Los aportes para la candidatura de Redondo Poveda se habrían concretado entre enero y febrero de ese año, con el fin de asegurar la elección. De acuerdo con el Ministerio Público, la intención de la compañía era obtener favorecimientos indebidos a la hora de la asignación de proyectos de infraestructura vial.
El Código Electoral prohíbe que las personas jurídicas hagan donaciones a los partidos políticos. Las contribuciones ilegales conllevan una pena que va de dos a cuatro años de prisión.
La Policía Judicial concluyó que el financiamiento ilegal fue autorizado por Carlos Cerdas, dueño de MECO, y entregado por Abel González Carballo, gerente de Operaciones; y Alejandro Bolaños Salazar, gerente comercial y representante legal de esa compañía.
La Fiscalía también sostiene que, a cambio de esas dádivas o promesas de retribución económica, Redondo Poveda intervino para que MECO ganara una licitación de ¢756 millones para atender la red vial del cantón de Cartago.
En el caso de Alberto Cole, los investigadores hallaron que los personeros de la constructora, entre enero y julio el 2020, le prometieron la entrega de una dádiva de ¢1,8 millones y financiar su campaña para la reelección en la Alcaldía de Osa, en la zona sur del país.
A cambio de esas dádivas o promesas de retribución, el alcalde del PLN efectuó actos contrarios a sus deberes e intervino para que MECO ganara una licitación para la pavimentación y construcción de obras en los caminos de ese cantón sureño.
En el caso de Alberto Cole, el financiamiento ilegal, según la Fiscalía, fue gestionado por González Carballo y Bolaños Salazar, así como por Sergio Alvarado Sánchez.
