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La forma como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió el pasado miércoles a la Fiscalía General y, en particular, a la fiscala a cargo de un caso de aparente evasión tributaria, no debe pasar inadvertida; tampoco, su intención de colocar a la Procuraduría en una posición en la cual no puede ejercer sus competencias adecuadamente.
Expresiones como “ya no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía”, “lo hizo muy rápido” y “trabajó en vacaciones”, no sorprenden en una persona dada a las hipérboles sin sustento. Y si eran reprobables en la campaña electoral, lo son todavía más cuando provienen de un mandatario, que debería conocer plenamente el sentido de las leyes y el funcionamiento del sistema republicano.
Hasta ahora, no existía antecedente de una conducta similar, ni siquiera durante la época del bipartidismo ni en los ocho años del Partido Acción Ciudadana (PAC), a los cuales las nuevas políticas, principalmente de corte populista, les achacan todos los males de la sociedad. En algunos casos tienen razón; sin embargo, ninguno de esos gobiernos fue irrespetuoso sobre la labor del Ministerio Público ni se sobrepasó en el trato con el abogado del Estado. Esto, a pesar de que en más de un caso sus mandatarios o partidos estuvieron bajo el escrutinio acusador de la Fiscalía.
En muchas partes del mundo, los fiscales son nombrados por el poder ejecutivo y se constituyen en instrumentos para perdonar a los amigos o perseguir a los enemigos. Costa Rica, en cambio, dio un gran paso en el sentido contrario y correcto, con la idea de que el órgano ejecutor de la acción penal esté fuera del Poder Ejecutivo.
Un intento de presionar a la Procuraduría para que acusara, invocando el artículo 16 del Código Procesal Penal, ocurrió en el caso del cemento chino, en el 2017. Pero no se trató de una petición del gobierno, sino de un jefe de fracción, una cámara de empresarios y un candidato presidencial. El procurador general de la República en ese momento, Julio Jurado Fernández, calificó de imprudente “intentar ejercer una acción que no se ha ejercido en el pasado y cuyo desarrollo normativo no está claro”. Lo mismo se puede decir de la iniciativa de Chaves.
El artículo 16, al cual pretende recurrir el presidente, es inoperante en la práctica. Mal haría al tratar de torcerlo y gran favor sería si el Legislativo lo deroga. La Procuraduría nunca acusa, no ejerce esa función y no la ha ejercido porque no solo carece de los recursos materiales y jurídicos —como explicó el viernes la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas—, sino también por cuanto no debe erigirse en un sistema de justicia paralelo si el resultado del trabajo del Ministerio Público es distinto del esperado por el Ejecutivo.
Otra de las razones por las cuales es temerario tratar de trastocar el papel de la Procuraduría, desde el punto de vista legal, es el riesgo de poner en entredicho el resultado, dada su dificultad material para llevar adelante una investigación —cuyo músculo sí posee la Fiscalía, como lo prevé la ley— so pena de perder en Casación.
Afortunadamente, la Procuraduría es un organismo con independencia de criterio y, aunque está adscrita al Ministerio de Justicia, su jerarca no puede girarle órdenes, así como tampoco el Ejecutivo posee facultades para dirigir al Ministerio Público. De esa forma y no de otra opera el sistema. La justicia por encargo es inexistente en una democracia.
El hecho generador de la disconformidad del presidente tiene una particularidad que tampoco debe tomarse a la ligera. La persona investigada por supuesta evasión fiscal es dueña de un medio de comunicación incómodo para él, y que ha sido objeto —el medio y algunos de sus periodistas— de múltiples ataques del presidente. Por eso, despierta suspicacias el interés de la administración en este caso en concreto, sobre el cual la fiscala tenía razón al pedir el desistimiento, porque debió solicitar una prueba y Panamá no podía dársela, pues un principio básico de la cooperación penal internacional es la doble incriminación, es decir, la conducta atribuida a un investigado debe ser delito en ambas partes. La prueba, por tanto, no llegará nunca, aunque el mandatario proteste en las redes sociales.
Las declaraciones del presidente Chaves son también particularmente inquietantes porque, muy probablemente, dentro de poco la Fiscalía General de la República deberá investigar denuncias en relación con el financiamiento de la campaña del partido político que lo llevó al poder, que podrían extenderse no solo a connotados colaboradores de su campaña, sino también al propio presidente. Abonar el terreno desde ahora para quitar validez a las actuaciones del Ministerio Público, achacándole “conflictos de intereses”, se suma a la visita realizada al Poder Judicial en sus primeros días de gobierno, a los epítetos contra el Poder Legislativo y, antes de las votaciones, las manifestaciones de una de algunas de sus candidatas a diputadas sobre la fiabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Contra este tipo de indebidas presiones, debemos estar atentos, tanto el fiscal Carlo Israel Díaz como la totalidad del país.
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