terrenosEstado de la Nación advierte de lejanía de nuevas viviendas, comercios y otros establecimientos con servicios importantes para la calidad de vida de los habitantes; falta de planificación dificulta acceso rápido a escuelas, centros médicos, redes de cuido y entidades bancarias.
Un proyecto de ley que avanza en la corriente legislativa, establecería que los ocupantes actuales con más de un año de poseer inmuebles en terrenos invadidos, tendrán acceso al agua potable como derecho humano.
INVU incorporó cambios al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones junto a colegios profesionales y autoridades municipales.
Esta es la tercera ocasión en que se suspende la aplicación del cuestionado reglamento, aprobado por el Instituto en noviembre de 2019 y que debía regir desde febrero de 2020.
En entrevista con 'La Nación’, afirma que solo los desarrolladores urbanísticos se verían obligados a ceder un 10% del terreno a las municipalidades, para espacios públicos, y no cualquier persona que divida un lote superior a 900 metros cuadrados.
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