Trabajadores públicos, pensionados, privados de libertad y beneficiarios de otros programas sociales figuran entre las 2.300 personas que se encuentran bajo investigación por aparentes irregularidades en la solicitud del bono Proteger.
De acuerdo con la ministra de Trabajo, Giannina Dinarte, se trataría de individuos que entregaron información falsa bajo fe de juramento, para recibir un bono de ¢125.000 o ¢62.500 mensuales por un trimestre.
Entre los investigados también habría beneficiarios que necesitaban el bono cuando lo pidieron, pero que luego mejoraron su situación económica y no lo reportaron a la plataforma.
Es decir, son personas que encontraron un puesto de trabajo o se les levantaron las medidas de suspensión de contratos o jornadas reducidas.
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A raíz de la investigación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) habilitó cuentas bancarias para que las personas devuelvan el dinero de forma voluntaria, de lo contrario se exponen a procesos administrativos y judiciales.
“Este proceso nos ayudará a determinar en qué casos podría proceder la suspensión del segundo pago y la recuperación del primer pago. Si responde a un cambio en la condición de la persona, entonces no habría que recuperar los dineros del primer bono, sino nada más no acreditar el segundo pago”, afirmó Dinarte.
Trabajo logró detectar las inconsistencias antes de realizar el segundo depósito. Si las personas lograran comprobar que sí necesitan el bono, cumplen los requisitos y demuestran que simplemente fue una falsa alerta del sistema, podrán recibir el subsidio con normalidad.
El Ministerio ya notificó a cada uno de los investigados, quienes tendrán cinco días hábiles para entregar las pruebas.
En el caso de posibles trabajadores públicos involucrados, se notificaría a la institución en la que trabaja para que les retenga el dinero de su salario.
“Si efectivamente encontramos funcionarios públicos, eventualmente tendríamos que valorar desde la perspectiva de los resultados de la investigación, cuál es la recomendación del Órgano Director, que probablemente pasaría por una alerta a la institución para hacer el cobro e identificar otro tipo de responsabilidades”, afirmó Dinarte.
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El gobierno habría destinado cerca de ¢287 millones para entregar las ayudas a los posibles beneficiarios irregulares.
Filtraciones
Sobre la eficiencia del sistema para asignar las ayudas, la titular de Trabajo aseguró que se aplicaron todos los filtros a los 414.000 bonos aprobados y que solo se encontraron problemas en 2.322 beneficiarios.
“A solo un mes y una semana de lanzar la plataforma de un sistema que prácticamente no existía, en realidad estamos teniendo una tasa de inconsistencias (0,5%) que es bastante baja. Todavía no podemos hablar de anomalías”, aseveró.
Sobre el posible error en la entrega de estos 2.322 bonos, Dinarte sostuvo que se debe a la información falsa aportada por los solicitantes o a que los beneficiarios no reportaron el cambio en su situación económica, aunque también afirmó que se investigan otras posibilidades.
La jerarca explicó que todas las solicitudes se cruzan con cinco bases de datos: Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Hacienda, Migración y Extranjería, el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) y el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Sin embargo, reconoció que se parte de que la información aportada por los solicitantes es cierta, pues para eso el proceso contempló la declaración jurada.
“Si nosotros tenemos que ir uno por uno, persona por persona, a revisar documentos físicos en una institución o a hacer visitas de campo, en un momento cuando la necesidad es tan grande, definitivamente no podríamos atender la cantidad de solicitudes. Eso significa que necesitamos una información cierta, esa información se coteja contra los sistemas y nos dicen si tienen validez”, sentenció Dinarte.
En este caso, según dijo, se hizo el ejercicio en el sistema y se detectaron las fallas mencionadas.
