El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Casa Presidencial se niegan a facilitar el expediente de la contratación de $300.000 adjudicada a la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas.
De acuerdo con la exministra de Comunicación, la periodista Patricia Navarro Molina, Bulgarelli, quien no es funcionario de Gobierno, participó en la elaboración de los términos de referencia de este concurso junto con Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves Robles.
Se trata de una “consultoría estratégica” para dar servicios de comunicación a la Presidencia de la República. Según la exministra, Bulgarelli, relató haber trabajado toda una “noche” junto con Cruz –quien tampoco figura como funcionario del Poder Ejecutivo– en el diseño del concurso y, luego, lo ganó.
El BCIE y el Gobierno ocultan tanto el contrato como los detalles del concurso, lo que impide conocer cuáles otras compañías participaron en el proceso y si se seleccionó a la mejor opción.
Tampoco se tiene acceso a los estudios técnicos que mediaron para contratar a la firma de Bulgarelli, llamada Nocaut (RMC La Productora S. A.), por encima del resto de oferentes de los servicios de “producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión”.
Pese a gestiones que hizo este diario para solicitar esa información y, a pesar de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, dijo que la contratación se hizo bajo “un esquema licitatorio abierto, transparente y competitivo”, del ligamen contractual solo se conocen las generalidades.
En el sitio web del banco solo aparecen los términos de referencia de la contratación, el acuerdo de cooperación y las respectivas autorizaciones para financiar esa “consultoría estratégica” con $1 millón que esa entidad ofrece, para uso discrecional, a cada nuevo gobierno de los países socios fundadores del banco (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica).
Una comparación de los términos de referencia que según la exministra ayudó a hacer Bulgarelli, y el concurso sacado por el BCIE, demuestra que son casi idénticos los requisitos que debían cumplir las empresas para ganar el contrato y los productos que debían elaborar.
Mecanismo impide conocer ofertas
El mandatario Rodrigo Chaves optó porque el BCIE fuera quien realizara esa contratación, mediante una licitación pública internacional. Este mecanismo impide, por ejemplo, conocer las ofertas que presentaron otras empresas interesadas en el proceso.
Así quedó consignado en el documento con los términos de referencia de cuando esa consultoría salió a concurso el 25 de agosto del 2022.
El actual gobierno se inclinó por esa vía, a pesar de que podía incluir los recursos en el Presupuesto Nacional y, posteriormente, realizar una contratación por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). En Sicop, la información de todos los oferentes y demás estudios técnicos se convierten en información pública, lo cual hace transparente el proceso.
Además, habría existido la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Otros gobiernos, como los de Laura Chinchilla (2010-2014) y Carlos Alvarado (2018-2022), manejaron el $1 millón por medio de esa opción, en sintonía con varios pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, la cual ha dicho que las donaciones deben ingresar al erario público para transparentar su uso.
Por el contrario, la administración de Óscar Arias (2006-2010) se inclinó porque el BCIE manejara esos recursos y tuvo que enfrentar cuestionamientos políticos y judiciales. Luis Guillermo Solís (2014-2018) se inclinó por una vía similar, pero a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
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Gestiones infructuosas en Zapote
Desde el 3 de agosto, La Nación envió un correo electrónico a la Casa Presidencial solicitando una copia del contrato que Christian Bulgarelli o alguna de sus empresas tenía con Casa Presidencial. Eso debido a que la ministra de Educación, Anna Katharine Müller, lo describió como “asesor de comunicación del presidente” Rodrigo Chaves en una carta enviada a diputados del Frente Amplio, el 13 de julio.
El jueves 17 de agosto, 14 días después, Presidencia omitió entregar el contrato. Solo alegó: “El señor Christian Bulgarelli Rojas no es asesor interno o externo de Casa Presidencial. El señor Bulgarelli es contratista del BCIE”.
Ante esa respuesta, el lunes 21 de agosto, una periodista de este diario envió nuevas consultas. En esa ocasión, se insistió en adjuntar el contrato e indicar, entre otros aspectos, el monto de la contratación, la fecha del contrato, los servicios contratados y el plazo de la contratación.
Dos días después, el miércoles 23 de agosto, en una entrevista exclusiva con La Nación, la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, reveló que Bulgarelli y Federico Cruz participaron en el diseño de los términos de referencia de la consultoría.
Navarro también precisó que Bulgarelli prometió al presidente que contrataría a Federico Cruz en su agencia.
Horas después de esa publicación, el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, difundió un video en el cual adujo que la contratación de esa empresa se hizo bajo un esquema transparente y competitivo a cargo del banco regional.
“El BCIE selecciona a esta empresa después de evaluar el cumplimiento por parámetros técnicos, financieros y de probidad requeridos mediante un concurso público internacional”, dijo Rodríguez en el audiovisual de un minuto con 48 segundos.
De inmediato, ante la falta de respuesta a la consulta enviada dos días antes, y ante las nuevas declaraciones del jerarca de Comunicación, este diario volvió a solicitar una copia del contrato firmado y del expediente de esa contratación. A la fecha de esta publicación, no hubo respuesta ni confirmación de haberse tramitado la consulta.
Ese mismo día, el presidente Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa, aseguró que la información de ese contrato no debía pedírsele a Casa Presidencial, sino directamente banco, gestión que también se hizo sin éxito a la fecha de esta publicación.
Así le respondió el mandatario al periodista Alessandro Solís, del portal de noticias AmeliaRueda.com, quien lo cuestionó sobre el tema:
“Nos están queriendo embarrar, oigan costarricenses, los procesos de compra de un banco internacional que ni siquiera está basado en Costa Rica, ya entendí cuál era el tema.
“¿Sobre el proceso de contratación por qué no va a preguntárselo a quien lo hizo, don Alessandro?”. Se dice algo fuera de micrófonos que no escucha y de inmediato Chaves agrega: “Ah bueno, entonces espérese a la respuesta de la persona indicada. No me pregunte a mí cómo va a gastar (su dinero) el fin de semana don Jorge Rodríguez Vives, eso es parte de ser buen periodista, el informante adecuado. Yo sé que usted lo sabe, por eso me extraña”.
Hasta dos meses de espera
La Nación solicitó al BCIE el contrato desde el 21 de agosto y dos días después, el 23 de agosto, en horas de la mañana, amplió la consulta solicitando copia del expediente de contratación. Un día después, el 24 de agosto, el banco emitió una respuesta sin adjuntar los documentos solicitados.
Solo consignó que en la licitación pública 032/2022 resultó ganadora la empresa RMC La Productora S. A. después de cumplir con los parámetros técnicos, financieros y de probidad estipulados en el concurso público y que se debía llenar un formulario en línea para acceder a los documentos.
Inmediatamente, este diario envió la consulta mediante el citado formulario. Minutos después, se obtuvo una respuesta de recibido, con la salvedad de que el banco “dispone de dos meses para responder”, aunque ese plazo podría mayor si la entidad considera que no es suficiente.