Infraestructura

MECO conecta dos investigaciones por presunta corrupción

OIJ detuvo a empleado de constructora que también es uno de los implicados en el Caso Cochinilla

La empresa MECO vuelve a figurar en un caso de supuesta corrupción en obras viales, esta vez ejecutadas por municipalidades, como parte de la investigación Diamante, por la cual fueron detenidos cinco alcaldes y un funcionario de la constructora.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, indicó que esta investigación, iniciada en abril del 2019, pretende desentrañar y esclarecer hechos de corrupción mediante los cuales funcionarios se vincularon con MECO para favorecerlos en licitaciones, el pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y la “realización de una serie de actividades que son eventualmente constitutivas de delito”.

Según los primeros datos que han trascendido, luego de los allanamientos que se realizan en ocho ayuntamientos y casas de habitación desde tempranas horas de este lunes, la estructura se habría dedicado directamente a ejercer actos de corrupción en obras cantonales, mediante dádivas a funcionarios municipales o particulares.

Entre los detenidos se encuentran los alcaldes de San José, Johnny Araya Monge; de Cartago, Mario Redondo Póveda; de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; de Alajuela, Humberto Soto Herrera, y de Osa, Alberto Cole De León.

De la constructora, fue aprehendido un hombre de apellido Gutiérrez Vargas, encargado de la Unidad de Asfaltos, quien también había sido detenido por el Caso Cochinilla, investigación por presunta corrupción en obras viales que salió a la luz en junio pasado. Por esa causa judicial permanece en prisión preventiva Carlos Cerdas Araya, presidente de MECO.

En 2017, Cerdas también estuvo vinculado en Panamá en un escándalo por supuesto pago de comisiones para la obtención o agilización de contratos de infraestructura pública.

Glen Calvo Céspedes, de la Fiscalía Anticorrupción, detalló que Gutiérrez era el encargado de los contactos con las municipalidades. “Era un eje central de acción, era quien los contactaba y ejercía la acción de comunicación de la empresa, la acción comercial ilegal de la empresa hacia las municipalidades”, añadió.

Asimismo, dijo que estarían también involucrados Cerdas Araya, y otro individuo de apellidos Bolaños Salazar. “Hay imputados que se repiten en las dos causas”, dijo Calvo, quien añadió que de momento se investigan 15 proyectos en todas las municipalidades. “Son proyectos de infraestructura vial, conservación vial y de construcción de obra pública, específicamente aceras, parques, diques”, aseveró.

El operativo de este lunes incluyó además recopilación de pruebas en los gobiernos locales de Escazú, Siquirres y Golfito, así como en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)–BID donde se ejecutan las obras del programa BID-Cantonal. También se realizaron diligencias en empresas dedicadas al procesamiento de asfalto en La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro, así como una firma ramonense llamada Expotec.

Fuera de contratos

El director del OIJ aclaró que la Operación Diamante no está ligada a Caso Cochinilla, sin embargo en dicha pesquisa también figura MECO como una de las principales constructoras vinculadas a presuntos ofrecimientos de dádivas a funcionarios a cambio de favores y beneficios en el pago de facturas y adjudicación de obras.

Tras los hechos revelados en ese expediente judicial, el MOPT, a través del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, tomó la decisión de excluir a las empresas vinculadas en los supuestos hechos de corrupción,de las contrataciones para la conservación de la red vial nacional.

Esa decisión se materializó la semana anterior cuando se publicaron los primeros carteles para esas labores, en los cuales se establece una cláusula que impide la participación de empresas que formen parte de investigaciones judiciales por hechos de corrupción en obras viales.

MECO manifestó su oposición a la medida al afirmar, mediante un comunicado, que estaban en capacidad de asumir contratos de mantenimiento y que actualmente ninguna medida cautelar las impide participar en licitaciones de obras públicas.

Colaboró la periodista Eillyn Jiménez

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.