Solo en el cantón Central se registraron hasta el 27 de abril, un total de 23 asesinatos, más de la mitad de los 42 crímenes que tienen a Puntarenas como la segunda provincia con más homicidios este año, solo precedida por Limón.

Esta grave situación implicó que, desde marzo, unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública tomaran las calles de los distritos más conflictivos: Chacarita, Barranca y El Roble.

El sentir de algunos vecinos de estas zonas deja ver que el aumento en la venta y consumo de drogas son el principal aliciente para asaltos, tiroteos, robos y asesinatos.

Sin embargo, el caldo de cultivo también lo nutren el desempleo y la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el Pacífico central el 13,6% de la población en edad de trabajar no tiene empleo y el 35% de los hogares son pobres.

Dos pescadores, un chofer de bus, un comerciante, un constructor y un cruzrojistas de la zona aseguraron a La Nación que la delincuencia aumentó en los tres distritos citados y que es hasta ahora, con más policías, que se percibe un alivio.

Precisamente, en los primeros 40 días de intervención (al 28 de abril) bajó la oleada de homicidios, pues en ese lapso solo se registraron tres crímenes.

Añoran tiempos idos

El miedo a la inseguridad y la delincuencia pasan la factura en Puntarenas.

Viviendas que antes eran apetecidas por estar a solo 15 minutos del Paseo de los Turistas y desde las que incluso se puede salir en lancha y bote hacia el centro de la ciudad porteña, ahora duran años con el rótulo “Se Vende”, sin que nadie se interese en ellas.

A estas barriadas no entra el turismo, pues todas están juntas en un bloque que se encuentra justo antes de tomar la lengüeta de tierra que lleva hacia el centro de Puntarenas.

Algunos negocios y tiendas, así como sedes de universidades privadas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y sucursales de algunos bancos, se entremezclan con calles pavimentadas en el centro, pero de lastre en algunas periferias.

Muchas de ellas carecen de aceras y colindan con algunos de los 14 precarios que hay en esos poblados, uno de ellos al costado sur del aeropuerto de Chacarita.

Empresas como Fertilizantes de Centroamérica (Fertica) e Industrias de Oleaginosas Americanas S. A. (Inolasa), con décadas de estar en Barranca, así como la planta de atún Sardimar en El Roble, siguen ahí y generan empleo, pero los lugareños dicen que se necesitan más industrias similares.

En esa zona, el estero tiene estribaciones enormes, una de ellas llega hasta Fertica. Dos puentes peatonales les permiten a los vecinos y a los delincuentes pasar con rapidez de un lado a otro entre Santa Eduvigis y la ciudadela Veinte de Noviembre.

Perdida entre esas barriadas está la pulpería María Fernanda, un local pequeño, a la orilla de la calle, que atiende don Andrés Corrales Sánchez, de 78 años. Esa construcción, cerrada con verjas por todo lado, también es su casa.

Sin levantarse de la silla en la que está sentado, a un par de metros de la ventanilla, Corrales nos dice que tiene 40 años de vivir en esa zona. Alega que Fray Casiano siempre ha sido conflictiva, pero admite que la inseguridad aumentó en los últimos años.

Esa misma mañana, del 23 de abril pasado, Alex Segura Jiménez reparaba un trasmallo en la acera de su casa, en la entrada a Bellavista, en Barranca.

Este pescador, de 48 años, vive ahí desde que se fundó la urbanización. Es padre de cuatro estudiantes y, al igual que muchos vecinos, está preocupado por los conflictos que a veces terminan en enfrentamientos armados.

Su hija mayor quiere estudiar criminología, pero dice Segura que sus ingresos no le dan para financiarle esa carrera.

Este hombre le pide al Gobierno que lleve a esos barrios cursos que permitan levantar emprendimientos. Afirmó que él aprendió a reparar redes de pesca en una capacitación, y que eso le ha ayudado mucho.

Segura acostumbra ir a pescar a bajo Negros y otros puntos cercanos del golfo de Nicoya, donde captura corvinas, macarela y jureles, entre otros.

“Desde que que las autoridades sacaron la flota camaronera, se nota una recuperación de las especies y una mejoría en la pesca artesanal”, acotó.

Dice que la escasez de trabajo y el impacto de la pandemia han golpeado mucho a esa provincia, que tiene en el turismo uno de sus principales motores.

Al preguntarle por los principales problemas de inseguridad, prefirió no mencionarlos, por temor a represalias.

Hay reconocidas bandas

Consciente de todo este panorama, el director regional de la Fuerza Pública, Pablo Bertozzi, asegura que el problema de homicidios en Puntarenas está focalizado en ciertos sectores, donde actualmente mantienen una agresiva incursión preventiva.

Dicho esfuerzo pretende revertir las terribles cifras de los últimos tres años, donde casi un centenar de personas (92), en su mayoría jóvenes, han perdido la vida en el cantón Central de la provincia porteña, que pasó de contabilizar ocho homicidios en el 2015, a 43 en el 2020.

El jefe policial afirma que la gente que está metida en hechos de violencia está plenamente identificada, aunque acepta con sorpresa que los líderes de algunas de esas bandas aún se mueven con toda libertad por los barrios.

Aunque prefiere no identificarlos, los describe como grupos criminales integrados por jóvenes y adultos, que tienen años de estar asentados allí.

“Esto es muy lamentable porque genera impunidad. La población sabe quiénes son, pero callan porque sienten temor y porque miden el grado de impunidad que hay detrás. Eso lleva a la pérdida de credibilidad del ciudadano en las instituciones”, acotó Bertozzi.

Además, lamenta la proliferación de bares y cantinas, muchas de ellas clandestinas, que empeoran el ambiente en estas comunidades empobrecidas.

“¿Cual es la finalidad perversa de toda esta historia?, pues lejos de llevar desarrollo y oportunidades de empleo y cultura, lo único que llevamos son cantinas. Me parece inaudita la inercia de la municipalidad en el control para que no operen ese montón de bares”, reclamó.

En ese sentido, el alcalde de Puntarenas, Wilber Madriz Arguedas, reconoce que muchos minisúperes abren y al poco tiempo piden patentes para venta de licor.

Alegó que cada vez que reciben denuncias sobre cantinas clandestinas se dirigen al punto, las cierran y decomisan el licor.

“Proliferan como zancudos en invierno. Se cierra una y un vecino abre otra. Lo que hacen es vender licor sin patente, de forma ilegal, en casas”, afirmó el alcalde.

Para Bertozzi, la lucha contra todos estos flagelos implica involucrar a la gente “trabajadora, humilde y preocupada por la paz social” que hay en El Roble, Chacarita y Barranca, y articular acciones para tratar de retomar esa tranquilidad que añoran.

Por lo pronto, agrega, ya comenzaron reuniones interinstitucionales con líderes de los barrios para impulsar conceptos de seguridad comercial y seguridad comunitaria.

De igual forma, se busca recuperar parques, plazas y zonas de recreo que fueron tomados por delincuentes, consumidores de droga y habitantes de la calle.

“Hay un trasfondo social que se origina en la inacción del Estado durante muchos años. Eso ha generado pobreza en la zona, lo cual dispara la violencia, el tráfico y consumo de droga, la lucha por territorios y los sicariatos”, afirmó.

Bertozzi dijo estar consciente de que detrás de cada asesinato en Puntarenas hay pleitos de pandillas que se disputan terrenos para la venta de drogas.

De igual forma, exaltó el refuerzo policial recibido desde marzo. Lo calificó como excelente, y espera que permanezcan ahí mucho más tiempo.