Figueres protege exoneración fiscal de funcionarios públicos en salario escolar

De esta manera, el aspirante liberacionista le restó apoyo a uno de los proyectos planteados por el gobierno de Carlos Alvarado como parte de la agenda de saneamiento de las finanzas públicas pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el capítulo de eliminación de exoneraciones fiscales.

Según ha dicho la Sala IV, el salario escolar de los funcionarios públicos no es un ahorro ni un bono para apoyar la entrada a clases, pues no depende de tener hijos estudiando. Simplemente, es parte del salario normal de los servidores y, por razones históricas, se convirtió en un pago adicional a principios de año, según ha resuelto la Sala IV.

Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones, una por cada mes y el aguinaldo.

No obstante, en el 2008, el Congreso les concedió a los empleados públicos una exoneración del impuesto de renta en el salario escolar mediante el artículo 35 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Así, los funcionarios públicos pagan tributo sobre el 86% de sus ingresos salariales y el resto de asalariados del país lo hace sobre el 92%, siempre que se supere el umbral de los ¢862.000 mensuales

El gobierno de Carlos Alvarado propuso eliminar esta exoneración y cobrar el impuesto a los salarios escolares superiores a ¢862.000 para proveerle al fisco unos ¢43.560 millones anuales. La Contraloría General de la República consideró que el plan traería igualdad.

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No obstante, Figueres sostuvo: “No vamos a estar con un cobro al salario escolar. El salario escolar es una conquista liberacionista, no es más que una retención que se hace durante el año y que, después, se le retribuye al empleado, como lo ha dictaminado la Sala Constitucional, y no tiene que ser sometido a otro impuesto”.

Así lo dijo después de presentar a Rodrigo Arias como candidato a diputado por San José para las elecciones 2022.

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Por medio de su encargado de prensa, este medio le consultó a Figueres cuál impuesto pagan actualmente los funcionarios públicos en el salario escolar y respondió que se trató de un malentendido, pues se refería al impuesto que pretende incluir el Gobierno.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aclaró que hoy los funcionarios no pagan ningún tributo por el salario escolar, ni en el momento de recibirlo ni mensualmente.

“Hace varios años, la Asamblea aprobó una ley que exonera del impuesto sobre la renta el salario escolar”, indicó el jerarca.

De la agenda del FMI, José María Figueres también rechazó avanzar con el proyecto del impuesto a la lotería y, sobre el impuesto de casas de lujo, señaló que es necesario enmendar la propuesta para delegar a las municipalidades el cobro, sin bajar el piso de ¢133 millones a partir del cual las construcciones son gravadas.

¿Cómo nació el salario escolar?

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El salario escolar para los funcionarios públicos lo implementó Figueres cuando gobernó entre 1994 y 1998.

Se originó en un aumento salarial que el Gobierno no pudo pagar en el momento y que, entonces, decidió compensarlo como un decimo tercer salario, aparte del aguinaldo, en el mes de enero.

En la sentencia 2020-009188, la Sala IV sentenció que el salario escolar constituye un pago adicional ni un ahorro, sino que es una suma que ya era parte del patrimonio del trabajador y que el Estado decidió cancelar de manera diferida.

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En una nueva versión del proyecto de reducción de exoneraciones fiscales, el Gobierno propuso un mecanismo para evitar que los empleados públicos paguen impuesto de renta por el salario escolar, en los casos en los que las remuneraciones mensuales estén por debajo del monto a partir del cual se paga el tributo.

El ajuste respondió a la duda de qué pasa si un servidor público con un sueldo inferior a ¢862.000 supera ese monto en enero, cuando recibe el salario escolar. Tal es el caso de un empleado que gana ¢500.000 y que está exento siempre. Al devengar el salario escolar, su ingreso mensual sube a ¢1 millón, lo que lo haría sujeto de pagar renta.

Con la intención de evitar que eso ocurra, Zapote propuso crear una cédula especial para el salario escolar, con un tratamiento tributario separado.

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