Beatriz apenas completó la primaria y la empresa en la que trabajaba quebró y cerró. Con su baja escolaridad le resulta difícil conseguir otro empleo y el dueño de la casa donde vivía la dejó quedarse un par de meses sin pagar la renta, pero luego le pidió desalojar.
Esta es la historia que enfrentó hace un año una joven madre de 29 años, cuando era vecina de Pavas, San José. Sin empleo y sin casa para sus tres hijos menores de 12 años, buscó auxilio en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero no obtuvo ninguna respuesta.
Mientras historias como la de Beatriz se repiten día a día en las comunidades del país, ¢55.000 millones anuales destinados a atender casos como el suyo, terminan en manos de personas que no están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
En el trienio 2016 - 2018, las ayudas del sistema social a los “colados” alcanzan, precisamente, ¢55.000 millones por año, según estimaciones realizadas por el programa Estado de la Nación, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
De ese monto, ¢30.000 millones se van para “colados” del IMAS y ¢25.000 millones para los del régimen no contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social, precisó Juan Diego Trejos, investigador del Estado de la Nación.
El Estado de la Nación considera que un 18,4% de todos los que reciben ayuda no la necesitan, porque sus ingresos son mayores. No son pobres. Se trata de 34.000 hogares. De ellos, 1.050 hogares tienen ingresos superiores al ¢1 millón mensuales y aún así, obtienen beneficios del Estado.
De todos los programas que ayudan a los más pobres, los que tienen más “colados” son los del IMAS (alimentos, vivienda y educación) y el régimen no contributivo de la CCSS.
Le siguen el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) o los servicios de los Cen-Cinai. En estos casos las ayudas no solo dependen de la situación económica de la persona, sino también de otros factores como el peso y talla de los niños menores de 7 años, que acuden a los centros de cuido públicos.
Las personas o familias que reciben beneficios del Estado sin pertenecer a la población al que está dirigido el programa se les define como “colados”; estadísticamente a este porcentaje también se le llama “filtraciones”.
Mientras tanto, 270.000 hogares en condición de pobreza no son atendidos por el IMAS.
De acuerdo con Trejos, el IMAS utiliza una ficha para recoger la información de las familias, que incluye vivienda, ocupación, educación, aseguramiento, patrimonio e ingreso económico.
Con esta información estiman su índice de pobreza multidimensional específico y su información se incorpora en una base de datos conocida como Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO).
“No obstante, el ingreso lo miden de una forma muy gruesa y con pocas fuentes de ingreso. Existe un alto incentivo para que los informantes indiquen montos menores, pues ello aumenta la posibilidad de acceder a los beneficios. Por ello no es extraño que casi todos clasifiquen como pobres por ingresos”.
Para tratar de depurar aún más esta base de datos, en el 2013 el Estado apostó por un nuevo Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), adscrito al IMAS y que reúne la información socioeconómica del 80% de la población costarricense.
Aquí se precisan los beneficios que recibe cada persona o si está en la lista de espera de alguna entidad de ayuda social.
Sin embargo, no hay garantía de que el Sinirube se ponga en práctica en todas las sedes de las entidades que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.
Vieja alerta
El problema de las “filtraciones” en los programas sociales no es nuevo. Salió a la luz pública en el 2015 cuando el Estado de la Nación publicó las alarmantes cifras de personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social.
Solo en el caso de las pensiones del RNC, con el monto que se destina a “filtraciones” se podría atender a una tercera parte de la población que sí necesita esa ayuda, pero no lo recibe. En otras palabras, con los ¢25.000 millones que van a los “colados”, se ayudaría a 15.000 pobres o en riesgo de serlo.
Cuando el Estado de la Nación divulgó las cifras de las “filtraciones” en las ayudas, el entonces ministro de Desarrollo Humano y hoy presidente de la República, Carlos Alvarado, tomó acciones para corregir la situación.
Alvarado giró una directriz que priorizaba la ayuda, exclusivamente, a las personas en pobreza y pobreza extrema. Esto permitió bajar el porcentaje de filtraciones en 7,3 puntos porcentuales, de 29,6% a 22,3% entre el 2014 y el 2015.
Sin embargo, para los años siguientes, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.
Juan Luis Bermúdez, actual ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y director del IMAS, explicó que la condición de las familias es “dinámica” y dependiendo del punto en que se haga la medición, se capta como “filtración” un beneficio que fue otorgado en un momento en que el hogar estaba en una situación de vulnerabilidad o pobreza.
“Aunque esto no quiere decir que las filtraciones no existan”, aclaró.
Progreso hecho de promesas
Beatriz –quien pidió solo ser identificada por su nombre de pila– logró, después de múltiples esfuerzos, asentarse en una de las alamedas de La Aurora, Alajuelita.
Ahí vive con sus hijos de 12 y 8 años, y una niña de 3. En una mañana nublada, su hijo aplanchaba su uniforme escolar, pues tendría clases en la tarde. Al mismo tiempo, su hija menor comía arroz y frijoles con tomate, sentada sobre un cojín grueso en la silla que le permitía llegar al nivel de la mesa.
Esta madre, de 29 años, se sentó también en el pequeño comedor. Su tono de voz fue cambiando a la vez que tres diferentes emociones la invadían mientras empezaba a recordar los últimos cuatro años. Resignación. Enojo. Tristeza. Resignación de nuevo.
Beatriz es candidata para alguno de los programas con los que cuenta el IMAS. De hecho, esa misma entidad lo concluyó así cuando la hizo beneficiaria de “Puente al Desarrollo”. No obstante, luego quedó fuera por “negligencia”, según dice, de los funcionarios del Instituto.
