El 9 de abril, el Gobierno anunció el bono Proteger, un subsidio de entre ¢62.500 y ¢125.000 por mes para trabajadores que sufrieron suspensión de contrato laboral, reducción de jornada o despido por la crisis derivada de la pandemia por covid-19.
También esa ayuda, según lo prometido por el Gobierno, llegará a trabajadores informales que han visto afectados sus ingresos por la emergencia. El plan inicial es entregar el bono por tres meses.
Ese día, al momento de dar a conocer la medida, la página web habilitada para llenar los formularios de solicitud colapsó: 1,7 millones de personas intentaron ingresar para pedir la asistencia y el sistema no soportó el tráfico.
Hasta este lunes, 292.500 personas habían completado el formulario para obtener el subsidio.
Pese a la demanda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte, afirma que la cantidad de visitas no son un reflejo del tamaño de la crisis y que la dimensión real se conocerá en las próximas semanas.
Sostiene que con los recursos disponibles (¢21.000 millones) más el presupuesto que enviaron a la Asamblea Legislativa para su aprobación, llegarán a ¢296.000 millones con los que pretenden asistir a 789.300 personas.
¿Alcanzará la cobija para que nadie sienta frío por esta coyuntura? Asegura que “por ahora sí”. Esta es parte de la conversación.
― ¿En qué momento determinan que deben crear un sistema de ayudas para trabajadores afectados por esta crisis?
― Lo que ha sucedido en otras partes del planeta ya nos ha generado alertas no solo en cómo las medidas sanitarias impactan la economía, sino cómo impactan el mercado laboral. Ya sabemos que todos los países han aplicado medidas de distanciamiento social y eso se ha traducido en la imposibilidad de mantener una actividad económica de las dimensiones a las que estábamos acostumbrados.
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"Cuando se avecinaron medidas como la restricción migratoria sabíamos que eso, definitivamente, iba a tener un impacto muy fuerte en algunas actividades económicas, recordemos que cuando se tomaron esas decisiones ya el país estaba hablando de la necesidad de generar mecanismos de reducción de jornadas y de suspensión de contratos. Cuando una actividad corta sus ingresos sabemos que eso se reflejará en la incapacidad de una empresa para asumir sus obligaciones de todo tipo. Para ese momento ya conocíamos las advertencias de la Organización Internacional del Trabajo sobre despidos masivos en todo el mundo.
“Todos esos elementos hicieron que nosotros fuéramos trabajando en varios mecanismos: el manual para suspensión de contratos, la ley para la reducción de jornadas, hacer números para identificar el nivel de afectación en el mercado de trabajo y pensamos en una alternativa virtual que nos permitiera darle apoyo económico y contención a las personas”.
― ¿Les tomó un mes diseñar la oferta del bono Proteger?
― De tres a cuatro semanas. Hay que poner varias cosas en perspectiva: necesitábamos diseñar una plataforma digital para procesar las solicitudes, teníamos que revisar la habilitación de recursos y hacer esfuerzos institucionales para presentar el presupuesto extraordinario y contar con más fondos.
― ¿Esperaban una avalancha de visitas como la que tuvieron?
― La plataforma fue diseñada para tener la capacidad de recibir 28.000 formularios en simultáneo, esa es una cantidad importante y el sistema informático también tenía la previsión de soportar visitas de entre 300.000 y 400.000 personas ¿Qué pasó? La visitación de las primeras horas fue de 1,7 millones de personas, eso es casi todo el número de ocupados en el sector productivo privado.
― ¿Sobrepasó lo que ustedes esperaban?
― Por supuesto, era esperable que la demanda fuera mucho más alta, no 1,7 millones de personas porque eso significaría que si esa fuera la cantidad de afectados reales, quiere decir que todo el sector privado estaría con una situación laboral alterada y sabemos que eso no es así.
― ¿El hecho de que 1,7 millones trataran de pedir ayuda en las primeras horas permite entender el tamaño de esta crisis?
― No, no. Para nada. Insisto, si hubiera una relación entre el número de visitas de las primeras horas y la afectación del empleo, estaríamos diciendo que el 100% de los trabajadores del sector privado fue afectado por esta crisis.
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― ¿Qué evidencia tienen ustedes para decir que el 100% no está afectado de alguna forma?
― El sector privado mantiene una importante cantidad de puestos de trabajo, sabemos que muchas personas mantienen su empleo, es una información notoria, muchas empresas siguen operando, aplican teletrabajo o por el tipo de industria no han tenido una afectación directa.
― ¿Hay encuestas? ¿Sondeos? ¿Qué datos tienen?
― Cualquier reducción de jornada o suspensión de contrato tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos la prueba de cuáles son las empresas que están aplicando esas medidas, en esto no estamos actuando a ciegas.
― A este momento no tienen datos sobre la cantidad de despidos y el empleo informal perjudicado por esta emergencia...
― De los despidos efectivamente no tenemos la información, pero es parte de la que pronto se va a reflejar en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), eso nos permitirá hacer cruces.
― ¿Qué porcentaje de los 1,7 millones de trabajadores del sector privado será afectado?
― Es parte de lo que tenemos que determinar cuando tengamos información sobre los despidos.
― ¿Cuántas personas han solicitado a través de la página web ayuda del Gobierno?
― 292.509 personas
― ¿Dos miembros de una misma familia pueden solicitar el bono?
