El País

200.000 personas reciben ayuda estatal pese a no calificar como ‘pobres’

Solo el año pasado obtuvieron ¢154.000 millones, el 26% del fondo de pobreza. IMAS lo atribuye, entre otros, a que un día entran y otro salen de la línea de pobreza

Casi 200.000 personas que no califican como “pobres o vulnerables” recibieron ayudas del Estado en 2021 por ¢154.000 millones, monto que representa un 26,5% de los fondos invertidos ese año (¢581.500 millones) para combatir la pobreza.

En contraposición, medio millón de ciudadanos en pobreza no lograron recibir alguno de los 42 programas que ofrecen subsidios, según los datos aportados a La Nación por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En el 2021, según el INEC, la pobreza afectaba al 23% de la población, es decir, 1,3 millones de los 5,1 millones de habitantes. Se trata de habitantes que no tienen la capacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo.

La principal herramienta informática para detectar a los que no califican como “pobres o vulnerables” es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), adscrito al IMAS y que reúne la información socioeconómica del 86% de la población nacional.

El sistema fue creado en 2013 e inició funciones tres años después, con la finalidad de crear parámetros transparentes y comunes para el otorgamiento de los beneficios y servicios de los programas sociales, bajo el propósito de dirigirlos a quienes más los necesitan; 78 instituciones son usuarias y responsables de nutrir la base de datos (empero, no todas lo hacen).

Aunque con el paso de los años ha logrado mejorar la focalización de los recursos, aumentando en 13 puntos porcentuales la cantidad de beneficiarios pobres y vulnerables que atiende desde 2016 (del 69% al 82%), la realidad es que todavía presenta situaciones que impiden que la totalidad de ayudas queden en las manos adecuadas.

Juan Luis Bermúdez, jerarca del IMAS, explicó a este diario que existen cuatro escenarios en los que puede ocurrir que se asignen recursos a personas que están por encima de la línea de pobreza (LP). Se considera pobre a una persona que tiene ingresos mensuales menores a ¢114.670 en la zona urbana y ¢88.300 en la rural. Sobre esos montos, estadísticamente, no califica como pobre o vulnerable pues se estima que sí puede satisfacer las necesidades básicas.

El primer escenario, dice Bermúdez, es que existen leyes que facilitan el acceso a algunos beneficios para población que no necesariamente califica como pobre, como el caso de la Ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV), de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil o del programa de becas Avancemos.

“Actualmente el reglamento del Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) establece que la población que se encuentre en condición de pobreza o pobreza extrema es la beneficiaria del Fodesaf, salvo cuando una ley específica autorice explícitamente la selección de beneficiarios con un criterio diferente”, señaló Bermúdez.

El segundo escenario que explicaría por qué a 200.000 personas no pobres se les dio ayuda, agregó el jerarca, es porque el Sinirube funciona con un modelo de “simplificación de la realidad”, por lo que puede tener un sesgo de inclusión. Es decir, que el sistema incorpora a un porcentaje de población que quizás no cumple con los parámetros, pero por la información que hay en los registros administrativos, si se le puede considerar como pobre.

El tercer escenario es cuando sucede un cambio en la condición socioeconómica del beneficiario. “Por ejemplo, podría ser que un adulto mayor está hoy en pobreza y entonces se le otorga una pensión del régimen no contributivo (RNC), pero esa pensión va a llevar a esa persona por encima de la línea de pobreza. El hecho de que exista ahí un cambio en la condición socioeconómica no quiere decir que vamos a ir a revocarle el beneficio a ese adulto mayor”, afirmó el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

El cuarto escenario es el de los ciudadanos que presentan documentos falsos para acceder a alguna ayuda social. En los últimos cuatro años se han detectado 112 casos, la mayoría de las regiones Huetar Norte, Puntarenas y el suroeste del país, según clasificación del IMAS.

Sin embargo, Bermúdez sostiene que esta es la minoría y que cuando se identifican, se procede a cobrarles el dinero. “Si una institución identifica que una persona usó documentos falsos, actuó de mala fe o mintió sobre sus ingresos, debe actuar realizando una investigación, haciendo el debido proceso y revocando y procediendo al cobro”, aseguró.

