Editorial

Editorial: Suspensión de rebaja tarifaria

Puesto a elegir entre los autobuseros y los usuarios, también afectados por la pandemia, el intendente optó por los proveedores del servicio pese al resultado de una fórmula de cálculo preestablecida y respetada hasta el momento.

Las empresas de transporte público conservaron el 50 % del canon de regulación recaudado de los pasajeros a lo largo de los últimos meses, de conformidad con una ley promovida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para aliviar los efectos de la pandemia. También se les redujo el pago del marchamo del 2020 y se les permitió suspender y reducir jornadas, operar con el 50 % de la flotilla y distanciar los horarios.

De los ¢702.000 millones canalizados por las entidades financieras a sectores afectados por la crisis, ¢32.200 millones fueron colocados en empresas del transporte, en su mayoría autobuseros. Los bancos readecuaron préstamos. El Nacional, por ejemplo, dice haberlo hecho con el 80 % del crédito colocado en el sector del transporte, en especial, los concesionarios de autobuses.

Todo ese apoyo se justificó por la necesidad de dar continuidad al servicio en las difíciles circunstancias creadas a lo largo y ancho de la economía por la covid-19. El transporte remunerado de personas no es, ni remotamente, el único giro afectado, pero la demanda cayó en un 55 % según la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).

Por su parte, los usuarios incluyen a los sectores más humildes de la sociedad, así como a capas medias en cuyas filas la pandemia hizo estragos. El desempleo superó la quinta parte de la población y otros trabajadores quedaron en espera de reanudar relaciones de trabajo suspendidas temporalmente. Muchos se resignaron a ganar salarios reducidos de conformidad con la legislación aprobada para hacer frente a la emergencia.

Un número relativamente bajo de personas necesitadas disfrutó de los planes de ayuda estatal, como el bono proteger, pero, aun en esos casos, el apoyo fue muy limitado en monto y tiempo de duración. La pobreza creció y gran cantidad de hogares conoció, además del hambre, otros duros efectos de la pandemia.

Ahora, la metodología de ajuste extraordinario aplicada por la Aresep dos veces al año a las tarifas de transporte público arrojó un resultado esperanzador para esos sectores. En promedio, los pasajes deben abaratarse en un 4,76 %. De 3.837 tarifas vigentes, 3.062 (el 80 %) deben reducirse entre ¢5 y ¢50. En el resto, la variación a favor del usuario puede alcanzar hasta ¢425.

Para buena parte de los usuarios, el transporte es un rubro muy significativo como porcentaje del salario y las rebajas, multiplicadas por el número de viajes indispensables para ganarse la vida, significan mucho para la economía familiar, especialmente en las circunstancias de pandemia todavía no superadas.

Pero la alegría duró poco. Sorpresivamente, el intendente de transportes de la Aresep, Edward Araya Rodríguez, cambió las reglas del juego y congeló el ajuste a la baja «hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo». Las condiciones actuales, claro está, de los concesionarios.

Puesto a elegir entre ellos y los usuarios, también afectados, el intendente optó por los proveedores del servicio pese al resultado de una fórmula de cálculo preestablecida y respetada hasta el momento. El ex regulador general y economista Dennis Meléndez Howell no pudo contener la exclamación: ¡Es una injusticia!

Los ajustes extraordinarios se hacen cada seis meses, de oficio, por decisión de la Junta Directiva de la Aresep con la misma metodología desde el 2012. No está clara la facultad del intendente para dejar la resolución en suspenso, pero, en todo caso, la decisión es inusitada. «Los usuarios, si se quiere, han sido los verdaderos perjudicados de la pandemia. A los autobuseros, sin pretender negar que los afectó, se les dieron todas las flexibilidades», afirma Meléndez

En este caso, como en muchos otros, vale la pena decirlo, un sistema más preciso de medición de la demanda, como el cobro electrónico, habría ayudado a acreditar, ruta por ruta, los efectos de la pandemia. Los concesionarios han estado entre los principales obstáculos para adoptar el sistema. Tal vez ahora sí lo encuentren aceptable, junto con la sectorización necesaria para reducir costos y aumentar la eficiencia.