Un nuevo caso de posible corrupción con obras públicas despertó este lunes a los costarricenses. Esta vez, el presunto pago de dádivas por parte de la constructora MECO para adjudicarse proyectos y apurar pago de facturas salpica a ocho municipalidades y seis de sus alcaldes fueron detenidos como parte de 40 operativos simultáneos desplegados en todos el país y cuyo expediente se conocerá desde ahora como Operación Diamante.
La primera captura en trascender, poco después de las 7 a. m., fue la del alcalde de San José, Johnny Araya Monge, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), ingresaron a su vivienda en Rohrmoser, San José.
Otros cinco de sus homólogos fueron aprehendidos luego de que agentes judiciales entraron de manera pacífica a sus viviendas. Glen Calvo Céspedes, de la Fiscalía Anticorrupción, indicó que además de Araya están detenidos el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda; el de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; el de Alajuela, Humberto Soto Herrera; el de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés, y el de Osa, Alberto Cole De León.
Además de esos seis municipios, también se desplegaron diligencias judiciales en los ayuntamientos de Siquirres y Golfito. Asimismo, se allanaron las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)– BID, empresas dedicadas al procesamiento de asfalto en La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro, así como una firma ramonense llamada Explotec, cuyo dueño, identificado con los apellidos Cruz Porras, de 52 años, también fue capturado.
“La Fiscalía Anticorrupción, junto con la Sección Anticorrupción del OIJ, ha desarrollado una investigación respecto a una organización criminal que ha venido teniendo impacto directamente en las municipalidades del país. Esta estructura se ha dedicado directamente a ejercer actos de corrupción en el sector de la infraestructura vial cantonal, ya sea conformada por alcaldes, funcionarios municipales o particulares, quienes a cambio de dádivas han intervenido para generar beneficios indebidos dentro de procesos de contratación administrativa y temas presupuestarios y de ejecución contractual”, explicó Calvo.
El fiscal agregó que con los allanamientos buscan el decomiso de información física y digital “que permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de la estructura vial cantonal, ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado”.
Aseveró que uno de los detenidos (gerente de asfaltos de MECO), apellidado Gutiérrez Vargas, era el encargado de los contactos con las municipalidades. “Era un eje central de acción, era quien los contactaba y ejercía la acción de comunicación de la empresa, la acción comercial ilegal de la empresa hacia las municipalidades”, añadió.
De la firma constructora también estarían vinculados el dueño, Carlos Cerdas Araya, y otro funcionario de apellidos Bolaños Salazar, pero ellos no fueron detenidos por ahora. Tanto ellos como Gutiérrez tienen en común que también están vinculados con el Caso Cochinilla, que investiga corrupción en obras viales financiadas con dinero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Según el fiscal, se aprehendió también a funcionarios municipales de Golfito, Escazú, Alajuela y San José. Del primer ayuntamiento hay dos, Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga, mientras que los demás responden a los apellidos Boraschi González, Chacón Ugalde y Castro Camacho, respectivamente.
Calvo dijo que de momento se investigan 15 proyectos en todas las municipalidades. “Son proyectos de infraestructura vial, conservación vial y de construcción de obra pública, específicamente aceras, parques, diques”, aseveró, al tiempo en que indicó con preocupación que tanto en esta operación como en Cochinilla (realizada en junio y que destapó irregularidades en licitaciones de obras públicas) hay imputados que se repiten.
Meco: Punto concéntrico de la actividad
Por su parte, Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, indicó que esta investigación, denominada Diamante, comenzó en abril del 2019 y se extendió hasta agosto del 2021. “Esta actividad conjunta pretende desentrañar y esclarecer hechos de corrupción. Diversos funcionarios se vincularon con MECO para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, el pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y la realización de una serie de actividades que son eventualmente constitutivas de delito.
“Las municipalidades operan por separado, el punto concéntrico de la actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación”, dijo Espinoza.
El fiscal Calvo indicó que hubo pago de dádivas a funcionarios públicos, entre estas construcciones en viviendas, dinero en efectivo, vehículos y favores de otra índole que no especificó.
El jefe del OIJ recalcó que esta causa es totalmente separada e independiente del Caso Cochinilla y destacó que 600 agentes y 32 fiscales participan en las diligencias. “Este caso implica una investigación previa muy seria, muy bien hilvanada y con absoluta planificación”, destacó.
Defienden inocencia
Cuatro horas y media después de los ingresos de agentes judiciales a las viviendas, Johnny Araya y Mario Redondo salieron esposados de sus casas para ser remitidos a la Fiscalía, donde serán indagados, al igual que el resto de los sospechosos.
“Don Johnny está siendo trasladado detenido y se va a hacer una gestión de medidas cautelares, no las conocemos en este momento (...). Él está tranquilo. Debo decir que los hechos que se investigan acá no tienen relación con las otras alcaldías. Lo de don Johnny es un asunto que se investiga acá en la municipalidad de San José y listo.
“Con relación a cargos. Hay un asunto de tráfico de influencias y otros aspectos que se están investigando. Don Johnny va a enfrentar el proceso, como lo ha hecho acá, de manera transparente”, manifestó el abogado Alfonso Ruiz Ugalde, quien junto con Federico Campos Calderón, están a cargo de la defensa del alcalde josefino.
En tanto, Redondo expresó antes de montarse al carro del OIJ “soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no he arreglado absolutamente nada”, afirmó al salir esposado de su casa.
El caso, que se sigue dentro del expediente 20–009616–0042–PE, investiga los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que las 13 personas detenidas serán trasladadas al Segundo Circuito Judicial de San José, donde, en el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria. “Posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para la probable petición de medidas cautelares”.
¿Cómo surgió el nombre de Caso Diamante?
El nombre de esta investigación llamó la atención, al igual que otras que se han desarrollado durante este año. Espinoza detalló que fueron los investigadores quienes “bautizaron” la investigación e indicó los motivos que los hicieron inclinarse por Diamante.
“En este caso ellos pensaron en el diamante como una sustancia transparente, muy dura, que es muy difícil de alterar, que no admite máculas, que no soporta rayaduras. Hicieron una asimilación de ese concepto para lo que debe ser el funcionario público. Transparente, luminoso, claro, duro, esta es la circunstancia”, aseguró, al descartar alguna relación con el programa de Los Simpson.
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Información actualizada a las 12:19 p. m. con más datos.