Las municipalidades de San José, Cartago, Alajuela, Escazú, Osa, Siquirres, Golfito y San Carlos están dentro de los 40 allanamientos en el operativo judicial denominado Operación Diamante, este lunes, en el que el OIJ investiga presunta corrupción en obras públicas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca pruebas en ocho ayuntamientos sobre los supuestos delitos de cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias y peculado. Los agentes ingresaron a primera hora de esta mañana a los municipios y han decomisado documentos relacionados con el caso.
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Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, explicó que la investigación pretende “esclarecer hechos de corrupción” debido a que funcionarios se vincularon con la empresa MECO para resultar favorecidos en licitaciones, pago adelantado de facturas, inicio anticipado de obras públicas, entre otros hechos. Además, Espinoza detalló que las municipalidades operaban como “satélites”, es decir, sin conexión entre ellas, pero tenían en común el nexo con la firma constructora.
“El punto concéntrico de la actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación”, argumentó Espinoza.
“Podríamos poner en el centro a la empresa que se ha mencionado y a varios satélites que son todas las municipalidades que hemos señalado. Tienen presupuesto, realizan acciones y requieren hacer contrataciones para materializar el presupuesto. Es precisamente en este tránsito, donde se detectaron hechos irregulares, incumpimientos de deberes, falsificaciones, cohechos, tráficos de influencias, que son los que determinaron la realización de estos allanamientos”, agregó.
En las diligencias, las autoridades judiciales detuvieron a 11 personas relacionadas con presunta corrupción en obras públicas. Entre ellas, se encuentran seis alcaldes: Johnny Araya, alcalde de San José; además, se aprehendió al alcalde de Cartago, Mario Redondo Póveda; de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; de Alajuela, Humberto Soto Herrera; de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés, y de Osa, Alberto Cole De León. Otras seis personas también se encuentran detenidas, uno de ellos es un funcionario de MECO y otros empleados municipales.
Araya fue detenido y trasladado a los tribunales de Goicoechea, a las 11 a.m., tras el allanamiento a su casa en Rohrmoser, Pavas. El alcalde josefino salió esposado, sin manifestar nada a la prensa y acompañado por un custodio del OIJ.
En tanto, Redondo afirmó ser inocente luego de salir esposado de su vivienda. “Soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no he arreglado absolutamente nada”, dijo. Los agentes lo sacaron a las 10:53 a. m. de la casa con rumbo a los Tribunales de Justicia.
Por su parte, la Municipalidad de Alajuela manifestó su disposición de colaborar con las autoridades mientras se efectúa la indagación del caos. “Con el fin de no entorpecer el transcurso de la investigación, la Municipalidad de Alajuela mantendrá su comunicación en concordancia con el marco jurídico”, indicó la entidad en un boletín oficial.
Los allanamientos también se llevaron a cabo en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)– BID, empresas dedicadas al procesamiento de asfalto en La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro, así como una firma ramonense llamada Expotec.
La Operación Diamante, pese a ser una investigación separada, se relaciona con el Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la cual se investigó desde abril del 2019 y reventó en junio del 2021.
“Este caso implica una investigación previa muy seria, muy bien hilvanada y con absoluta planificación”, destacó el jefe del OIJ.
