El productor audiovisual, Christian Bulgarelli Rojas, contratista del Estado a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor del presidente Rodrigo Chaves, participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 que, posteriormente, le fue adjudicada. Este hecho fue revelado por la periodista y exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina.
El contrato consistió en una “consultoría estratégica” para la Presidencia de la República, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con fondos que esta institución pone a disposición de cada gobierno.
La contratación, que también incluyó “producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión”, tenía un plazo seis meses con posibilidad de prórrogas por periodos similares.
Casa Presidencial identificó a Bulgarelli, de 50 años, como “contratista” del BCIE, luego de que la ministra Müller lo describió como asesor presidencial en una carta enviada el 13 de julio a la Asamblea Legislativa.
Bulgarelli se ofreció a ayudar
Según relató la exministra Patricia Navarro en entrevista con La Nación, los términos de referencia de la contratación debía definirlos el Ministerio de Comunicación, pero Bulgarelli trabajó en ellos junto con Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del presidente.
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Esto ocurrió en el primer trimestre de la actual administración, entre mayo y julio del 2022, luego de que a ella se le informara de que había, al menos, $300.000 para comunicación provenientes del BCIE.
Este Banco otorga a cada gobierno de la región $1 millón de uso discrecional, lo cual permite realizar contrataciones sin pasar por los controles y las normas de transparencia del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En aquella época, la entonces ministra había llamado a Bulgarelli para explorar la posibilidad de contratarle algunos servicios de producción audiovisual para el nuevo gobierno, pues había trabajado con él entre 1998 y el 2001.
Según Navarro, los términos de referencia que ella y su equipo redactaban, para el contrato del BCIE, no lograban la aprobación de Jorge Rodríguez Vives, quien entonces se desempeñaba como jefe de despacho del presidente Chaves y quien hoy funge como ministro de Comunicación. Entonces, Bulgarelli ayudó.
‘Acordate que no es para vos, es para un concurso’
“Inicialmente, mi gente y yo comenzamos a hacerlo (la redacción de los términos de referencia), pero en vista de las presiones, a Jorge Rodríguez nada le gustaba. Solo nos decía: ‘Es que no hicieron nada’. Entonces, ¿en ese momento qué se hizo? Que alguien nos ayude. Yo hablé con Christian y le dije: ‘Vos has hecho otras, ¿cómo se hacen?’. Y él me dijo: ‘Mirá, pásame el documento y yo lo trabajo’.
“Y yo entonces le dije: ‘Acordate que eso no es para vos, eso va a entrar en un concurso y se va a decidir quién va a ser la persona indicada’. Eso fue lo que yo tenía entendido que se iba a hacer“, relató.
Patricia Navarro confirmó que Bulgarelli terminó ganando el contrato después de haber participado en la elaboración de los términos de referencia.
Los términos incluían, por ejemplo, haber desarrollado un mínimo de cinco proyectos audiovisuales para instituciones estatales en los últimos 10 años y tres proyectos que incluyeran investigación de mercado, investigación social, estrategia de comunicación o desarrollo de plan táctico.
Además, se exigía un director de proyecto con al menos 10 años de experiencia y un investigador que sea bachiller en Antropología, Sociología o Estadística con al menos 10 años de experiencia.
‘Los hizo con Choreco’
Navarro Molina, quien fue ministra durante casi cuatro meses, entre el 8 de mayo y el 2 de setiembre de 2022, día en que la destituyó el mandatario Rodrigo Chaves, precisó que, en otra conversación, Bulgarelli le confirmó que Federico Cruz ayudó en la redacción de los términos de referencia.
“Hasta donde tengo entendido, porque yo no estuve ahí, los hizo con Choreco (así llamó a Federico Cruz), porque él en algún momento me lo dice. Me dijo: ‘Choreco y yo pasamos la noche haciendo eso y ahí te lo mando’”, dijo.
Adujo que, si bien ella fue quien contactó a Bulgarelli, luego se dio cuenta de que él y Cruz se conocían de antemano. “Eso me decía Choreco, que ellos se reunían en el Indoor o no sé dónde”, citó.
“Yo ya no me metí más. Se le encargó a Andrea Araya, que era la encargada de Gobierno Abierto, que ella sí trabaja en esos procesos y tenía mucha experiencia haciendo eso. Se le dijo: ‘Andrea, usted se encarga de hacer todo eso. Comuníquese con quien sea, con el BCIE, haga lo que sea necesario para que eso quede bien’, porque ya la presión de Jorge Rodríguez Vives era mucha”, afirmó la exjerarca.
Consultada por este diario, Andrea Araya confirmó que Patricia Navarro le pidió ayuda con ese documento y que participó en una reunión con el BCIE, en representación del Ministerio de Comunicación.
“Yo lo único que hice fue leer los términos de referencia, no le cambié nada. Yo solo le dije: ‘Sí, doña Patricia, están bien, están bien hechos”.
“Sí, estuve en una reunión con el BCIE para revisar los términos de referencia y nos explicaron qué era lo que seguía, que era que se publicaran y esperar a que las personas jurídicas y físicas se postularan y enviaran los documentos. Eso lo hacía directamente el BCIE, ellos elegían al contratista”, manifestó Araya, la mañana de este martes 22 de agosto, en una llamada telefónica.
‘Nunca me dio su propuesta’
Patricia Navarro sostuvo que Bulgarelli le había ayudado a elaborar una propuesta de comunicación para el presidente, sin pensar en que necesariamente sería contratado con los fondos del BCIE, pues otra posibilidad era contratarlo en el Ministerio de Comunicación.
