La administración de Luis Guillermo Solís decidió gastar, sin someterse a los controles del Estado, el $1 millón (¢550 millones) que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorga a cada gobierno de la región para invertir en lo que estime conveniente.
El BCIE ya giró más de la mitad del dinero, que será destinado a publicidad, imagen y apoyo a programas gubernamentales. Pero este no ingresó a las cuentas del Estado porque Casa Presidencial declaró que no es parte de los fondos públicos.
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Por instrucciones del Gobierno, los recursos fueron depositados en la cuenta bancaria de un “organismo ejecutor” externo, al cual se le encomendó la administración. Se trata de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Así consta en el convenio suscrito entre el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro (en nombre de Solís), y el director por Costa Rica en el BCIE, Alberto Cortés, el pasado 31 de marzo.
El gobierno de Solís optó por un mecanismo parecido al que su propio partido, Acción Ciudadana (PAC), cuestionó en el pasado.
“Tenemos la impresión de que se podría estar usando el Banco Centroamericano para convertir dineros públicos en privados. Esto sería gravísimo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró en el 2008 el entonces diputado del PAC Alberto Salom, actual rector de la Universidad Nacional (UNA), cuando la administración de Óscar Arias tampoco incorporó al Estado el respectivo aporte que recibió del BCIE.
Si los recursos no entran al Presupuesto Nacional, su uso no está sujeto a las reglas de control y fiscalización que establecen la Constitución Política y las leyes. El Gobierno no está obligado a apegarse, por ejemplo, a las normas que fija la Ley de Contratación Administrativa para adquirir bienes o servicios, que intentan escoger al proveedor más idóneo en una competencia justa.
El convenio con el BCIE se denomina “Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, evaluación, gestión y divulgación de la Presidencia para garantizar el mayor impacto posible de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía costarricense”.
La Unops, como encargada de ejecutar el proyecto, es la responsable de seleccionar y contratar a los consultores que se requieran.
Esa oficina asignará, por ejemplo, los $375.000 (¢208 millones) que se gastarán en publicidad, imagen y estudios de opinión mediante la contratación de empresas y personas.
Según su sitio web, Unops contrata los bienes y servicios mediante procesos de licitación en los que elige al proveedor luego de hacer un análisis entre la calidad y precio de la oferta. La oficina permite a los oferentes protestar si están a disgusto con la adjudicación de alguna contratación, la cual incluso puede quedar congelada mientras el asesor jurídico aclara la situación.
¿Deben entrar? La decisión de no incorporar los recursos a las arcas del Estado se contrapone a pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, la cual ha dicho que las donaciones deben ingresar al erario público para transparentar su uso.
“En cuanto a la cooperación no reembolsable, se indica que los fondos donados deben ser incorporados al presupuesto de la entidad correspondiente, a efecto de que se administren conforme a las normas constitucionales y legales. El criterio se mantiene salvo cuando la donación concierne específicamente a bienes y servicios”, respondió el abogado del Estado, el pasado jueves, ante una consulta de La Nación.
Incluso en una entrevista publicada en marzo del 2015, el representante del Gobierno ante el BCIE, Alberto Cortés, afirmó que, si bien los aportes del BCIE a cada gobierno son de uso discrecional, los recursos deberían incluirse en el Presupuesto y los documentos sobre su uso constituyen información pública.
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Consultorías del BCIE. Cuando la administración Arias empleó los fondos del BCIE entre el 2006 y 2010, estallaron una serie de cuestionamientos políticos y judiciales.
En esa oportunidad, se invirtieron $1,6 millones (¢888 millones) al margen de los controles estatales, en 84 asesorías en temas legales y de imagen con contratistas que eran escogidos en Zapote, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero. El entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, decidió que esos recursos fueran administrados por la oficina local del BCIE.
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Al final, tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República concluyeron que no hubo perjuicio a la Hacienda Pública porque ningún dinero ingresó a las arcas del Estado, en vista de que los bienes y servicios fueron brindados por el Banco Centroamericano.
Ese mecanismo de contratación desató una serie de críticas de diputados de la oposición, entre quienes figuraban los del ahora gobernante PAC.
Francisco Molina, miembro de esa bancada y ahora presidente del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), alegó en aquel entonces: “Utilizaron el BCIE como caja chica, para gastar dinero público de forma antojadiza”.
El actual ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, también era legislador del PAC en ese momento y cuestionó: “Muchos consultores no tenían idoneidad y eran cercanos y familiares de funcionarios”.
En la anterior administración, la de Laura Chinchilla (2010-2014), el mecanismo fue distinto. El $1 millón girado por el BCIE se depositó en el Presupuesto de la Presidencia, con lo cual, las contrataciones sí estuvieron sujetas a las normas de control.
“En aquel momento como hubo tanto escándalo (por el manejo en el gobierno de Arias), el Gobierno tomó la opción de que esos dineros entraran directamente al Gobierno y seguir todos los trámites de la Ley de Administración Pública. El BCIE no tenía nada que ver con eso y el Gobierno debía de encargarse de presupuestarlos y toda la cosa, y que hubiera una supervisión de la Contraloría”, declaró Jorge Wálter Bolaños, exdirector de Costa Rica ante el BCIE en la administración de Chinchilla.
Tres entrevistas negadas. La Nación intentó obtener una entrevista telefónica o en persona con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Sin embargo, al cierre de esta edición no se pudo, pues se encontraba de vacaciones.
Su encargada de prensa, Ilse Chango, alegó que la información sobre el convenio ya estaba en el sitio web de la Presidencia y que si había una consulta adicional se respondería por escrito.
Ante tal negativa, se buscó conversar con la viceministra de esa cartera, Ana Gabriel Zúñiga. Inicialmente, se pactó una entrevista para las 11 a. m. del pasado jueves. No obstante, sin previo aviso, se canceló. Su periodista, Ana Isabel Alvarado, adujo que no se podía reprogramar para otra hora o día y que cualquier consulta solo por escrito.
Similar fue la respuesta del ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien primero accedió a brindar una entrevista también el jueves anterior, pero después la negó alegando que estuvo todo el día inmerso en asuntos que requerían de toda su atención. Al igual que Alfaro y Zúñiga, el ministro solo aceptó preguntas por escrito.