“Todo apunta a que el responsable principal es el Ministerio de Educación Pública (MEP), por la inacción y omisión de sus responsabilidades”.

Con esas palabras, Paola Valladares, diputada liberacionista y presidenta de la Comisión Especial de Desarrollo de Infraestructura, condenó este martes al MEP por no dar a tiempo la alerta para evitar lo que ella llama un “desastre” en la ejecución del fideicomiso educativo.

Se trató de un fondo de $167, 5 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se aprobó en 2013 para realizar 103 obras educativas. El Ministerio de Educación fungía como unidad supervisora del proyecto.

Al final, el dinero solo alcanzó para concluir 48 proyectos, otros 48 nunca comenzaron porque el dinero no alcanzó y siete fueron dejados abandonados, a medio construir, por las constructoras a cargo.

Ante estos resultados, la Comisión convocó para un careo a la jerarca de Educación, Giselle Cruz; a Lourdes Fernández, directora de fideicomisos del Banco Nacional; y al ministro de Hacienda, Elian Villegas.

“Ustedes, como Ministerio de Educación, han sido omisos de esa fiscalización, de esa supervisión, de dar la alerta en el tiempo oportuno para que este desastre no se diera. Seguiremos sentando responsabilidades, todo apunta a que el responsable principal es el Ministerio Educación Pública por la inacción y omisión de sus responsabilidades”, dijo Valladares.

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Desde el 2016, se sabía que el dinero no iba a alcanzar para construir todos los proyectos. El argumento del MEP es que los fondos no alcanzaron debido a que las estimaciones consideradas en el proyecto de ley del fideicomiso, aprobado en 2013, eran “referenciales” sin que existiera un estudio técnico que justificara el monto de cada iniciativa.

También, hubo terrenos que se cedieron al fideicomiso para realizar las obras que no eran aptos para construir.

Además, los planos que entregó la Dirección de Infraestructura del MEP para los proyectos estaban desfasados, por lo que hubo que arrancar por hacer diseños en cada uno de los centros y eso generó más atrasos.

Por su parte, el Banco Nacional, administrador del fideicomiso, tardó dos años en crear la unidad ejecutora y eso encareció los precios iniciales de referencia.

“Me hago responsable desde el momento en que yo asumí como ministra de Educación Pública. Del proceso que se venía llevando a cabo cuando inició la ley, desconocemos realmente los detalles de la elaboración de esta ley y cómo se incluyeron esos 103 centros educativos sin tener un estudio de preinversión”, declaró Cruz.

Ella asumió el cargo en julio de 2019.

La diputada Valladares, sin embargo, fustigó las manifestaciones de la jerarca.

“Para mí nunca será de recibo que quien asume una silla en la función pública diga que da la cara por lo que se hizo a partir de que asume esa silla. Eso no es la función pública, usted asume la silla con todo lo que haya detrás, así que ante esta comisión no es de recibo sus palabras en donde determina que puede dar cuenta de lo que sucedió a partir de su nombramiento. Tenía que haberse puesto estudiar a ver qué pasó antes de su nombramiento”, le dijo la diputada a Cruz.

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En esta comisión, la ministra afirmó que se necesitaban $27 millones para atender las siete obras restantes, de no contar con esos recursos habrá que reintegrar al BID $15,6 millones.

Sin respuestas

En busca de responsables, los legisladores consultaron quiénes eran los miembros del Comité de Vigilancia responsables de velar por la adecuada ejecución del fideicomiso.

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Lourdes Fernández dijo que no recordaba sus nombres.

Valladares, entonces, criticó la ausencia de una oportuna supervisión y seguimiento por parte del MEP dentro de la dinámica del fideicomiso para tomar las acciones correctivas, como ya lo había señalado un informe de la Contraloría General de la República.

Según la congresista, el Ministerio tuvo cinco años para gestionar y no lo hizo.

“Ustedes son los responsables de que hayan niños hoy que no tengan dónde estudiar(...). Todo esto es básicamente culpa y responsabilidad del Ministerio de Educación”, insistió.

El también verdiblanco Luis Fernando Chacón hizo énfasis en esa falta de supervisión del proyecto, pese a la existencia de recursos pues el gasto en inspección de las obras pasó de $4 millones a $6 millones.

“O sea, sí hubo recurso para inspeccionar. Lo que quiero es que la Unidad Ejecutora y el MEP le haga llegar a esta comisión quiénes son los responsables de la inspección con nombres y apellidos, de parte del Banco y de parte del MEP, porque aquí el problema no es dinero es problema responsabilidad en inspeccion”, dijo Chacón.

El diputado también reprochó la labor del Banco Nacional en la ejecución de este fideicomiso.

“El Banco Nacional no entra aquí de gratis, el Banco entra porque esto es un negocio para ellos. Ustedes cobraban comisiones ¿Por qué, como Unidad Ejecutora, no pararon este proyecto a tiempo si sabían que la tela no iba a dar para todas las banderas? ¿Por qué no advirtieron a tiempo si ustedes son responsables de la ejecución del proyecto?”, cuestionó el legislador.

La diputada Carmen Chang, del bloque Nueva República, le solicitó a la ministra de Educación indicar qué dirección o departamento del MEP fue el responsable de realizar el costo inicial de esas obras.

Giselle Cruz dijo que ella desconocía quiénes hicieron los costos o montos.

De la misma forma, Lourdes Fernández añadió que para ella es “un misterio” y no sabe a ciencia cierta de dónde salieron los cálculos de levantar las 103 obras con los $167, 5 millones.