Para Natalia Morales, investigadora en el campo social del Programa Estado de la Nación, ciertamente si son programas dirigidos a la población más pobre no deberían de darse filtraciones de no pobres, pero también considera que hay razones que podrían explicarlas, como programas del IMAS para épocas de emergencias o ayudas a personas con discapacidad que no necesariamente están en pobreza.

“Además hay que tomar en cuenta que la pobreza es un fenómeno dinámico que depende mucho de si la persona tiene trabajo o no, ingreso estable o no; entonces a veces una persona, en el momento en que recibió la ayuda puede haber sido calificada como pobre y meses después pudo haber salido de la condición”, expresó.

Sin embargo, es enfática en que, dado que los recursos para financiar programas sociales son limitados y que la demanda por ayudas es mayor, lo esperable es que la gran mayoría de beneficiarios esté en condiciones de pobreza y, sobre todo, de pobreza extrema.

Beneficiarios totales vs. focalizados

FUENTE: IMAS.    || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Inversión total vs. focalizada

FUENTE: IMAS.    || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Con el paso de los años ha aumentado la cantidad de recursos que se invierten en el Sinirube para volverlo más efectivo. En el último quinquenio se cuadruplicó el gasto en esta herramienta, pasando de ¢155 millones en 2016 a ¢669 millones para el cierre del año anterior.

Según los responsables del sistema, esa inversión ha permitido que la focalización de montos para personas en pobreza haya aumentado nueve puntos porcentuales desde que se comenzó a implementar el registro, al tiempo que subió la cantidad de recursos para estas ayudas sociales.

Se pasó de invertir ¢414.000 millones, de los cuales ¢267.000 millones (65%) iban para personas pobres, a un total de ¢581.000 millones, de los que ¢427.000 (74%) se dirigieron a los más necesitados.

En todos los años esa última cifra ha ido en aumento, a excepción del 2020, cuando por el Bono Proteger se depositaron dineros a trabajadores afectados por la pandemia y no exclusivamente a ciudadanos en pobreza o pobreza extrema. Se trató de un total de 1,8 millones de beneficiarios, la cantidad más alta de la historia.

Incluso, debido a esta situación, se presentó el porcentaje más bajo de focalización (67%) desde que se comenzó a utilizar el sistema. Por lo tanto, se depositaron más de ¢284.000 millones a personas que sí tenían capacidad adquisitiva de satisfacer sus necesidades básicas “alimentarias y no alimentarias” (definición de línea de pobreza).

Morales, por su parte, advirtió que el Sinirube necesita más músculo financiero y humano para que con su información se puedan hacer estudios de impacto de esos programas y rendición de cuentas.

“Dar seguimiento, para ver si la situación ha ido cambiando y ojalá ver si esos programas realmente generan oportunidades y si esas personas logran salir de la pobreza”, dijo.

Además, llegar a personas que tal vez están en una situación precaria y ni siquiera saben que existen las ayudas.

Juan Luis Bermúdez argumenta que si una persona no pobre recibe alguna ayuda estatal, no quiere decir que ese beneficio fue mal otorgado, ni tampoco que perder el servicio de un programa social significa que el ciudadano ya no es pobre. Señala que estos aspectos se deben tomar en cuenta para no llamar “filtraciones” o “colados” a esos depósitos que se salen del margen del requisito.

Por el contrario, un informe del Estado de la Nación de 2019 señaló que sí representa un problema porque cada año ¢55.000 millones terminan en manos de personas que no están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad: ¢30.000 para beneficiarios del IMAS y ¢25.000 para los del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Cuando este medio le preguntó al Instituto cuánto de ese dinero ha aumentado y cuánto se ha recuperado, respondió que “el análisis de filtraciones requiere que se haga un estudio específico para cada tipo de programa y beneficio institucional, pues la condición socioeconómica no es el único criterio necesario para brindar un beneficio de esta naturaleza, sino que se mantienen diversos criterios complementarios”.

El IMAS reconoce que aún hay retos para mejorar Sinirube, por lo cual considera determinante que se realice una reforma a su ley de creación (9137) para que sea obligatorio usar el sistema para la valoración de los postulantes en los diferentes programas del Estado, en especial los que están enfocados a pobreza.

De hecho, la Contraloría General de la República cuestionó en junio pasado el hecho de que, de las 78 instituciones usuarias del sistema, el 95% “no están cumpliendo la obligación de remitir información que alimente el sistema”.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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