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En tiempos de teletrabajo, es usual preguntarse si un funcionario tiene que ir hasta la sede de su trabajo para acceder a un servicio de transporte con fines laborales. La Contraloría General se pronunció al respecto.

Ministerio de Trabajo presentó informe luego de que, el pasado 15 de junio, el Gobierno comunicó que estos funcionarios tenían un mes para devolver el dinero.

Despedidos protestaron frente a la Asamblea Legislativa y entregaron una pieza de correspondencia en la que solicitan una compensación económica.

El proyecto de ley de reforma a los estatutos del Servicio Civil contenía una serie de prohibiciones a los empleados públicos.

Acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados del FA pide anular confidencialidad de artículos 24 y 25 de la ley anticorrupción.

¿Los empleados públicos podrían ser enviados a teletrabajar como medida para aliviar el aumento en el precio de los combustibles? El Gobierno lo descarta y da sus razones.

Solo en la CCSS ese beneficio cuesta ¢750 millones por mes, según datos de Auditoría Interna. Iniciativa también liquidaría fondos especiales de retiro en otras cuatro instituciones.

Hacienda no especificó a qué se debe la decisión de adelantar el depósito de las remuneraciones.

Un proyecto de ley, respaldado por la Contraloría, establecería la suspensión salarial para servidores separados por orden administrativa o judicial durante investigaciones; el plan recurre a jurisprudencia de salas II y IV.

Afirma que es mentira que la ley de empleo público fuese impuesta por el FMI. Sostiene que la ley fue impulsada desde el 2019 en beneficio del interés general, no de un grupo específico.