El reloj marcaba las 9:20 p. m. del 15 de abril del 2015. Un adolescente de 12 años deambulaba por las calles de Bribrí, en Lomas del Río, Pavas, San José. Recién había tenido discusiones con su familia y decidió pasar unos días fuera de su vivienda.

Se refugió en su “otra familia”, un grupo narco que operaba en esa zona. No se sabe cuánto tenía de estar en contacto con los criminales, pero no eran días, sino meses.

Ese día, caminaba por una alameda con el supuesto líder de esa organización, identificado como Eric Araya Cruz, de 28 años, cuando tres sujetos aparecieron en su camino y abrieron fuego contra ellos.

El adolescente recibió múltiples disparos en el tórax, que terminaron por quitarle la vida y convertirlo en la víctima más joven del narcotráfico. Araya también falleció.

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Este asesinato encendió las alarmas en el 2015, y seis años después el escenario no es nada alentador: datos estadísticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que este menor es uno de los 75 que fueron asesinados entre el 2015 y marzo del 2021 por ajustes de cuentas.

Según las cifras de la Policía Judicial, este tipo de venganzas se convirtieron en la principal causa de muerte de adolescentes. De los 168 decesos reportados en ese periodo, un 44% se deben a ese móvil.

El resto es por violencia doméstica (20%) y por otros asuntos (35%), como discusiones, repeler otra actividad criminal o la comisión de otro delito.

Pese a que no se tiene segregado el comportamiento de los homicidios por venganzas, el OIJ indicó que, del total de asesinatos de menores, 105 ocurrieron a causa de balazos y la gran mayoría tuvieron lugar en San José. La provincia que menos reporta casos de este tipo es Heredia.

El año más violento es el 2016, con 39 menores asesinados, mientras que el menos sangriento fue el 2019, con 19, según las estadísticas policiales.

Este año, precisamente, se han presentado seis homicidios, entre los cuales está el del colegial de 14 años asesinado de 10 tiros en La Carbonera, en Paso Ancho de San Sebastián, San José, por lo cual desde el 9 de marzo anterior se le solicitó una entrevista al OIJ para conversar sobre este fenómeno, pero no fue posible obtenerla al cierre de esta nota.

‘Son muertes aleatorias’

Si hay algo que queda claro tras analizar este fenómeno de la inclusión de menores en las bandas criminales, es que los adolescentes no tienen mayor importancia dentro de la estructura.

Son personas que esencialmente son utilizadas por su gran disposición para colaborar en cualquier asunto que se les pida. Sin embargo, pese a su “dedicación”, los criminales ni siquiera los consideran parte del grupo delictivo, según detalló el fiscal adjunto en material penal juvenil, Luis Diego Hernández.

Entonces, por ello, se descarta que los asesinatos de los menores sean planeados, o al menos no lo son en la gran mayoría.

Para Hernández, estos crímenes obedecen sobre todo a una frase cruel y trillada: estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto.

“Generalmente, los asesinatos planeados, dirigidos, responden a personas que son líderes o que están en una escala superior, no en la que están generalmente los menores de edad. Son más como (muertes) aleatorias, a que la persona estaba ahí y la matan, y ya”, dijo.

Y, cuando son asesinados por orden del cabecilla, esto se da porque el menor probablemente cometió una falta de lealtad con el grupo y necesitan enviar un mensaje de miedo al resto de miembros.

“Incurrió en alguna traición y por eso acaban con su vida. Pero no lo hacen porque sea una persona importante o porque la organización se vea quebrantada por su falta, sino para imponer respeto y para enviar un mensaje de que quien traiciona se muere”, añadió el fiscal.

Problema social

Más allá del asesinato puntual, el fiscal Hernández dijo que esto desnuda una problemática social “gravísima” y la urgencia de que, como país, se genere una verdadera política pública en este sentido.

Explicó que sería más difícil escuchar de este tipo de homicidios si los menores estuvieran en sus casas y con sus papás siempre vigilantes, y si el Estado les brindara también apoyo emocional, educativo y hasta económico, en caso de necesitarlo.

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aseguró que, desde su competencia, sí se trabaja en evitar estos “actos de violencia” en los que varios menores han perdido la vida.

Esa labor, indicó la entidad, se ha intensificado aún más después de varios asesinatos de jóvenes, ocurridos semanas atrás.

Por medio del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), que está conformado por 27 instancias, se ha instado a incrementar las estrategias para la prevención de la violencia y la promoción de relaciones sanas.

También, señaló, se solicitó una reunión tanto con Michael Soto como con Fiorella Salazar, ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz, respectivamente.

Con el primero se busca conocer la posibilidad de incluir en el currículo de los policías el abordaje respetuoso de la niñez y adolescencia.

Con la segunda se pretende fortalecer el trabajo de los Centros Cívicos y los Centros de Intervención Temprana “para la detección de factores de riesgo en escolares y colegiales, con el fin de dar una respuesta interinstitucional para prevenir la violencia y el delito”, precisó el PANI.

Se desconoce si se efectuaron dichos encuentros.

Asesinato de menor quedó impune

Seis años después de que los gatilleros asesinaran al menor de 12 años, el caso quedó impune ya que, pese a las diligencias realizadas por la Policía Judicial, no fue posible vincular a ninguna persona con los hechos, según la Fiscalía de Pavas.

Por ello, la investigación que se tramitó bajo el expediente 15-007459-0042-PE está con un archivo fiscal.

Lo anterior significa que, en caso de obtenerse alguna prueba importante, el expediente puede ser reabierto.