que es falso que se saque a los beneficiaros por quejarse de atrasos en las obras o por no pagar los requisitos.
“Las cuotas no son para estar en el proyecto, sino que nosotros tenemos oficinas y gastos, entonces es para poder mantener eso y poder atender a los beneficiarios. Sin embargo, a la gente no se le exige, sino que a medida de sus posibilidades nos ayuden para salir adelante.
“Nosotros podemos, como Asociación, excluir a las personas. Y sí, la podemos sacar, pero la persona puede seguir haciendo el trámite del proyecto individualmente. Lo que pasa es que nunca es igual hacer eso solos que de forma colectiva”, dijo.
El cartaginés explicó que él se encarga de coordinar todo entre las familias y las instituciones, pero que el proceso ha sido muy complicado y que ahora la espera se alargó aún más por algo que él aún no entiende.
“El INVU ha construido como entidad autorizada en sus terrenos desde hace 30 años y el Banhvi siempre había estado financiando los proyectos de esa manera. Pero ahora, casualmente cuando el proyecto está a punto de que se le otorgue la plata, la Junta Directiva del banco se percata de la situación y reclama.
“Se suponía que este proyecto ya iba a comenzar este año, pero ahora vienen y nos ponen esa traba de ese tamaño y ni siquiera la Procuraduría se ha pronunciado, nadie se pronuncia y nosotros estamos en medio del vaivén. Y no solo nosotros, otros proyectos también”, reclamó.
Romero manifestó que ha intentado buscar soluciones, pero que las entidades no quieren cooperar.
“Yo propuse que en lugar de buscar otra entidad autorizada, entre el Banhvi y el INVU crearan, entre los dos departamentos legales, una comisión fiscalizadora, porque eso es lo que se busca, alguien que fiscalice que los dinero se van a invertir bien en el proyecto. Pero no me respondieron nada, quedamos en cero”, explicó.
Según él, este proyecto se ha atrasado durante 15 años por la falta de voluntad de política, ya que nadie quiere ayudar a que los tramites se concreten.
“Yo incluso he pedido que me atiendan diputados para elevar esto a la Asamblea Legislativa, porque ya ha sido demasiado, pero nombre, los señores legisladores nada que ver, no les interesa”, concluyó.
Colaboró la corresponsal Keyna Calderón