El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sacó a concurso un contrato de $300.000 para dar servicios de comunicación a la Presidencia de la República, con unas bases, en esencia, idénticas a las que ayudó a redactar el empresario Christian Bulgarelli Rojas, cuya compañía al final ganó la contratación.
Se trata de una “consultoría estratégica” adjudicada por un primer semestre a la empresa RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, para proveer “producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión”.
El pasado 23 de agosto, la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, reveló en una entrevista con La Nación que Bulgarelli y Federico Cruz, asesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves, participaron en el diseño de los términos de referencia de esa consultoría.
“Él (Bulgarelli) en algún momento me lo dice. Me dijo: ‘Choreco (así llamó a Cruz) y yo pasamos la noche haciendo eso y ahí te lo mando’”, recordó la exjerarca.
Según agregó, Bulgarelli también prometió al presidente que contrataría a Federico Cruz en su agencia.
Luego de conocerse la versión de Patricia Navarro, el actual jerarca de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, dijo en un video que la administración Chaves es la primera que pide al BCIE un concurso público internacional “abierto, transparente y competitivo” para usar los recursos no reembolsables que dicha entidad pone a disposición de cada gobierno.
Sin embargo, Rodríguez no informó de que las bases del concurso eran casi idénticas a las elaboradas con ayuda de Bulgarelli, el ganador del contrato y actual contratista del BCIE para brindar servicios a la Presidencia.
El empresario también fue identificado como asesor presidencial por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.
Si bien la licitación de la consultoría estuvo a cargo del BCIE, el convenio de cooperación establecía que los términos de referencia los debía definir el Ministerio de la Presidencia. Fue bajo esa dinámica que el asesor presidencial tuvo participación en el diseño.
Las coincidencias
Un equipo de La Nación revisó las bases de la licitación pública 032/2022, sacada a concurso por el BCIE en agosto del 2022, y las comparó con el borrador que la exministra Navarro recibió de Christian Bulgarelli y Federico Cruz. En cuanto al trabajo por realizar y los requisitos, los dos documentos son coincidentes, salvo contadas excepciones.
Son casi idénticos los requerimientos que debían cumplir las empresas interesadas en ganar el contrato, por ejemplo en cuanto a experiencia general y específica. Incluso, los documentos tienen los mismos errores respecto al uso de mayúsculas.
Ambos establecen que “el consultor debe tener 10 años de experiencia brindando asesoría especializada a empresas, organizaciones e instituciones del ámbito costarricense y centroamericano en la creación de estrategias de comunicación”.
También, coinciden en que el consultor debe “contar con cinco o más proyectos desarrollados para instituciones estatales en los últimos diez años, que incluyan conceptualización, investigación, guionización y producción de tácticas de comunicación”.
Los requerimientos para el equipo de trabajo también son muy parecidos. Los dos documentos exigen un director de proyecto con licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva y diez años de experiencia en estrategias de comunicación.
Además, los dos piden un investigador con un grado mínimo de bachiller en Antropología, Sociología o Estadística. Aquí sí hubo una variación. El borrador pedía que este profesional tuviese, al menos, 10 años de experiencia y el concurso pidió 15 años.
Por otra parte, es similar la descripción del número de productos que el contratista debía entregar en cada mes, incluso con la cantidad de minutos de cada producción audiovisual.
En las generalidades, los documentos tienen apenas diferencias de forma. Por ejemplo, el borrador de Bulgarelli dice que la empresa a contratar sería una nacional y, en el documento final, se consignó que sería de ámbito costarricense y centroamericano, lo cual resulta lógico en virtud de la naturaleza del banco.
El apartado del BCIE donde se consigna el objetivo de la consultoría es idéntico al documento en que colaboraron Bulgarelli y Cruz, según la exministra Navarro. Ambos establecen la creación de una “estrategia integral de comunicación para el Gobierno”, así como una “estructura táctica de ejecución de mensajes”.
En donde no hay coincidencia es en los criterios y ponderaciones para realizar las evaluaciones técnicas de las ofertas.
La Nación intentó conversar con Christian Bulgarelli y Federico Cruz para conocer los alcances de su participación en la redacción del borrador. Sin embargo, ninguno atendió las consultas enviadas por escrito ni atendió las llamadas hechas a sus teléfonos celulares.
Otros detalles del borrador
Según la exministra Navarro, ella entregó el borrador en que trabajó Bulgarelli a Andrea Araya, la entonces encargada de Gobierno Abierto y una de las personas que coordinó con el BCIE, junto con la directora general de Casa Presidencial, Hellen Morales.
Navarro precisó que Araya trabajó sobre el borrador que Bulgarelli envió con anotaciones.
Visitas a Presidencia antes del contrato
Al tiempo que se gestaba la redacción de esos términos de referencia, Bulgarelli hizo constantes visitas a Casa Presidencial.
El Gobierno alegó que estas visitas se debían a su condición de “contratista del BCIE”. No obstante, hay 15 registros de ingreso antes del 7 de noviembre del 2022, día en que el banco le adjudicó el contrato.
Ese periodo previo coincide con el lapso de tiempo en que, según Patricia Navarro, el empresario participó en el diseño de las bases del contrato.
De esas 15 visitas, cinco fueron para reunirse con el mandatario: una en junio del 2022, una en setiembre y tres en octubre de ese mismo año.
La licitación salió a concurso el 25 de agosto del 2022. Los $300.000 adjudicados a RMC La Productora S. A. provienen del $1 millón que el BCIE ofrece, para uso discrecional, a cada nuevo gobierno de los países socios fundadores de la institución.
Luego de obtener esa “consultoría estratégica”, la firma de Bulgarelli obtuvo tres contratos millonarios con instituciones públicas: con la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Las últimas dos entidades no hicieron concurso previo para adjudicar las contrataciones