En una decisión sin precedentes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) suspendió la rebaja nacional en las tarifas de bus para cuidar las finanzas de las empresas de transporte.
Este mes, los usuarios de autobús iban a tener una reducción en los pasajes, como lo determinó la metodología de ajuste extraordinario que Aresep aplica dos veces al año.
De 3.837 tarifas vigentes, a 3.062 (80%) se les debían reducir de ¢5 a ¢50 en favor de los pasajeros. A otras 538 (14%), entre ¢55 y ¢100, y a 139 (3,62%) más de ¢105 a ¢200.
Además, había 83 tarifas que debían reducirse entre ¢205 y ¢350, mientras 15 pasajes verían caídas de entre ¢355 y ¢425.
Sin embargo, todos esos montos quedaron en suspenso hasta nuevo aviso.
Así lo dice la resolución RE-0043-IT-2021 del 8 de julio, mediante la cual el intendente de Transportes, Édward Araya Rodríguez, congeló la reducción de 4,76% promedio en las tarifas “hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo”, en referencia a los efectos de la pandemia en los ingresos de los empresarios.
Según el documento, la Intendencia realizará informes de seguimiento trimestrales “para determinar si la situación sanitaria y del sector autobusero presentan condiciones diferentes a las actuales que permitan la aplicación del ajuste tarifario sin afectar la continuidad en la prestación del servicio”.
La decisión, dijo, busca preservar la continuidad del transporte público, pues desde noviembre, seis operadores renunciaron a la prestación del servicio en ocho rutas, alegando, principalmente, una difícil situación económica.
“Ante esta situación, aplicar el ajuste propuesto en las tarifas en este momento, según lo sometido a audiencia pública, constituye un riesgo de que otras empresas se sumen a las que ya han renunciado a sus rutas”, agrega el intendente.
La decisión, sin embargo, contraviene la metodología vigente desde el 2012. Con base en una fórmula se realizan ajustes extraordinarios en pasajes cada seis meses y se hacen de oficio por decisión de la Junta Directiva de la Aresep.
Aparte de la consideración de no hacer rebaja en tarifas, los autobuseros también recibieron otros beneficios.
Los diputados, por ley promovida por la misma Aresep, les permitieron dejarse el 50% del canon de regulación que recaudan de los pasajeros, como señala el expediente tarifario ET-001-2021 abierto en enero.
La intención del plan de ley fue la misma: aliviar las cargas de los transportistas. Así, lo aprobó la Asamblea Legislativa el 29 de octubre, como parte de un texto que también les redujo el pago del marchamo del 2020 ante el impacto de la pandemia.
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El exregulador general y economista, Dennis Meléndez Howell, también recordó que a los transportistas se les dio permiso de suspender y reducir jornadas, operar con 50% de su flota y horarios distanciados para ahorrar.
“Y ahora, tras cuernos palos: sin ningún sustento legal, lógico ni moral, se les escamotea a los pasajeros la rebaja. ¡Qué injusticia!”, aseveró.
En defensa
La primera voz que se levantó en contra de la rebaja de los pasajes fue la del Consejo de Transporte Público (CTP).
Desde mayo, ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se opuso a la reducción de las tarifas. Ese rechazo, dijo, era “para proteger y garantizar” la continuidad del servicio y resguardar el equilibrio económico y financiero de los operadores.
Por eso pidió “suspender, ampliar, o prorrogar en el tiempo cualesquiera obligaciones, rebajas de tarifas, incremento de cánones y de derechos asociados a la actividad en tanto se pueden retomar las condiciones de normalidad bajo las cuales se suscribieron los contratos de concesión”.
Según Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), la cual agrupa a los autobuseros, el sector requiere de esa protección porque han sufrido una caída en la demanda hasta de 55%.
“Es una valoración sana que dimensionó la realidad del sector tal y como primero lo planteó el CTP. Es un razonamiento lógico de la Intendencia. Para los usuarios es una medida temporal que deja, sin embargo, intacta la prestación del servicio en las comunidades al prevenir el cierre de otras empresas”, expresó.
Para ella, las medidas en favor de los autobuseros “han sido paliativas y no de reactivación”.
“Falta una política pública sectorial para levantar a los transportistas que incluya el apoyo del sector bancario. Para nadie es secreto que 96% de las empresas operan endeudadas”.
“Los bancos podrían ser nuestros socios mediante una revisión de tasas de interés para mejorar las condiciones de los préstamos o refinanciarlos ya que, hasta ahora, los empresarios solo han tenido moratorias en sus pagos”, agregó.
A pesar del reclamo de Bolaños, datos del Banco Central indican que los autobuseros recibieron créditos en condiciones blandas para afrontar la pandemia.
De los ¢702.000 millones entregados a las entidades financieras para que los prestaran a clientes afectados por la crisis, ¢32.200 millones lo recibieron empresas del sector transporte, en su mayoría autobuseros.
Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, explicó en junio esa entidad readecuó el 80% del crédito al sector transporte, en especial, a los grandes concesionarios de autobuses.
‘Injusticia’
Dennis Meléndez afirma que la decisión de la Intendencia de Transportes es improcedente y violatoria de la ley, pues si se había determinado una rebaja, debía aplicarla.
“Es una insólita injusticia con los usuarios que, si se quiere, han sido los verdaderos perjudicados de la pandemia. A los autobuseros, sin pretender negar que los afectó, se les dieron todas las flexibilidades”, apuntó.
William Villalobos Herrera, abogado especializado en Derecho Público y Regulación Económica, recordó que las metodologías en materia regulatoria previenen decisiones basadas en criterios discrecionales del regulador.
“Lo que estamos viviendo acá es la materialización de un riesgo regulatorio que puede conducirnos a los llamados fallos de la regulación, en este caso, un típico caso de captura del regulador”, explicó.
Villalobos Herrera puso el ejemplo de los ajustes extraordinarios a los precios de combustibles, en los que consistentemente la ejecución de las resoluciones es inmediata para los consumidores. No obstante, en este caso, dijo, “se opta por suspender la ejecución de una resolución beneficiando a los autobuseros en perjuicio de los usuarios”.
El abogado incluso cuestionó si el intendente tiene la potestad para decidir cuándo ejecutar los ajustes o decidir si se suspenden. A su entender, no dispone de tal autoridad.
“En mi criterio, la suspensión de no aplicar un ajuste de tarifa debe emitirla el mismo órgano que dictó la metodología, como es la Junta Directiva, y no el propio intendente. Basta con cuestionarse qué condición normativa le otorga en forma expresa a él esa potestad”, argumentó.