El Código Procesal Penal faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar acciones penales, pero en la práctica el ejercicio de esa facultad enfrenta serias dificultades, advirtió el procurador general de la República, Julio Jurado.
"La Procuraduría quedó mencionada en el artículo 16 (del Código Procesal Penal) diciendo 'usted tiene la acción penal', pero eso no está regulado más allá de esa norma. Entonces, hay un déficit de normativa que crea un riesgo muy grande desde el punto de vista jurídico, porque hay inseguridad sobre la forma en que participaría la Procuraduría", enfatizó, para luego agregar que esa disposición es un 'resabio' del procedimiento penal anterior, que se viene arrastrando por décadas.
El abogado señaló que sería "imprudente, en el caso del cemento, intentar ejercer una acción que no se ha ejercido en el pasado y cuyo desarrollo normativo no está claro".
El jefe de fracción del PAC, Javier Cambronero; la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el candidato presidencial Juan Diego Castro han sugerido a la Procuraduría ejercer acciones penales en el caso del cemento, cuyas ramificaciones han llegado a los tres poderes de la República y a bancos del Estado.
Estos actores acusan al abogado del Estado de tomar acciones tardías, o lo acusan de ser un "simple espectador" ante los hechos denunciados en las instancias penales y ante la opinión pública.
Sin embargo, Jurado y su equipo carecen de las herramientas jurídicas necesarias para impulsar la acción penal más allá de un escrito inicial y es "imprudente" experimentar con el caso del cemento.
El artículo 16 del Código Procesal Penal indica que en los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional y otros la Procuraduría también podrá ejercer directamente la acción penal "sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público".
Una de las mayores preocupaciones de Jurado es que el procedimiento penal no indica explícitamente la coordinación que en esos casos habría con el Ministerio Público, ni le da la potestad de asumir la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"Alguien podría cuestionar dentro del proceso que tengamos esa dirección funcional... No tenemos antecedentes, no hay precedentes, y nosotros juzgamos que estos casos no son precisamente los casos más oportunos; más bien crea un riesgo dentro del proceso, que se vengan nulidades de prueba que se recaba, que no haya una adecuada coordinación con el Ministerio Público, que hayan choques y que eventualmente creemos escenarios en que la otra parte va a tener la oportunidad de poner en duda la prueba que se recabe", señaló el procurador.
La Procuraduría se encarga de la defensa de los intereses del Estado y, estructuralmente, está adscrita al Ministerio de Justicia, al Poder Ejecutivo, de manera que está separada del Poder Judicial.
Con prudencia. Los asuntos relacionados con el cemento chino y Coopelesca por la compra de la planta de Aguas Zarcas a la cementera Holcim, están bajo investigación del Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Corte Plena.
En la mayoría de las causas penales, la Procuraduría está a la espera del avance de las investigaciones para apersonarse como abogado del Estado, como ya lo hizo en tres de ellas. "Creo que hay que tener mucha prudencia, mucha calma y los procesos, desde el punto de vista penal, apenas se están iniciando", indicó Jurado.
Las causas están relacionadas con el posible desalmacenaje ilegal de cemento de Sinocem en julio de 2016 y el supuesto tráfico de influencias de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata a favor del empresario Juan Carlos Bolaños. Además, se investiga la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas por Holcim a Coopelesca.
El procurador de la Ética Pública, Ronald Víquez, indicó que hay tiempo para que la Procuraduría se presente. "No es necesario que me apersone si no tenemos el panorama amplio. Ha salido mucha información periodística, pero necesitamos que la situación sea analizada para tener una base técnica para tener demostrado un daño", afirmó.
La Procuraduría de la Ética estudia también tramitar denuncias, de índole administrativo, contra tres diputados, un viceministro y la expresidenta del BCR, por presuntos nexos con Bolaños. Entre los hechos que se analizan se encuentran los viajes en helicóptero facilitados por Bolaños, una llamada telefónica al presidente de la CNE y supuestas gestiones en favor del dueño de Sinocen Costa Rica.
Los denunciados son los legisladores Víctor Morales Zapata (hoy independiente, antes del PAC), Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Johnny Leiva (Unidad Social Cristiana). También, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR) Paola Mora Tumminelli, quien fue suspendida del cargo de directora, junto al resto de la directiva, por el Consejo de Gobierno, el 3 de octubre.
"En la Procuraduría ya hay denuncias que se están analizando en el marco de deber de probidad, pero es una investigación preliminar que no ha concluido. Ya hay denuncias penales en el Ministerio Público sobre los mismos hechos", dijo Jurado.
El procurador no descarta otras investigaciones éticas luego de que la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa emita el informe esperado a finales de noviembre.
Omisiones. La Procuraduría no intervino en la desestimación de la causa contra Guevara y Morales, retomada posteriormente, cuando el OIJ alertó de que los jueces resolvieron sin conocer las investigaciones donde se demostraba un intenso tráfico telefónico entre los involucrados.
"No hubo una reacción por varias situaciones: una, porque no nos habían notificado la causa, era una causa más; y dos, había una solicitud de desestimación que eventualmente estaba avalando la Sala III", dijo Víquez.
"No hubo coordinación. Somos parte y se nos debió poner en conocimiento todo lo que estaban investigando hasta ese momento, incluso antes de la solicitud de desestimación, solo para ver qué era y bajo qué probanzas se estaba llegando a esas conclusiones", lamentó el procurador.
Pese al antecedente, Víquez aseguró que la coordinación mejoró con el equipo de fiscales liderado por Emilia Navas, fiscal general adjunta, nombrada por la Corte luego de la suspensión del jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría.