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Los diputados Ariel Robles y Jonathan Acuña, del partido Frente Amplio (FA), denunciaron este viernes al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un presunto tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos públicos al empresario Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Katharina Müller, identificó como asesor presidencial en comunicación.
Adicionalmente, denunciaron ante el Ministerio Público a Bulgarelli; a la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); y a los presidentes ejecutivos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Fernando Sandí y Juan Manuel Quesada, respectivamente.
En un oficio entregado al diputado Jonathan Acuña, Müller reconoció a Bulgarelli como asesor del presidente Chaves y La Nación dio a conocer, este jueves, que el empresario obtuvo contratos con tres instituciones públicas en los últimos ocho meses, dos de ellos sin que mediara concurso público.
La empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, tiene contratos por al menos ¢95,5 millones con esas tres instituciones públicas. Uno es con Recope, otro con el Banco de Costa Rica (BCR) y uno con el Sinart. Este último es de servicios por demanda.
Además, el contratista hizo múltiples visitas a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario; su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y su asesor de imagen, Federico Cruz, presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda.
Jonathan Acuña y Ariel Robles aseguraron que, de ser ciertos los hechos, se podría estar en presencia de un delito de tráfico de influencias, por ser Bulgarelli una persona cercana y de confianza del gobernante y parte del equipo de comunicación de la Presidencia de la República.
Los denunciantes dijeron, en su denuncia a la Fiscalía, que “tanto Chaves como los otros altos funcionarios mencionados intervinieron a su favor para que el empresario obtuviera jugosos contratos”.
La Nación solicitó una reacción a Casa Presidencial sobre la presentación de esta denuncia.
Ariel Robles enfatizó que la Fiscalía debe investigar el caso, por las posibilidades de que haya un conflicto de intereses y un tráfico de influencias, en que “se esté orientando a que se den contrataciones de este tipo a personas cercanas y con participación activa del Gobierno”.
En criterio de los frenteamplistas, esas presuntas acciones violentarían el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, donde se tipifica el tráfico de influencias.
Dicha ley impone de dos a cinco años de prisión a quien directamente, o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica, para que haga un contrato.
La norma establece como un agravante el hecho de que haya participación de una figura presidencial.
En el caso de Cisneros, Jonathan Acuña detalló que fue incluida en la denuncia porque ella se reúne con Bulgarelli en su despacho de la Asamblea Legislativa, en fechas cercanas a las licitaciones que se otorgaron a él.
Específicamente, se trata del 7 de diciembre del 2022 y el 21 de febrero del 2023, según consta en los registros de ingresos de visitantes al Congreso.
Consultada al respecto, la jefa oficialista alegó que ella no conoce de ningún contrato con Bulgarelli. “Me encantaría saber por qué me incluyen a mí en la denuncia. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Será que lo hacen por deporte?”, dijo.
Ariel Robles agregó que Cisneros mantuvo reuniones con Christian Bulgarelli, siendo ella parte del Consejo de Comunicación de la Casa Presidencial.
Recope respondió que la contratación de Nocaut se realizó en estricto apego a la normativa y con total transparencia en el sistema de compras públicas del Estado.
Consultado al respecto, al presidente del Sinart aseguró: “Actualmente, no tengo información sobre la denuncia que dicen haber presentado. Lo único que conozco a la fecha son las afirmaciones que han realizado algunos medios de comunicación y diputados de la República; es decir, no es información oficial. En virtud de lo anterior, en este momento no puedo dar una posición con respecto al tema consultado”.
