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La Contraloría General de la República (CGR) encontró que 66.300 beneficiarios de bono Proteger “podrían contar con algún impedimento” por el cual no debió asignárseles el subsidio económico por la pandemia de coronavirus o no cumplían con los requisitos mínimos.
Se trata del16,4% de quienes recibieron la ayuda económica, de ¢62.500 o ¢125.000 mensuales por tres meses.
El Estado habría desembolsado cerca de ¢7.500 millones por esas posibles asignaciones erróneas. Dicho monto representa un 4,6% de los recursos girados por el Gobierno al 31 de julio.
Luego de revisar información disponible en otras instituciones públicas, una auditoría del órgano contralor encontró que 64.690 beneficiarios no habían registrado ninguna afectación salarial en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que otros 1.058 habrían tenido asignada otra ayuda estatal.
Esos fueron los posibles impedimentos más frecuentes. No obstante, también se encontró que 670 personas habrían tenido ingresos del Estado constante, es decir, son posibles trabajadores públicos.
El bono Proteger también habría llegado a 233 pensionados, 61 privados de libertad, así como a las cuentas de 45 personas que habían muerto al momento de la asignación.
Una misma persona pudo haber tenido más de un impedimento a la vez, según detalla la Contraloría.
“Se determinó que de los 405.193 bonos otorgados y validados entre abril y julio, un 16,36% cuenta con riesgo de haberse otorgado a beneficiarios con alguna de las condiciones de impedimento para recibirlo de acuerdo con la información de las bases de datos consultadas.
“Mensualmente, estas potenciales filtraciones fueron de 15,39% en abril, 15,06% en mayo, 17,18% en junio y 17,14% en julio, del total de bonos.
“De acuerdo a los parámetros establecidos, esto es un porcentaje alto de filtraciones para un programa social basado en una plataforma tecnológica para hacer validaciones”, menciona el informe.
La revisión también encontró que siete miembros de un mismo hogar recibieron el beneficio estatal. Asimismo, se determinó que un total de 17 hogares contaban con seis familiares con la cobertura.
La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, objetó los resultados del informe y defendió la rapidez con la que se desarrolló la plataforma para atender a las personas afectadas por la pandemia.
“Discrepamos de algunos aspectos planteados en el informe por las conclusiones a las que llega, que no son necesariamente precisas con relación a la información que hemos entregado a la Contraloría.
“El trabajo que se ha hecho alrededor de Proteger ha sido incansable. No solo hemos llegado a más de 700.000 personas, sino que también hemos logrado la bancarización de cerca de 200.000 personas que antes del bono no tenían la opción de acceder a una cuenta bancaria.
“Logramos en un tiempo récord poner a disposición de las personas afectadas laboralmente, de una plataforma que no solo les permitió a muchos de ellas acceder al beneficio, según la disponibilidad financiera, sino que también permitió que no tuvieran que moverse a ningún lugar en medio de la pandemia”, afirmó Dinarte.
El órgano contralor achacó la responsabilidad del alto grado de filtraciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y demás autoridades a cargo del programa.
“Las filtraciones en el bono Proteger obedecen a varias causas, entre ellas, las débiles revisiones previas y posteriores de las bases de datos para las validaciones de las exclusiones e inclusiones al beneficio, pues la Contraloría General de la República, usando las mismas fuentes de información, pudo constatar que personas sin afectación laboral, privadas de libertad, fallecidas, con otro beneficio por parte del Estado superior a ¢50.000, entre otras, recibieron el bono”, señala el informe.
La jerarca de Trabajo planteó un recurso de revocatoria del informe ante la Contraloría, para que ese órgano haga una revisión de la auditoría y deje sin efecto los resultados, en caso de constatarse el supuesto error en la método de estudio señalado por Dinarte.
“Hay conclusiones del tipo ‘podrían haberse girado pagos de más’, ‘podrían haberse ejecutado mal los recursos’, ‘podrían haberse asignado de forma incorrecta’. Sin embargo, llegar a una conclusión de ese tipo cuando estamos apenas en los procesos de investigación es realmente adelantar una conclusión que va en perjuicio del proceso de asignación”, criticó la ministra de Trabajo.
La auditoría también aplicó entrevistas telefónicas a los trabajadores independientes e informales beneficiados por Proteger, para determinar la veracidad de la información que colocaron en la plataforma al solicitar el subsidio.
En ese caso, señala el estudio, se determinó que entre el 10,3% y el 20,7% de las personas evidenciaron “niveles de riesgo medio o alto de haber suministrado información inconsistente, errónea o falsa”.
La Contraloría estimó que se entregaron entre ¢3.759 millones y ¢7.556 millones a trabajadores informales e independientes bajo esta condición.
A diferencia de los trabajadores asalariados formales, cuyos ingresos pueden constatarse en Sicere, no se tiene un mecanismo directo para revisar si los ingresos de esos independientes e informales realmente se vieron impactados por la pandemia.
Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría instruyó al Gobierno para que implemente mecanismos para la recuperación de montos otorgados de más, según corresponda, así como contemplar a los solicitantes de bono Proteger dentro de los programas de inserción laboral y capacitación técnica.
