El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigará las aparentes donaciones ilegales que MECO habría hecho a tres alcaldes, las cuales fueron reveladas en el expediente judicial del caso Diamante. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de esa institución confirmó este jueves a La Nación que abrió pesquisas preliminares, bajo la modalidad de estudio especial.
El TSE procurará determinar si Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago; y Alberto Cole de León, alcalde de Osa, recibieron donaciones ilegales para la campaña municipal del 2020. Ellos son de los partidos Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y PLN, respectivamente.
Adicionalmente, el Tribunal de Elecciones indagará sobre las supuestas donaciones que el alcalde de Alajuela, el liberacionista Humberto Soto Herrera, habría acordado con MECO para participar en las elecciones distritales del PLN, a cambio de inyectar ¢3.000 millones en contratos de obra pública a cargo de esta constructora.
Las pesquisas se abrieron el miércoles 17 de noviembre, dos días después de las detenciones de estos alcaldes por parte de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, según lo indicó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, en un correo eléctrico.
El Código Electoral prohíbe que las personas jurídicas hagan donaciones a los partidos políticos. Las contribuciones ilegales conllevan una pena que va de dos a cuatro años de prisión.
Por otra parte, el TSE también revisará las finanzas electorales de Rolando Araya Monge cuando fue precandidato del Partido Liberación Nacional. Actualmente, él es candidato del Partido Costa Rica Justa.
Alberto Cole y Mario Redondo, alcaldes de Osa y Cartago, respectivamente, son parte de los detenidos por el caso Diamante. (Archivo/La Nación)
Las donaciones
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En el expediente judicial del caso Diamante, se reveló que MECO habría financiado de manera ilegal las campañas electorales Mario Redondo Poveda y Alberto Cole de León antes de los comicios municipales de febrero del 2020.
Los aportes para la candidatura de Redondo Poveda se habrían concretado entre enero y febrero del 2020, con el fin de asegurar la elección. De acuerdo con el Ministerio Público, la intención de la compañía constructora era obtener favorecimientos indebidos a la hora de la asignación de proyectos de infraestructura vial.
La Fiscalía también sostiene que, a cambio de esas dádivas o promesas de retribución económica, Redondo Poveda intervino para que MECO ganara una licitación de ¢756 millones para atender la red vial del cantón de Cartago.
En el caso de Alberto Cole, los investigadores hallaron que los personeros de la constructora, entre enero y julio el 2020, le prometieron la entrega de una dádiva de ¢1,8 millones y financiar su campaña para la reelección en la Alcaldía de Osa, en la zona sur del país.
A cambio de esas dádivas o promesas de retribución, el alcalde del PLN habría efectuado actos contrarios a sus deberes e intervino para que MECO ganara una licitación para la pavimentación y construcción de obras en los caminos de ese cantón sureño, dice el expediente.
Los acercamientos entre Redondo y MECO trascendieron por primera vez en el expediente judicial del caso Cochinilla, el cual reveló que el alcalde cartaginés se reunió con el gerente de Operaciones de la constructora, Abel González, dentro de vehículos estacionados en parqueos de comercios, con el fin de hablar sobre un contrato para asfaltar vías municipales en este cantón.
En cuanto a Rolando Araya, el expediente cita que obtuvo $20.000 de parte del empresario Daniel Cruz Rojas, detenido en el operativo del caso Diamante. El candidato del partido Costa Rica Justa confirmó que recibió el dinero, sin embargo, descalificó la tesis del OIJ, el cual presume que Araya habría usado el dinero para financiar su precampaña en el PLN, a inicios del 2021.
Según el aspirante presidencial, se trató de un préstamo personal que le concedió la sociedad Desarrollo Daromacar, cuyos dueños son él y Daniel Cruz.
Dinero en efectivo complica fiscalización del TSE
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Consultado por este medio, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE afirmó que el flujo de dinero en efectivo “impide identificar con la precisión requerida la existencia de recursos —en ocasiones de naturaleza ilícita— que puedan introducirse en las campañas electorales”.
De acuerdo con el funcionario, el TSE sugiere desde el 2013 que se implementen mecanismos adicionales para reducir la dependencia de los partidos privados del financiamiento privado durante las campañas electorales.
“Y, con ello, reducir el riesgo de que en estas campañas se infiltren dineros provenientes de personas jurídicas y personas extranjeras, así como recursos asociados al blanqueamiento de capitales y otras actividades delictivas lucrativas”, razonó Chacón.
Las reformas que propone el Tribunal incluyen reformar el sistema de financiamiento anticipado, eliminar el uso de certificados de cesión y brindar transporte gratuito a los votantes el día de la elección, para abaratar los costos de las agrupaciones políticas.
