Escuchar“Algo huele mal y definitivamente no soy yo”. La frase que abre esta entrega la pronunció el empresario Christian Bulgarelli después de que el BCIE lo señaló como el único responsable de presuntas “prácticas de fraude y colusión” en la obtención de un contrato de $405.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
La inconformidad de Bulgarelli obedece a que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no investigó a los funcionarios públicos que gestaron el contrato, “incluyendo al presidente Rodrigo Chaves”.
Esta contratación se financió con el $1 millón que el BCIE donó al gobierno para su primer año de labores.
Bulgarelli admite que redactó los requisitos del contrato antes de que saliera a concurso público, de manera que encajaban con el personal y la experiencia de su empresa Nocaut. Sin embargo, alega que lo hizo porque, en Casa Presidencial, le dijeron que se trataba de una contratación privada con el banco.
Presidencia envió los términos elaborados por él al BCIE y este sacó el contrato a licitación internacional. Acto seguido, el productor audiovisual participó y ganó.
Después de revelarse los hechos y de que el expresidente del banco, Dante Mossi, advirtió de que lo ocurrido constituye una infracción grave, el organismo financiero abrió una investigación.
Ahora, el Banco Centroamericano corta el hilo por lo más delgado.
Bulgarelli dijo que evalúa llevar el tema a la Fiscalía General porque “quien me investiga no está investigando al gobierno”.
El Ministerio Público ya lo entrevistó como denunciado.
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Los audios de Presidencia, grabaciones suministradas a La Nación por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, revelan que el presidente de la República estaba consciente de que Bulgarelli obtendría el contrato para darle servicios de comunicación. Incluso, pidió ver el documento antes de que se firmara y preguntó si su asesor de imagen, Federico Cruz, sería parte de la contratación.
TSE alza la voz por reformas de diputados
La semana que termina tuvo otros tres importantes choques políticos.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) alzó la voz contra las reformas electorales que impulsan los diputados, al señalar que ponen en riesgo el sistema electoral costarricense.
El reclamo se centró en tres proyectos:
-El plan para unificar de nuevo las elecciones municipales con las nacionales, texto del PUSC que fue dictaminado positivamente el miércoles en una comisión legislativa. Para el TSE, esta reforma invisibilizará a los candidatos cantonales y generará un efecto de “arrastre” en favor de los partidos de escala nacional, los cuales tendrán condiciones más ventajosas de financiamiento.
Añadió que, contrario al argumento de los diputados, los costos de organizar elecciones aumentarán, pues provocará “megaelecciones”.
Para el TSE, la reforma es inconstitucional y no garantiza una reducción del abstencionismo porque la razón de este fenómeno radica en la oferta partidaria.
-El segundo proyecto al que se opone es el que reduciría el plazo de dos meses entre la primera y la segunda ronda electoral. Este es un proyecto impulsado por el Partido Liberal Progresista (PLP) que ordenaría efectuar el balotaje a más tardar en el tercer domingo de marzo.
Para el Tribunal, el apuro por realizar la segunda vuelta perjudicaría el proceso de escrutinio definitivo, el cual es garantía del sistema electoral de Costa Rica.
-El tercer proyecto rechazado es del PUSC. Se trata de un plan para exigir el recuento manual de votos cuando las diferencias en resultados estén dentro de determinados márgenes: 2% o menos para la elección presidencial, 1.000 votos o menos para la elección de diputados, 500 para la de alcaldes y 250 para la de regidores. Este proyecto fue dispensado de trámites el jueves 22 de febrero, con lo cual se acelerará su trámite.
El PUSC insistió en esta reforma después de perder por dos votos la Alcaldía de Orotina en los comicios municipales del 2024.
Diputado de gobierno contra el petróleo
El martes 20 de febrero, la Comisión de Ambiente del Congreso dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica. Ahora, pasa al plenario legislativo.
El texto es una iniciativa del diputado de gobierno, Manuel Morales, a pesar de que la administración de Rodrigo Chaves promueve la exploración de yacimientos de gas natural y el cálculo de su valor económico, con ayuda de Noruega.
En entrevista con La Nación, Morales dijo que, según su sentir, hay grandes intereses financieros detrás de la exploración y lamentó el apoyo de Noruega a políticas “retrógradas”.
Dijo que, si bien la fracción del gobierno representa a un sector que apoya la exploración de petróleo, él representa a los costarricenses que la rechazan y abogan por el modelo sostenible y la imagen internacional que el país ha creado en pos del ambiente.
Además del voto de Morales, el proyecto recibió el apoyo de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), el Liberal Progresista y el PUSC. Votó contra Nueva República.
Chaves y el ministro de Transportes, Luis Amador, han abogado por la exploración de gas natural.
Fiebre de cantones
La ministra de Planificación, Laura Fernández, se pronunció en contra de la decisión de los diputados de crear un cantón más: el de Colorado, actual distrito de Abangares. El proyecto fue aprobado en primer debate el lunes 19 de febrero.
Fernández alertó que no se puede hacer un picadillo con el territorio del país. En siete años, los diputados han aprobado cuatro municipios nuevos (Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez y Colorado) y en la mira hay seis más.
Ninguno de los cantones creados cumple con el 1% mínimo de población que exige la ley, que hoy equivale a 50.000 personas.
La creación de más municipios ocasiona más fragmentación en el cobro de impuestos municipales, el otorgamiento de permisos de construcción y el suministro de servicios públicos.
No obstante, los diputados argumentan que los cantonatos constituyen una forma de ayudar a comunidades alejadas a acceder a servicios que hoy no tienen.
Me despido con anotando tres recomendaciones de artículos sobre otros tres hechos relevantes de la semana, sobre las cuotas estatales para el IVM, la píldora del día después y el millonario contrato publicitario del AyA. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
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