Alberto Morales Bejarano. 3 mayo

La tecnología 5G y otras, como inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biotecnología, la construcción de ciudades inteligentes y la fabricación de vehículos autónomos, deberían estar en la mente de todo país cuya aspiración sea desarrollarse.

La discusión alrededor de ella incluye a los empresarios, preocupados por no contar con esta en Costa Rica, pues la carencia perjudica sus negocios y su interés por entrelazarla con más empleos de calidad.

Foto con fines ilustrativos.
Foto con fines ilustrativos.

En otros ámbitos, el debate está enfocado en si ensanchará, aún más, la brecha digital y, consecuentemente, la desigualdad.

La insoslayable discusión no debe estar separada de los vagones del tren del progreso y debe ser un incentivo para acercarnos a la realidad de los usuarios actuales y, principalmente, futuros, porque cuando hablamos de los jóvenes, desgraciadamente, pareciera que están en el vagón en riesgo inminente de descarrilar.

La pandemia nos escupe en la cara las enormes desigualdades sociales desatendidas, que no han sido ajenas a los gobiernos. Una de estas es la situación de los jóvenes.

Índices ignominiosos. Es ya un lugar común, y por tanto se minimiza, referirse a que solo el 50 % de los adolescentes concluyen la educación secundaria, que solamente el 19 % de entre 18 y 24 años acceden a la educación universitaria, que el 35 % de los pobres son niños y adolescentes y el desempleo en el grupo con edades de 15 a 24 años asciende al 48 %.

Los índices son reflejo de una vergonzosa situación. El costo aproximado anual de un estudiante de secundaria ronda ¢1,9 millones, mientras el de una persona en una cárcel es de ¢9 millones.

El 68 % de los encarcelados están por debajo de los 30 años de edad y el 90 % de estos no terminaron la secundaria.

Aunado a lo anterior, que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) deba cerrar centros para la atención de las adicción golpea a 7.000 personas, jóvenes incluidos, en todo el país.

Luis Diego Hernández, fiscal adjunto en materia penal juvenil, describió a La Nación el 12 de abril la verdadera situación de los adolescentes activos en el narcotráfico, reclutados en comunidades marginales, menores de edad que están en las calles en lugar de las aulas, que por su corta edad representan una inversión para los grupos narco y crean fuertes nexos con estos, pues de esa forma sustituyen a la familia.

Si lo anterior no fuera suficiente, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 2015 a marzo del 2020, fallecieron 75 menores de edad en balaceras entre traficantes de drogas.

La paradoja que plantea el desarrollo tecnológico desarticulado y desconectado de las necesidades de las personas también repercute en ellas.

Vulnerables sin culpa. La tecnología 5G y cualquier otra que surja van a necesitar seres humanos capacitados integralmente y que se incorporen de lleno a todos los procesos.

Sin embargo, ni siquiera se da firmemente el primer paso, pues lo mínimo sería tener a los jóvenes capacitándose. ¿Cómo pretenderemos, entonces, dar el siguiente sin que sean mano de obra barata o que su única opción sea incorporarse al narcotráfico?

Es entendible la urgencia de afanarse en la contención de la covid-19 o en el problema fiscal, mas no debe obviarse lo que está pasando aquí y ahora a nuestra población juvenil, que es diversa y plantea retos que van desde poder terminar la secundaria hasta conseguir un empleo digno o ser empresarios. Tareas y desafíos enormes para este y los gobiernos venideros. Empecemos ya a resolver este problema.

El autor es médico pediatra.