La bancada legislativa de Liberación Nacional (PLN) se opone a equilibrar el cobro del impuesto de renta entre los empleados públicos y los privados. Esta es una de las propuestas planteadas por el Gobierno dentro de la agenda de ajuste fiscal pactada con el FMI; sin embargo, el PLN le cerró la puerta.
El plan del Ejecutivo consiste en eliminar la exoneración del impuesto de renta de la que gozan los servidores públicos en el salario escolar, el cual forma parte de su salario ordinario. El planteamiento está incluido en el expediente sobre eliminación de exoneraciones fiscales.
La jefa de la fracción del PLN, María José Corrales, dijo que los diputados verdiblancos respaldan el criterio del candidato presidencial, José María Figueres, quien argumentó que la exoneración del salario escolar es una “conquista liberacionista”.
“Estamos en contra, efectivamente, de que se venga a cargar a la clase trabajadora de este país. A una clase trabajadora, clase media, que es la que al día de hoy carga la mayor cantidad de impuestos de la carga tributaria de Costa Rica”, afirmó la diputada Corrales.
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El impuesto de renta se cobra a todos los asalariados que ganen más de ¢862.000. Sin embargo, las diferencias son grandes entre los sectores públicos y privado. En el Estado, el 56% de los funcionarios gana por encima ese umbral, mientras que, a nivel de todos los asalariados del país, solo el 18% supera esa cifra.
El 10% de la planilla estatal, unos 32.000 servidores, ganan más de ¢2 millones y existen salarios públicos hasta de ¢18 millones.
Sin embargo, los funcionarios tienen la ventaja de que no deben tributar por uno de sus salarios gracias a una exoneración aprobada en el 2008. Ese beneficio le cuesta ¢43.560 millones al erario por año.
Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones, una por cada mes y el aguinaldo.
Gracias a la exoneración del salario escolar, los servidores pagan impuesto de renta tributo sobre el 86% de sus ingresos salariales y el resto de asalariados lo hace sobre el 92%.
El salario escolar no es un ahorro ni es fruto de deducciones que se acumulan a lo largo del año. La Sala Constitucional ha aclarado que se trata del salario ordinario de los servidores estatales, pero se paga en enero de cada año por una razón histórica surgida durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998), el cual no pudo pagar un aumento salarial y, entonces, lo compensó como un salario más a principios de año.
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La diputada Corrales insistió en que el PLN no apoyará “ningún proyecto de ley que venga a cargar de impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, que cada vez se ha visto más afectada por la afectación económica por la pandemia”.
“No vamos a estar tasando de alguna manera con nuevos impuestos”, insistió la liberacionista.
A la legisladora se le consultó si ese era un argumento válido, debido a que el Gobierno no aplicó reducciones de jornadas laborales o suspensiones de contratos en el sector público durante la pandemia, como sí ocurrió en el sector privado.
Corrales contestó: “Lo que estamos diciendo es que no vamos a afectar a ningún trabajador, a ninguna persona de la clase media”. Sin embargo, el plan tampoco crea ningún impuesto. Más bien, busca levantar una exoneración fiscal.
Contrario al alegato del PLN, la Contraloría General de la República (CGR) expuso a los diputados que la medida no solo generaría nuevos recursos al Estado, sino que también provocaría equidad con el resto de asalariados del sector privado, quienes sí deben pagar el impuesto por cada uno de sus componentes salariales, con excepción del aguinaldo.
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Yorleny León contradice a jefa del PLN
A la jefa de fracción también se le preguntó si existe consenso para oponerse como bloque al levantamiento de la exoneración fiscal para empleados públicos. Al respecto Corrales manifestó que “es un tema que hemos estado hablando y que continuaremos conversando a lo interno de la fracción”.
No obstante, la legisladora verdiblanca Yorleny León afirmó que ella está a favor de eliminar el beneficio fiscal a los trabajadores públicos. “A título personal estoy a favor del impuesto al salario escolar. A la fecha no he escuchado un razonamiento técnico relevante que justifique por qué no se deberá de cobrar el mismo. No me puedo desdecir de lo que creo y he sido vocal al respecto”.
Ante las consultas, tanto Carlos Ricardo Benavides como Wagner Jiménez sostuvieron que ya valoraron su posición con respecto al tema, pero que primero prefieren comunicar a sus compañeros su decisión.
PUSC a favor, en el PAC negocian
La semana pasada, la bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que apoyará la medida impulsada por el Gobierno. No obstante, su jefe de fracción, Pablo Heriberto Abarca, adelantó que promoverán cambios para mantener las tasas en algunas remesas, así como para sostener varias exoneraciones que el Gobierno plantea eliminar con el proyecto de ley.
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Mientras, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) aún no logran un acuerdo para aportar todos sus votos a la iniciativa. La diputada Laura Guido, jefa de la bancada oficialista, manifestó que ella está a favor de la iniciativa y que las negociaciones a lo interno de la fracción sobre varios de los proyectos del FMI continúan.
“Yo estoy de acuerdo con eliminar la exoneración (al salario escolar). Este es un tema que además ha sido saldado en criterios de la Procuraduría General de la República e incluso en sentencias de la Sala Constitucional, de que tenerlo exento si supera los niveles de renta pierda sentido en tanto tiene que ver con ingreso extraordinario que genera riqueza.
“Siendo ese ingreso extraordinario, que además no reciben todos los costarricenses, sino solo las personas funcionarias públicas, el que haya un gravamen en términos de renta donde los que más ganan más paguen, me parece que es un tema de justicia y que es lo correcto.
“Y además porque estoy muy consciente de que, si bien uno no quiere ver nuevos impuestos, lo cierto es que la insuficiencia de ingresos está debilitando las funciones del Estado y, la única forma de evitar que ese debilitamiento se traslade a educación, salud, cultura, y otros temas sensibles, es haciendo un aporte común para eso”, afirmó Guido.