Le voy a contar cómo llegamos a la pandemia y en la escuela o el colegio de sus hijos todavía carecen de Internet para evitarle a usted el sufrimiento de andar recogiendo guías, sacando fotocopias o recargando el celular para mantener alguna comunicación con los docentes.
Ni siquiera deberíamos estar discutiendo un acuerdo con la Fundación Omar Dengo (FOD) porque la conexión de los centros educativos, las oficinas del Ministerio de Educación (MEP) y las direcciones regionales está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desde el 2003, quizá desde antes.
Ha sido responsabilidad del ICE durante 18 años suministrar conectividad, dar asistencia técnica y proveer el equipo necesario para escuelas, colegios y oficinas del MEP.
El acuerdo se ha ido actualizando conforme la tecnología ha avanzado y el presupuesto, también. El ICE nunca ha trabajado gratis.
En el 2003 el MEP y el ICE firmaron el convenio para consolidar la Red de Innovación Educativa. El primero aportaba el dinero y el segundo, «los servicios de la nueva red avanzada de Internet» para todos los centros educativos, se lee en el documento firmado por Pablo Cob, como presidente del ICE; Manuel Antonio Bolaños, como ministro; y Abel Pacheco, en ese tiempo, presidente de la República.
El MEP todavía se consideraba «órgano rector de la educación pública del país», el «llamado a velar para que todo habitante tenga mayores y mejores oportunidades a una educación de calidad y con equidad». Su tarea sería, en adelante, coordinar, gestionar y definir los centros educativos y servicios necesarios para la Red de Innovación Educativa.
Transcurrieron diez años y el ICE, en el 2013, renovó el convenio, por cuanto, «como resultado de las gestiones de ambas partes», había logrado dotar de Internet «a 4.771» de los 4.934 centros educativos públicos.
Para alcanzar el objetivo, el ICE dijo haberse valido de diversas tecnologías y las velocidades de transferencia oscilaban entre los 128/64 Kbps y los 10 Mbps.
Al llegar Leonardo Garnier al Ministerio, lo tuvo claro: el ancho de banda era completamente insuficiente para las necesidades del sistema educativo.
Por consiguiente, al contrato con el ICE se le hizo una adenda el 2 de abril del 2013, pues consideraron «necesario extender y ampliar los anchos de banda de Internet en todos los centros educativos del país, para cumplir con las demandas de aprendizaje y producción, tanto para el fortalecimiento del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) como para incursionar en otros esquemas alternativos sobre tecnologías digitales en el aula... con el afán de coadyuvar al logro de las metas de mejoramiento educativo» y brindar opciones para que las poblaciones que contaban con recursos limitados tuvieran acceso a una educación de calidad que favoreciera y compensara las limitaciones de su entorno, con el fin de disminuir «la brecha social y de conocimiento», reza la adición.
Al MEP le tocaba, de nuevo, garantizar los recursos financieros para cubrir el costo de los servicios de conformidad con las nuevas condiciones acordadas en la adenda. El ICE, por su parte, se comprometía a tomar las medidas correspondientes con el fin de aumentar los anchos de banda según fuera posible al 100 % de los centros educativos públicos y de llevar a cabo el trabajo en conjunto con el MEP en aquellos casos en que la tecnología de ese momento impidiera aumentar la velocidad y se necesitara agregar alguna conexión extra.
En junio del 2017, un año antes de finalizar el gobierno de Luis Guillermo Solís, la ministra Sonia Marta Mora y Carlos Manuel Obregón lo refrescaron y convinieron ejecutar un «plan corto» para, una vez más, aumentar los anchos de banda, agregar nuevas conexiones para garantizar conectividad en la totalidad de los centros educativos públicos incluidos en el convenio original, «así como para la implementación de soluciones de infocomunicaciones, ICE Datacenter y servicios administrados».
El MEP, nuevamente, garantizaba los recursos financieros para cubrir el costo de los servicios, de conformidad con las condiciones dispuestas en el plan, y el ICE asumió el compromiso de ampliar los anchos de banda, efectuar un trabajo en conjunto con el MEP en aquellos casos en que la tecnología de la época impidiera aumentar la velocidad y agregar alguna conexión extra.
Asimismo, en común, iban a brindar «soluciones de infocomunicaciones, ICE Datacenter y servicios administrados», dice el documento.
Resulta difícil entender por qué, en agosto del 2018, tras miles de millones de dólares pagados al ICE a lo largo de 18 años, era preciso contratar a la FOD para el establecimiento de una Red Educativa Nacional de Banda Ancha, rebautizada Red Educativa del Bicentenario (REB), pasando por encima de la directriz según la cual la contratación de proveedores de telecomunicaciones está sujeta a la competencia. Las excepciones son posibles solo cuando se demuestre con criterios técnicos la inexistencia de oferentes en mejores condiciones.
Asombra, por otra parte, que el MEP afirme hoy que mediante el convenio con el ICE es imposible llevar a cabo un proyecto de la magnitud de la REB, pero cuando la FOD sacó el concurso por primera vez se lo adjudicó ¡al ICE en asocio con Huawei!
Me he ganado la medalla a la insensibilidad, porque de modo alguno disculpo los fallos por incompetencia ni me apiado de las lágrimas de quienes urgen a la Contraloría hacer la vista gorda.
El ICE tenía la responsabilidad, ya en el 2017, de conectar los centros educativos y las oficinas del MEP mediante fibra óptica; sin embargo, este gobierno se empeñó desde el primer día en ignorar el acuerdo, no pidió cuentas ni al MEP ni al ICE, y tomó la ruta equivocada: elegir a dedo. ¿Estatistas sin estatismo?
Las alianzas público-privadas son exitosas precisamente porque el ganador asume el riesgo y en los contratos se definen las sanciones por el incumplimiento o si lo entregado no satisface. Resulta difícil imaginar cómo podría la FOD sancionar a terceros contratados si alguno se declara en quiebra o deja el trabajo a medio terminar.
Una alianza público-privada, además, no debe generar el incentivo perverso de mantener dependencia del proveedor a perpetuidad, porque la obra nunca se da por acabada, pues el dinero fluirá mientras queden «detalles» y el pago debe estar ligado, por tanto, al cumplimiento de objetivos.
Que el MEP es un pésimo vigilante de cómo se invierten los recursos de los contribuyentes lo demuestra el fracaso de la construcción de centros educativos mediante el fideicomiso con el Banco Nacional; sin embargo, también es verdad que la Contraloría no fiscaliza a la FOD como un todo. Lo ha hecho, a perpetuidad, el MEP.
Ahora usted preguntará sobre la utilidad de este recuento si no resuelve el problema de sus hijos ni de los cientos de miles de estudiantes afectados por la inoperancia del MEP, del ICE y de los gobiernos. La respuesta la dio este domingo fray Víctor Manuel Mora Mesén en su artículo titulado «Entre el pasado y el futuro»: se sabe más de una sociedad escarbando su basura que analizando sus monumentos.
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