Personas recluidas en cárceles, menores de edad o hasta fallecidas; gente que no necesitaba la ayuda o que ya recibía otros subsidios del Estado.
Todos eran individuos que no calificaban como beneficiarios del bono Proteger, creado por el Estado como un mecanismo para asistir a los más afectados por el impacto económico en el primer año de la pandemia.
Sin embargo, personas con esas características habrían recibido ¢10.238 millones, según lo admitió el Gobierno en el Informe de resultados del procedimiento de verificación ex-post de personas beneficiarias del bono Proteger y detección de potenciales riesgos en el período comprendido entre abril y diciembre 2020, entregado a la Contraloría General de la República, el 26 de agosto.
En el documento se les denomina pagos con “riesgo detectado”.
Son 113.558 erogaciones giradas a 54.105 personas que no cumplían los requisitos para recibir el subsidio o que obtuvieron un monto superior al que les correspondía según su afectación laboral. El bono era de ¢62.000 o de ¢125.000.
Para determinar esos movimientos de dinero erróneos, se generaron parámetros a partir de requisitos o criterios de exclusión asociados al programa del bono Proteger.
Se concluyó que un 3,14% de los beneficiarios presentaban riesgo de haber recibido un monto superior al que le correspondía, mientras que otro 3,9% fue catalogado como filtración.
Al final, se repartieron alrededor de ¢257.000 millones en 2,1 millones de pagos a un total 724.330 beneficiarios. El dinero provino de nueve presupuestos que se aprobaron en un lapso de nueve meses.
Desde un principio, se advirtió que si una persona consignaba información falsa en declaraciones juradas con tal de obtener el bono, el caso sería remitido a la Fiscalía para iniciar un proceso penal.
El artículo 318 del Código Penal establece penas de entre tres meses y dos años de prisión por este delito.
Trabajo e IMAS
La responsabilidad de la entrega de estos dineros estaba en los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“A lo largo de los últimos meses hemos estado realizando un cumplimiento estricto de las disposiciones de la Contraloría sobre el bono y por eso es que hemos presentado en la fecha indicada este informe”, señaló el presidente del IMAS y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Silvia Lara, aseguró que cada uno de los casos se investigará y que las personas pueden presentar pruebas para esclarecer su situación al momento de solicitar el bono.
En el mismo sentido se pronunció el jerarca de la CNE.
“CNE solicitará a las instituciones la lista de beneficiarios, a quienes se les giró el bono Proteger con fondos de la CNE y que incumplieron con los requisitos, con el fin de dar inicio con los procesos legales que permitan la recuperación del dinero”, afirmó el presidente ejecutivo de la entidad, Alexander Solís.
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Anomalías
El informe entregado a la Contraloría categorizó las presuntas anomalías detectadas y precisó el número de personas a las que se les habría ayudado en esa condición anómala.
Son las siguientes:
- 302 personas que aparecían como fallecidas al momento del integro, equivalentes a 470 pagos por un total de ¢58.687.500.
- 2 personas con menos de 15 años, equivalentes a 2 pagos por un total de ¢250.000.
- 2.925 personas que se identificaron como trabajadores independientes/temporales, pero que no tenían afectación laboral, equivalentes a 7.356 pagos por un total de ¢919.500.000.
- 22.766 personas que recibieron un monto superior al que le correspondía, equivalentes a 55.260 pagos por un total de ¢3.453.750.000.
- 10.753 personas que aparecían sin afectación laboral, equivalentes a 25.199 pagos por un total de ¢2.660.125.000.
- 12.054 personas beneficiarias de otras ayudas sociales del Estado, equivalentes a 19.655 pagos por un total de ¢2.446.875.000.
- 4.616 personas que recibieron más de tres partidas del bono Proteger, equivalentes a 4.634 pagos por un total de ¢579.250.000.
- 143 personas que aparecían con una pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, equivalentes a 245 pagos por un total de ¢30.500.000.
- 466 personas que aparecían con una pensión del Régimen No Contributivo, equivalentes a 546 pagos por un total de ¢68.250.000.
- 24 personas pensionadas por alguno de los regímenes de la Dirección Nacional de Pensiones, equivalentes a 64 pagos por un total de ¢6.000.000.
- 54 personas que recibieron el bono mientras se encontraban privadas de libertad, equivalentes a 127 pagos por un total de ¢15.687.500.
Faltan datos
Por el momento, el Gobierno desconoce cuántos funcionarios públicos obtuvieron el subsidio, ya que los datos sobre este riesgo se encuentran “en proceso de verificación” en cada una de las instituciones detectadas.
No obstante, la Contraloría había señalado que al menos 670 empleados de entidades del Estado habrían recibido el beneficio.
A la lista también se deben agregar 15 beneficiarios que recibieron cinco pagos y una persona que recibió hasta siete pagos, según indica el informe.
También se detectó el caso de tres personas fallecidas antes de la fecha de solicitud del bono, por lo que los casos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y se encuentran bajo investigación
Además, hubo ciudadanos en los que incluso se identificó más de un riesgo.
“Es importante reiterar que, al haber aplicado los criterios de detección de riesgos a la totalidad de la población, una persona puede haber sido identificada con más de un riesgo en el período de estudio.
“Se identificaron 47.889 personas que tienen un solo riesgo, mientras que 1.430 tienen dos riesgos detectados y dos personas tienen tres riesgos”, detalla el documento.
En cuanto a la distribución geográfica de los pagos con riesgos, la mayor parte se ubicó en la provincia de San José, seguida de Alajuela y Puntarenas.
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Lenta recuperación
El Gobierno dio hasta un año y medio para que las personas reintegren los dineros que no les correspondía.
Todos los casos identificados “con riesgo posterior a verificación ex-post” serán remitidos por parte de la Dirección Nacional de Empleo al pagador correspondiente, para que cada institución pueda determinar fehacientemente la realidad de cada uno de los casos y resguardar el principio de defensa de los beneficiarios.
Según la división, el Ministerio de Trabajo deberá aplicar el procedimiento a un 75% de las personas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a un 15%, y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a un 10%.
“Es de suma importancia considerar a la hora de entender los resultados de este proceso de verificación que, un 35,59% de las personas identificadas con riesgo se encuentran a la fecha en condición de pobreza o pobreza extrema, y un 3,14% adicional en condición de vulnerabilidad, según Sinirube.
“Finalmente, esta fase final del ciclo de vida del Programa Bono Proteger será también completado con la evaluación que el MTSS y el IMAS han solicitado mediante oficio al Área de Evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica″, concluye el informe.
El Ejecutivo dará plazos de entre seis y 18 meses para recuperar los bonos Proteger que entregó por error y elaboró el siguiente sistema de arreglo de pagos según la cantidad de dinero depositada:
- Seis meses para sumas iguales o menores a ¢125.000.
- 12 meses para montos de ¢125.000 y hasta ¢250.000.
- 18 meses para montos de ¢250.000 o más.
El Ministerio de Trabajo confirmó que, hasta la fecha, solo 257 personas han hecho devoluciones, por un monto total de ¢32,6 millones.
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