Julio Jurado, procurador general, concluyó ante los magistrados que la imposición de un límite máximo de ¢2,6 millones a las jubilaciones está fundamentada en valores y principios constitucionales y de solidaridad, y que, además, persigue un fin público, por lo que su aplicación es válida.

El acuerdo se tomó este lunes en la sesión de la tarde por mayoría de 13 votos y uno en contra.

La Procuraduría de la Ética Pública querelló y demandó civilmente al exdiputado de Renovación Costarricense Abelino Esquivel Quesada, por los supuestos cobros indebidos que hizo a subalternos en la Asamblea Legislativa durante el 2017 y hasta abril pasado.