El pasado 31 de diciembre del 2020 finalizó el plazo para ejecutar el fideicomiso aprobado por los diputados en 2013.

Al final, los $167,5 millones del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solo alcanzaron para 55 obras (53%). De esas 55, ocho no se entregaron a la fecha de finalización del fideicomiso.

Para las restantes 48, el MEP no logró encontrar los recursos.

A la fecha, el fideicomiso ha ejecutado la suma de $157,4 millones y los $10 millones restantes son para las ocho obras que faltan.

El fideicomiso se planeó en 2010 cuando se hicieron los cálculos financieros en el MEP. Los diputados lo aprobaron en el 2013 tal y como lo envió el MEP y se comenzó a ejecutar en 2015.

Carlos Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del proyecto del fideicomiso de MEP, justificó el incumplimiento por el aumento de costos que se dio desde el análisis financiero hasta la ejecución.

Durante ese tiempo, dijo, hubo que hacer obras no contempladas, como plantas de tratamiento, y nivelación y estabilización de taludes.

“La ley decía que había que construir las 103 obras. El problema es que nadie está llamado a lo imposible si el dinero no alcanza. Lo que va a ocurrir es que no se cumple con el objetivo en la ley, no hay ninguna consecuencia”, manifestó Rodríguez.

La gestión del fideicomiso estuvo a cargo del Banco Nacional de Costa Rica, mientras que el MEP figura como unidad supervisora.

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MEP omitió estudios técnicos

Cuando en 2013, el MEP y los diputados aprobaron el fondo de $167,5 millones para construir las 103 obras, el valor de cada una se basó en estimaciones, sin estudio técnico. Así los diputados avalaron cálculos que estuvieron mal realizados.

Otro problema fue el atraso de más de dos años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), lo que encareció los costos de los centros educativos por desarrollar. Además, con el tiempo hubo cambios en los diseños de las escuelas, lo que también aumentó la inversión necesaria.

Cuando quedó confirmado que los recursos no alcanzarían, el MEP solicitó a la Contraloría General de la República autorización para crear un nuevo fondo con el cual completar las 48 obras.

La solicitud de una adenda para suscribir un nuevo fideicomiso fue rechazada por el órgano contralor en febrero de 2020. Igualmente, la Contraloría negó al MEP la posibilidad de eliminar del listado indicado en la ley, los centros que no se pudieron construir.

De esta forma, el MEP quedó obligado a levantar las 48 obras restantes y para hacerlo debía buscar entre su presupuesto los $139 millones que costarían, según nuevos cálculos. No fue posible.

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“Muy fácil estar sentado en el octavo piso”

“Para la Contraloría es muy fácil estar sentado en el octavo piso y decir ‘hay que conseguirlo’ . La pregunta que yo hago es: ¿están en otro mundo? Las condiciones del país, las restricciones económicas desde el 2014 para acá y gravísimas, con problemas fiscales, con problemas de crecimiento de precios, entonces, de dónde vamos a tomar nosotros como ministerio los recursos ¿de adónde?”, recriminó Rodríguez.

Según el funcionario, ellos dependen del presupuesto que se les asigne, por lo que realizaron las gestiones desde el 2018, sin que el Gobierno pudiera dar los recursos.

“Entonces, no podemos en este momento, y máxime en este momento que ya la fecha pasó, terminar de construir las 103 obras”, aseveró.

Lo único que se le pudo inyectar al fideicomiso fue la suma de ¢10.500 millones, producto de remanentes del Ministerio. Hasta ahí llegaron los esfuerzos dada la situación fiscal.

Rodríguez aseguró que la Administración y el fiduciario hicieron gestiones ante el Ministerio de Hacienda para solicitar los fondos para el 2021, pero tampoco se concretó, pues no se permitió que se canalizarán recursos de infraestructura educativa.

“En años anteriores se trató de buscar financiamiento externo, pero no fue posible dada la situación del país. El Ministerio negó hacer un empréstito adicional por la situación económica, que no permite generar recursos para completar las 103 obras”, añadió.

¿Qué va a pasar con los 48 centros faltantes?

Los 48 centros que no se construyeron con los $167,5 millones fueron trasladados a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIE) del MEP. Será esa dependencia del MEP la responsable.

No obstante, se desconoce cuándo serán construidos porque el presupuesto de la DIE para 2021 es de cerca de ₡25.000 millones y con eso se tienen que atender órdenes sanitarias y obras pendientes. La suma está lejos de los $139 millones (₡85.500 millones) necesarios para los proyectos faltantes.

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Entre esos están el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Hatillo; el Liceo de Siquirres, el de Corredores; el Liceo de Tierra Blanca, en Cartago, el CTP de La Carpio (los alumnos de este centro reciben clases en 10 locales de un centro comercial en La Uruca desde 2016) y el Liceo de Tobosi en El Guarco de Cartago.

En el caso de las ocho obras que no se pudieron entregar antes del 31 de diciembre del 2020, pero sí se tienen los fondos, son motivo de reclamos que realiza el Banco Nacional.

Según Rodríguez, el atraso se debió a que los consorcios constructores entraron en problemas internos que llevaron al Banco a rescindir los contratos.

Lourdes Fernández, directora de Fideicomisos del Banco Nacional, precisó que entre los proyectos faltantes están tres espacios deportivos multiuso (canchas): CTP 27 abril, CTP Hojancha y CTP Santa Lucía.

Además, la construcción de cinco proyectos completos: Escuela La Hermosa, Centro de Enseñanza Especial Santa Ana, Liceo de Santa Rosa, Escuela Azul y la Unidad Pedagógica Sotero González.

Estos están en un porcentaje de avance que va del 40% al 90% .

Rodríguez añadió que “si todo sale bien” esas ocho obras faltantes se entregarán antes de finalizar 2021.