3 junio

Las angustias de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales hicieron sombra al informe de la comisión legislativa constituida para investigar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una lectura obligatoria para todo interesado en entender los excesos del gasto universitario y la necesidad de cuestionar su distribución.

El informe no solo denuncia los conocidos excesos en remuneraciones, sino la distribución de los recursos entre las universidades y, en lo interno de las casas de estudio, el gasto en las instalaciones centrales comparado con la inversión en sedes regionales.

En síntesis, el grueso de los recursos públicos invertidos en educación superior fluye hacia la formación de profesionales en áreas de muy poca demanda.

Las conclusiones de los legisladores están en perfecta armonía con las súplicas de las instituciones abocadas a atraer inversiones, diversificar la producción y abrir mercados.

En el 2019, la Universidad de Costa Rica se adjudicó el 57,79 % del FEES; la UNA, el 23,40 %; la UNED, el 7,51 %; y el Instituto Tecnológico, cuyos graduados consiguen empleo con facilidad en las áreas de la economía donde se está produciendo la cuarta revolución industrial, apenas recibió el 11,30 %.

Los profesionales del Tecnológico hacen mucho más por el país que simplemente conseguir empleo, pagar impuestos y cargas sociales o mantener familias.

Son un elemento esencial de la atracción de inversiones. Así, benefician a gran cantidad de trabajadores de todos los estratos sociales. Sin embargo, rechaza miles de solicitudes de ingreso todos los años por falta de presupuesto para ampliar las plazas.

No se trata de dejar de cultivar las ciencias sociales y humanidades, pero sí de dar más oportunidad a la formación científica y tecnológica, reducida al 16 % de la oferta académica total si se hacen a un lado las ciencias de la salud.

La cuantiosa inversión de la sociedad costarricense en educación superior no debe estar escrita en piedra ni ser indiferente a las necesidades del desarrollo.

Las transformaciones económicas y sociales impulsadas por la tecnología son obvias y la formación universitaria debe seguirles el paso, so pena de un peligroso rezago nacional.

Por eso, los diputados recomiendan distribuir el FEES según los dictados de la planificación y un sistema de evaluaciones rigurosas.

El Tecnológico, dice el informe de la comisión, no tardaría en obtener una mayor proporción de los recursos gracias a su eficiencia y la adaptación de su oferta académica a las demandas de una sociedad en rápido proceso de transformación.

Las conclusiones de los legisladores están en perfecta armonía con las súplicas de las instituciones abocadas a atraer inversiones, diversificar la producción y abrir mercados, entre ellas la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, cuyos llamados a ampliar la oferta científica y técnica son constantes.

Pero la comisión legislativa también encontró motivos de insatisfacción en ese otro aspecto, más conocido, de la distribución del FEES: el destino de una proporción “insostenible” de los fondos al pago de remuneraciones e incentivos.

Más del 50 % del dinero tiene ese fin y, como quedó evidenciado en la amplia investigación, "los salarios de todas las clases dentro de las universidades tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público, pese a desempeñar las mismas funciones o similares”.

El criterio de los diputados coincidió con el de las representaciones estudiantiles del Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional (UNA). Ambas reconocieron ante los legisladores los abusos salariales existentes y piden corregirlos, aunque los principales excesos no se dan en sus centros de estudio, sino en la Universidad de Costa Rica.

No son beneficios a los cuales se renuncia con facilidad. Los legisladores se sintieron obligados a denunciar “los límites que están dispuestos a cruzar, desde lo interno de las universidades, con el fin de ejercer una férrea defensa de los abusivos privilegios que socavan el futuro de la educación superior pública costarricense".

Dicen haber recibido ataques sistemáticos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), gestados con fondos públicos para desprestigiar el trabajo de la Comisión, y señalaron la hostilidad sufrida por un estudiante crítico de los excesos y la promoción de una denuncia por prevaricato contra ellos por el exrector de la UCR Henning Jensen.

El documento debe ser retomado en cuanto se presente la oportunidad. Los llamados a la reforma contenidos en él exigen una profunda discusión nacional sobre la mejor manera de sacar provecho a lo invertido.