Los magistrados ordenaron al Ejecutivo entregar toda la información en su poder sobre la contratación adjudicada por el BCIE a la empresa Nocaut, del publicista Christian Bulgarelli.
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La Sala IV declaró parcialmente con lugar un amparo del diputado Ariel Robles; sentenció que la Presidencia incumplió el libre acceso a la información pública.
Acuerdo surgió en reunión entre jerarcas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.