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Hay, cuando menos, tres razones de fondo para fundamentar la improcedencia de la propuesta de convertir a la Procuraduría en un ente acusador.

Empresarios urgen garantizar la seguridad jurídica y la ‘aplicación uniforme’ de la ley, respetando la ‘independencia de poderes’.

El artículo 16, al cual pretende recurrir el presidente, es inoperante en la práctica. Mal haría el Poder Ejecutivo en tratar de torcerlo y gran favor sería si el Poder Legislativo lo deroga.

Magda Inés Rojas, procuradora adjunta, explicó que la ley no le otorgó medios jurídicos y técnicos a la PGR para encargarse de investigaciones penales, como propone el presidente Rodrigo Chaves.

Entidad rechaza denuncia anónima al considerar que su intervención sería ‘innecesaria e ineficiente’, pues el asunto ya se encuentra en estudio del Consejo de Gobierno.

Afirma que irrespetar la independencia de poderes equivale a caer en el autoritarismo, el abuso de poder y el uso de instituciones para beneficio propio.

Explica que la ley asignó al Ministerio Público la potestad acusatoria, pero un artículo que habla de la Procuraduría quedó en el Código Procesal Penal, desconectado del resto de la normativa.

Miembros del PLN, PUSC, Nueva República, Frente Amplio y PLP califican de irrespeto al Poder Judicial lo que plantea el presidente y sienten alarman ante sus señales. ‘Se pasó de la raya’, dicen.

Magda Inés Rojas dijo a ‘CRHoy’ que será la PGR la que decidirá la estrategia a seguir en el supuesto ‘megacaso’ y que la institución ya formaba parte del proceso.

‘Ya no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía’, alega el mandatario Rodrigo Chaves al anunciar la intención de usar a la Procuraduría.