“Christian nunca me dio su propuesta por escrito. La trabajamos juntos, él se la dejó. Yo nunca tuve el documento como tal porque él me dijo: ‘No querida, este es mi trabajo, esto es tuyo y mío, pero tengo parte también. Si a mí me contratan, yo te entrego todo; si no, no”, narró.
Agregó que al mandatario le gustó la propuesta de comunicación y, después de eso, se trabajaría en los términos de referencia del BCIE “sin tener la certeza de que Christian Bulgarelli iba a obtener esa consultoría porque no estaba hecha para una persona en particular”, sino que era un concurso abierto a otras empresas.
En su criterio, los términos no eran “tan anillo al dedo”, porque cualquiera puede hacer producción audiovisual, trackings o listening.
“Yo no sé hasta dónde llegó esa injerencia en los términos. Yo sé que él hizo un documento base, que él me dijo que lo había hecho una noche con Choreco. Yo no tuve injerencia en esos términos. Ellos hicieron ese trabajo. Yo no sé si Choreco le dijo al presidente alguna cosa en particular.
“A la luz de las cosas, yo creo que fui un poco confiada. Yo pensé que Christian era una persona confiable y que no había problema, pero después sí hubo problemas”, dijo Navarro.
La empresa de Bulgarelli, de nombre Nocaut, también comenzó a ganar contratos de producción audiovisual con el Estado. Los obtuvo con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Los dos últimos contratos los recibió sin necesidad de un concurso público.
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‘Contratista del BCIE’
Desde el 3 de agosto anterior, La Nación le consultó a la Casa Presidencial el tipo de asesoría que realiza Bulgarelli al presidente Rodrigo Chaves, tras conocerse el oficio DM-1045-07-2023, en el que la ministra Anna Katharine Muller lo describió como “asesor de comunicación del presidente”.
Se le pidió, además, una copia del contrato y explicar por qué Bulgarelli contabiliza múltiples visitas a la Casa Presidencial, muchas de ellas, para reunirse con el mandatario.
El 17 de agosto, el departamento de prensa de Presidencia solo respondió, sin precisar ningún detalle: “El señor Christian Bulgarelli Rojas no es asesor interno o externo de Casa Presidencial. El señor Bulgarelli es contratista del BCIE. Las visitas a Casa Presidencial se deben por su condición de contratista del BCIE”.
Posteriormente, el 21 de agosto, este diario remitió una nueva consulta, pidiendo nuevamente el contrato y detalles del mismo. A la hora de publicación de este artículo, no se había obtenido una respuesta.
La Nación también pidió al BCIE precisar el ligamen contractual y dar detalles del proceso de la contratación, pero no hubo respuesta.
Este martes, este diario remitió otras consultas a la oficina de prensa de la Casa Presidencial relacionadas con las manifestaciones de Patricia Navarro. Sin embargo, tampoco se obtuvo una respuesta al cierre de este artículo.
De igual forma se llamó a Christian Bulgarelli y a Federico Cruz a sus teléfonos celulares. Inicialmente, ninguno atendió las llamadas. Entonces, se le remitieron las consultas por escrito, vía WhatsApp. Ninguno respondió.
Horas después se les volvió a llamar y solo Bulgarelli contestó. No obstante, cuando el periodista de este diario se identificó, dijo que solo contestaría por escrito y cortó la llamada, pese a que las preguntas ya se le habían enviado de esa forma previamente.
Detalles de la contratación
El exministra Patricia Navarro facilitó una copia de un borrador con los términos de referencia de esa contratación, el cual ella gestionó antes de salir del gobierno. Como se indicó anteriormente, ahí consta que el monto del contrato es de $300.000, con una vigencia de seis meses y con la posibilidad de ser ampliado.
Incluye el análisis e incidencia del Gobierno en redes sociales; la realización de encuestas y sondeos de opinión; y el monitoreo de medios de comunicación, junto a los respectivos informes mensuales con el análisis de esos datos.
Ese documento de nueve páginas indica que el contratista debe realizar un marco estratégico para la comunicación de la Presidencia, en conjunto con el Ministerio de Comunicación, producir mensajes en formato audiovisual y realizar análisis de tendencias.
En cuanto a los videos audiovisuales, se indica que se debe encargar de la preproducción, producción y postproducción de hasta 16 minutos mensuales, así como del trabajo de guionización.
Sobre el análisis de tendencias, se detalla que debe realizar sondeos de opinión, de manera semanal, y encuestas, de forma trimestral, sobre “los temas propuestos para análisis según sea la estrategia”.
También incluye “social listening”. Eso se describió como la “recopilación y análisis semanal de la presencia digital en redes sociales de la Presidencia de la República y el gobierno central y hasta cinco temas clave a definir”.
Se incorporó, además, el monitoreo de medios de comunicación y la elaboración de un reporte mensual, basado en “los datos recopilados” de las encuestas, sondeos y ‘social listening’.
Además, en ese documento se detallan los requisitos que debe cumplir el contratista. Por ejemplo, establece que debe tener 10 años de experiencia “brindando asesoría especializada a empresas, organizaciones e instituciones del ámbito nacional en la creación de estrategias de comunicación”.
Contar con cinco proyectos audiovisuales desarrollados para instituciones estatales en los últimos 10 años y en ese mismo tiempo tener tres proyectos desarrollados que incluyan investigación de mercado y/o investigación social, desarrollo de estrategia de comunicación y desarrollo de plan táctico.
De igual forma, se establecen los requisitos del equipo humano. Se consigna que la empresa seleccionada debe tener un director de proyecto que tenga, como mínimo, licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva y 10 años de experiencia; así como un investigador que sea bachiller en Antropología, Sociología o Estadística y con al menos 10 años de experiencia.
Colaboró con esta información el periodista Ismael López.