Hoy es una “excluida”, a pesar de reunir todas las condiciones para estar dentro de los programas.
Marianella, Alina y Raquel también son “excluidas”, aunque con situaciones diferentes, pero con algo en común: han sido ignoradas por instituciones de ayuda social. Ninguna se atreve a dar su apellido por temor a represalias.
Marianella es madre de Santiago, de 6 años, que padece del Trastorno de Espectro Autista (TEA), en nivel 3, el nivel más severo. Esto quiere decir que requiere de cuido y vigilancia las 24 horas del día.
Molesta, también por ser ignorada, Alina lleva seis meses tratando de ser atendida en el IMAS porque perdió su trabajo y es jefa de un hogar donde hay cuatro niños.
La realidad de Raquel se distancia un poco de las demás. Su casa es de zinc y piso de tierra. Ahí vive con tres de sus hijos y con su esposo, quien trabaja esporádicamente como peón de construcción. “Hay veces que lo que almorzamos es solo un plátano”.
Raquel ya tuvo una visita de una trabajadora social a finales de abril y su solicitud está en trámite, ya que su familia forma parte de las 9.000 que hasta junio se encontraban en lista de espera en el IMAS. De esta totalidad, el 50% ya tiene algún otro beneficio tramitado.
En el caso de los trámites en la CCSS, son 1.116 pensiones del RNC las pendientes de aprobación a marzo del 2019. Con la implementación de Sinirube, situaciones de pobreza extrema y vulnerabilidad serían atendidas con prioridad, por encima de las listas de espera de diferentes instituciones.
El filtro de la transparencia aún espera
Para corregir estos errores, Carlos Alvarado apostó al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Esta entidad, adscrita al IMAS, reúne la información socioeconómica del 80% de la población costarricense en una base de datos.
Además, identifica cuáles beneficios del Estado recibe cada persona o si está en la lista de espera de alguna entidad de ayuda social.
Sinirube es un aliado directo para bajar los porcentajes de los “colados”. Por ejemplo, cuando se trasladaron las becas del Fonabe al IMAS, este año, se identificaron 5.000 personas que recibían auxilios tanto del Fonabe como del programa Avancemos, del IMAS.
El problema es que aunque más de 24 entidades tienen acceso a este sistema, no hay garantía de que realmente lo utilicen en cada una de sus sedes en el país.
Sinirube fue creado como un sistema clave para reducir el índice de pobreza. Su aplicación es obligatoria, pues está respaldada en la Ley 9137, aprobada en el 2013. El actual gobierno es el tercero que cuenta con esta entidad para reducir el índice de pobreza.
El principal propósito del Sinirube es bajar los porcentajes de “exclusiones”. En otras palabras, atender a una mayor cantidad de personas en estado de pobreza y vulnerabilidad que necesitan el beneficio social, afirma Amparo Pacheco, exviceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional y exdirectora del Fodesaf.
No obstante, debilidades en la aprobación de directrices y políticas, la definición de estrategias e irregularidades en la periodicidad de sesiones de las entidades involucradas han afectado su correcto desarrollo, advirtió un informe de la Contraloría General de la República del 2017.
El hecho de que al Sinirube le tomara tres años coger ritmo en la recolección y procesamiento de datos obedece a que se debían poner en marcha varios procesos, justificó el ministro Juan Luis Bermúdez.
Entre ellos, citó el cruzar diferentes variables con el mismo significado. Por ejemplo, unir los datos de pobreza medidos por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y por el método de Línea de Pobreza.
Asimismo, se tuvo que hacer convenios con cada una de las instituciones del sector social. Eso, a pesar de que la colaboración de la mayoría de estas está determinada por ley.
Por ahora, solo el IMAS y el programa de pensiones del RNC utilizan el Sinirube al 100%. Esto significa que tienen acceso al sistema, lo consultan y actualizan la información de las personas que se acercan a ventanillas a realizar algún trámite.
“De aquí al 2022, queremos incorporar 90 entidades, incluyendo gobiernos locales, y reducir ese porcentaje de filtraciones para que cada vez sea menor, pero eso no significa que va a ser cero”, reiteró el ministro.
Pero, ¿cómo se garantiza que los funcionarios de las distintas instituciones del sector social efectivamente utilicen el Sinirube?
Para imponer su uso, indica Bermúdez, se necesita una mejora en la normativa para que dé una mayor obligatoriedad al sector social para usar la herramienta. Esto, a pesar que el reglamento de la Ley 9137 entró en vigencia en el 2016.
Sin embargo, justamente en un cambio normativo interno se encuentra el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), una de las instituciones que tiene convenio con el Sinirube.
“Posterior a ese cambio viene el desarrollo informático, pues se debe generar una interfase entre los sistemas que tenemos y el Sinirube, para que sea lo más automatizado posible. Este sistema nos viene a simplificar los trámites porque ya no tendremos que hacer estudios económicos”, señaló Clara Guido, encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil del INA.
La situación socioeconómica de los hogares registrados en el Sinirube solo se actualiza cuando alguien se presenta a realizar algún tipo de trámite o consulta en ventanilla. Otra manera sería cuando el beneficio cumple el plazo establecido, periodo que varía según el programa. En ese momento, se define si la persona seguirá requiriendo o no del auxilio.
“Ya no se vale decir que no sabemos dónde están las personas en situación de pobreza y que como no vinieron, entonces no se les atiende. Ya con el Sinirube esas excusas no son válidas”, declaró Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Actualmente, ¢556.000 millones en beneficios pueden ser “rastreados” en el Sinirube.
* La autora realizó el artículo como parte del programa Punto y Aparte.