Criss González, fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, explicó por qué desestimó la denuncia anónima enviada por el Ministerio de Hacienda sobre un supuesto “megacaso” de evasión fiscal relacionado con el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch Goldberg.
Según expuso, Hacienda le informó que, desde su perspectiva, los hechos se encontraban prescritos a nivel administrativo porque datan del periodo 2008-2015, por lo que remitió la denuncia como noticia criminis.
La Fiscalía analizó los elementos de prueba y solicitó un un peritaje a la sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial.
Esta sección remitió un informe el 21 de octubre del 2022 en el que comunicó que, para realizar la pericia contable, se necesitaba el “trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.
Entonces, la Fiscalía efectuó el requerimiento a sus pares en Panamá.
Sin embargo, según expuso la oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, su homólogo en Panamá comunicó que, en ese país, los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal no fueron tipificados sino hasta el 31 de enero del 2019, mediante Ley N.° 70, por lo que antes tales conductas “eran competencia de la esfera administrativa y no penal”.
“Lo anterior significaba que la asistencia penal internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y, por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, explicó la fiscal.
La denuncia anónima indicaba que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, había informado el Ministerio de Hacienda.
La fiscala Criss González agregó que, a la fecha, la solicitud de desestimación debe ser analizada por el Juzgado Penal y que, de acogerse, no implica un cierre definitivo del caso, ya que dicho requerimiento permite su eventual apertura en caso de obtenerse nuevos elementos para la investigación.
Responde a críticas de Rodrigo Chaves
González también se refirió a dos temas que hoy el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la achacó directamente a ella en conferencia de prensa, al cuestionar que el caso haya sido desestimado.
El primero es que la desestimación la haya solicitado el 2 de enero, en el periodo de cierre colectivo del Poder Judicial. El segundo es que ella fue subalterna de Leonel Baruch. Según el mandatario, eso implicaría un conflicto de intereses que la obligaba a abstenerse.
Sobre ese segundo punto, la fiscala explicó que ella ni siquiera conoce a Baruch. Lo que pasó es que, en 1999, trabajó en la Dirección Jurídica de Hacienda, bajo la dirección de la licenciada Dagmar Hering.
En aquella época, Baruch Goldberg era ministro de Hacienda, pero ella, en enero del 2000, pidió un permiso sin goce de salario para desarrollar otras actividades y se retiró de la función.
“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, dijo.
En cuanto a lo del 2 de enero, precisó que ese día ella estaba trabajando con normalidad.
“La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios informó, el martes 6 de diciembre de 2022, que un fiscal de nuestra oficina laboraría del 26 al 30 de diciembre y mi persona laboraría del día 2 al 6 de enero del presente año; además, se informó que los técnicos judiciales también trabajarían en esas fechas para dar soporte a los fiscales.
“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, expuso González.