La tragedia en barrio Cuba, donde 40 familias perdieron sus techos en un incendio que devoró 2.400 metros cuadrados de precarias edificaciones y las sencillas pertenencias de sus moradores, podría repetirse por lo menos en 462 asentamientos identificados por el Cuerpo de Bomberos en todo el país.
Los caseríos incorporados a la lista, amén de la pobreza, comparten condiciones idóneas para el inicio y propagación de un incendio. También presentan graves obstáculos a la intervención de los bomberos. En esos caseríos, ninguna autoridad impone respeto a un ancho mínimo de las vías ni prevé fuentes de agua suficientes para apagar un incendio.
El factor de riesgo más preocupante son las instalaciones eléctricas ilícitas o en mal estado, tanto así que, en el caso de barrio Cuba, una vecina percibió el olor de cables quemados y lo ignoró por tratarse de un hecho habitual en el sitio. Siguió su camino hasta una casa cercana y poco después vio la suya en llamas.
Una vez iniciado el siniestro, su propagación está garantizada por el hacinamiento. Las apretadas filas de casas construidas con materiales muy combustibles son víctimas fáciles de las llamas. En barrio Cuba, las 40 viviendas desaparecidas prácticamente compartían paredes unas con otras y quedaron condenadas a incendiarse cuando comenzó el fuego, a causa de un cortocircuito.
Por último, las laderas donde suelen construirse los precarios, la inestabilidad de los terrenos, la estrechez de los caminos de acceso y la falta de presión del agua dificultan apagar el incendio y rescatar a las víctimas. Esas condiciones también crean riesgos adicionales para los bomberos.
La suma de factores se confabula para producir tristes resultados en comunidades como la de barrio Cuba. En todos esos elementos de riesgo, hay responsabilidad del Estado, generalmente por omisión. Si el gobierno no puede impedir el surgimiento de caseríos precarios ni solucionar las necesidades de vivienda con la rapidez deseable, cuando menos debería intentar la adopción de condiciones mínimas de seguridad, como los accesos necesarios para los cuerpos de socorro.
Las conexiones ilícitas de electricidad, y también de agua, están a vista y paciencia de todos. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene un programa para “legalizar” el suministro a comunidades como Quebrada del Fierro, en La Unión de Cartago, donde 94 familias instalaron medidores, cajas de breakers y mejoras del cableado para aumentar su seguridad. La empresa aportó la mayor parte del financiamiento (¢17 millones), pero la comunidad pagó una cantidad apreciable (¢11 millones). Ahora, los vecinos desarrollan estrategias para ahorrar electricidad y la Compañía obtiene ingresos donde antes solo había fugas. Sobre todo, la inversión mejoró la seguridad, no de una casa, sino del barrio completo.
Si la CNFL tuvo éxito en este caso, para lo cual los vecinos hasta hicieron rifas con el fin de financiar su aporte a la formalización del servicio eléctrico, lo mismo es esperable de una intervención oportuna para preservar el acceso a un caserío en desarrollo, mantener alguna distancia entre las edificaciones o evitar su construcción en laderas o terrenos falseados.
No son tareas fáciles. Los precarios surgen siempre en condiciones difíciles y sus habitantes desconfían de las autoridades, pero hay mucho en juego como para no intentarlo, especialmente, si existen ejemplos de éxito. Una intervención temprana aumentará las posibilidades de garantizar condiciones mínimas de seguridad desde el inicio.
