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Gobierno pediría a Fiscalía investigar a quienes dieron datos falsos para obtener bono Proteger

Beneficiarios que obtuvieron asistencia económica estatal de forma deshonesta podrían exponerse a penas de prisión de entre tres meses y dos años, por cometer el delito de perjurio

Si se llega a confirmar que una pesona consignó información falsa en declaraciones juradas con tal de obtener el bono Proteger, el caso sería remitido a la Fiscalía con la solicitud de que se inicie un proceso penal en su contra.

De acuerdo con Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las instituciones se encuentran revisando el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señaló la supuesta entrega indebida de ayudas a 66.300 personas para determinar si, efectivamente, hubo filtraciones en el programa social.

De ser así, la decisión del Gobierno es procurar que el Ministerio Público abra una causa judicial contra esos individuos que de manera deshonesta accedieron al subsidio estatal por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Estamos con la información que, desgraciadamente, nos facilitó de forma tardía el equipo de la Contraloría. Estamos haciendo los análisis para informar a la población cuáles son nuestros propios hallazgos.

“En caso de que algo se determine, será porque el supuesto que está detrás es que la población proveyó información falsa y podría estar incurriendo en una causal de perjurio.

“Tenemos que analizarlo, porque había principalmente un documento habilitante, que establece dónde está la responsabilidad en caso de dar información errónea, que es la declaración jurada que la persona llenó.

“Si así fuese, nosotros mismos estaríamos remitiendo los casos que se comprueben, previo debido proceso, a la misma Fiscalía. Le corresponderá a la Fiscalía, sean muchos o pocos casos, realizar la investigación judicial que corresponde”, afirmó Bermúdez.

El artículo 318 del Código Penal establece penas de entre tres meses y dos años de prisión a quien falte a la verdad en declaraciones juradas.

Facilitar esa información, justamente, era uno de los requisitos primordiales para solicitar la ayuda económica.

Los datos aportados por los postulantes sobre la situación socioeconómica de sus familias debían contrastarse, posteriormente, con la información disponible en las bases del Estado, para determinar si la persona cumplía con los requisitos establecidos para recibir el bono.

Cuando el Gobierno lanzó la plataforma Proteger, para entregar un subsidio a las personas que quedaron desempleadas, con contratos suspendidos o con ingresos reducidos producto de la pandemia, se advirtió de las consecuencias penales en caso de proporcionar información falsa.

Además, según la información divulgada en conferencia de prensa, los trabajadores públicos, pensionados, privados de libertad, beneficiarios actuales de otros programas sociales y personas sin ningún tipo de afectación, no podían solicitar la transferencia estatal.

“Estamos pidiendo la declaración jurada, que es un componente muy importante. Hay responsabilidades administrativas y penales si una persona utiliza el formulario para aportar información falsa. Eso es importante que la gente lo sepa, porque nosotros sí haremos verificaciones posteriormente”, afirmó la entonces jerarca de Trabajo, Geannina Dinarte, actual ministra de la Presidencia.

Las alertas

Para mayo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) detectó posibles irregularidades en información suministrada por 2.300 beneficiarios de Proteger, entre ellos personas que no cumplían los requisitos para solicitar el subsidio.

Luego de un informe de auditoría, elaborado por la Contraloría General de la República, se encontró que el Estado pudo haber entregado ¢7.500 millones a personas que no calificaban para obtener el bono o que no lo necesitaban.

De acuerdo con la auditoría, la ayuda económica habría llegado a 66.300 beneficiarios que no cumplían las condiciones requeridas.

Ese informe provocó que el Ministerio Público abriera una investigación por el posible delito de incumplimiento de deberes, hasta ahora sin personas imputadas.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa también comenzó indagaciones con el llamado a comparecencia de los jerarcas Geannina Dinarte y Juan Luis Bermúdez.

Trabajo e IMAS objetaron los resultados de la auditoría al considerar que hubo errores en los procedimientos de revisión.

Bermúdez se manifestó sorprendido porque el Ministerio Público abrió la investigación cuando el informe está en proceso de apelación.

No obstante, dijo ser respetuoso del procedimiento, al tiempo que informó de que desde hace una semana remitió todos los informes a la Fiscalía.

“Creemos que después de las depuraciones que haremos, podremos confirmarle al país que los recursos, tal y como estaba previsto, fueron entregados en su gran mayoría a personas que realmente lo necesitaban.

“Le voy a poner este caso para que entendamos las aseveraciones tan graves que hizo la Contraloría: Una persona con jornada reducida en abril y que se le entrega el bono en junio, si se compara el salario de esa persona no van a encontrar una diferencia porque el salario se les redujo en el mes de abril y el bono se le está dando en junio. Eso con información de salarios que no tenía disponible la plataforma Proteger, pero que la Contraloría sí usa para la revisión.

“O por ejemplo, mucha gente pudo haber estado con una afectación laboral y su patrono pudo tener dos condiciones: que no reportara oportunamente el cambio de planilla o rezagos en la información que se reporta a la Caja”, afirmó Bermúdez.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.