― La legislación contempla que ese beneficio es por persona. Entonces, en lo que respecta al mundo del empleo formal estamos hablando de un beneficio por cada persona afectada. Evidentemente, también apelamos a la solidaridad de las personas, es decir, si hay varias personas de un mismo núcleo familiar y todas piden el subsidio, pues tienen que pensar que podría haber otras familias que no tengan acceso.
“Incluso, en algún momento, tendríamos que valorar si hay varios miembros de una familia pidiendo el subsidio y los recursos son escasos, hay que tomar decisiones de priorización y establecer algún tipo de lista de espera para balancear y llegar a más hogares”.
― ¿Cómo van a verificar la información aportada por los trabajadores informales si al llenar el formulario no se les pide ningún documento que haga constatar su situación?
― Es una preocupación que tenemos, pero apelamos a la comprensión y solidaridad de las personas. Si tenemos que tomar medidas a priori mucho más rigurosas, eso provocará que a la gente le llegue mucho más tarde el bono Proteger, porque tendríamos que empezar a hacer validaciones, verificaciones, visitas y eso haría que les llegue la ayuda cuando ya no hay nada qué hacer.
"Entendemos lo lamentable que eso puede ser si dilatamos el procedimiento. Pero, por otro lado, estamos pidiendo la declaración jurada, que es un componente muy importante, hay responsabilidades administrativas y penales si una persona utiliza el formulario para aportar información falsa, eso es importante que la gente lo sepa, porque nosotros sí haremos verificaciones posteriormente.
“Las verificaciones podrían resultar en que a las personas que mintieron no se les haga otra transferencia o, por ejemplo, que tengan que devolver la plata o elevarlo a otras instancias si identificamos que se mintió con el propósito de acceder a fondos públicos”.
― ¿Cuántas personas podrían ayudar con los primeros ¢21.000 millones disponibles?
― Estaríamos hablando de las primeras 56.000 personas, esos los recursos disponibles en este momento (...) estamos hablando de beneficiarios directos.
― ¿Cuánto es el presupuesto total previsto para bonos Proteger?
― Lo que pretendemos en esta etapa es tener acceso a ¢296.000 millones, eso nos permitiría llegar a 789.300 beneficiarios para tres meses.
― ¿Han calculado si habrá demanda insatisfecha o alcanzará para todos los solicitantes que cumplan con los requisitos?
― Hemos corrido varios escenarios sobre los niveles potenciales de afectación, en el momento que estamos podríamos hablar de un nivel medio. Estamos tomando, por supuesto, previsiones porque buena parte de los trabajadores informales podría acceder al bono Proteger y parte de lo que tenemos que hacer es revisar la demanda que se va presentando para identificar si hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, si hay que pedirle más colaboración a la Asamblea Legisltativa o si hay que extender el beneficio más allá de los tres meses. Eso dependerá de los efectos de esto (covid-19) sobre el mercado laboral.
― Entonces, ¿el presupuesto que tienen es suficiente?
― En este momento sí, absolutamente. Pero, eso no quita la responsabilidad que tenemos de estar vigilantes para identificar si en algún momento se va a necesitar más.
― ¿Han identificado posibles fuentes de financiamiento en caso de necesitar más dinero?
― El Consejo Económico es el que tiene la responsabilidad de hacer ese balance de necesidades, ellos han hecho esfuerzos no solo para tener una visión de los efectos de esta crisis en términos fiscales, sino también en necesidad de recursos a futuro.
― ¿Han conversado sobre de dónde saldría la plata?
― Lo prudente es seguir avanzando con respecto a una previsión, que es que, si todo sale bien con los presupuestos que se están planteando. podemos atender las necesidades urgentes.
“¿Por qué es aventurado hacer proyecciones antes de tiempo? Porque tenemos una disponibilidad (de fondos) que en las circunstancias en las que estamos son las requeridas y conforme pasen los días tendremos mayor claridad de hasta dónde vamos a llegar”.
― ¿Si se aprueba el proyecto de ley para no pagar las anualidades en el sector público ese ahorro se usaría para dar más bonos Proteger?
― Es parte de las necesidades (el bono Proteger), pero recordemos que hay otras necesidades a raíz de esta situación, eso genera un impacto en instituciones que atienden población vulnerable, también hay esfuerzos por conseguir estabilidad en el tema fiscal.
― ¿Cuáles serían los criterios de priorización para seleccionar los beneficiarios?
― Lo primero es que esto está dirigido a personas que tengan ingresos menores a ¢750.000, estamos hablando solo de personas afectadas laboralmente por el covid-19 y eso ya nos establece un marco de priorización importante, eso no quiere decir que si una persona gana más de ¢750.000 y se encuentra en una situación apremiante, pues, se verá en detalle esos casos.
“Otro aspecto importante para definir prioridades son las personas a las que se les aplicó suspensión de contrato, que de un día a otro se quedaron sin ingresos del todo, ni una porción de su salario o jornada.
“También hay otras variables, como el número de personas dependientes económicamente, si son hogares con jefaturas femeninas, familias con miembros con personas con discapacidad o adultos mayores, todo eso se tomará en cuenta”.
― ¿Cuándo comunicarán a las primeras personas si fueron aceptadas y entregarán el dinero?
― Durante esta semana y estamos esperando también empezar los depósitos a finales de esta semana.