Ministro Luis Amador pide a Riteve entregar estaciones de revisión técnica

Ese día, a las 4 p. m., vencerá el contrato con la empresa de capital español y costarricense que lleva 20 años a cargo de la revisión técnica vehicular. “Sostengo la posición de que hasta que no esté la entrega de los activos ya orquestada, que la Notaría del Estado ya esté satisfecha de que tiene todos los documentos, hasta ese momento yo no puedo negociar”, declaró el ministro a La Nación.

Agregó que este viernes la compañía le envió ampos y una nota en la que indican la disponibilidad de sentarse a negociar. Esa información le llegó en respuesta a tres oficios que le mandó el ministro. En uno de ellos le solicitó la información sobre los activos que deben pasar a manos del Estado el 15 de julio; en otro le recordó que debe pagar las cargas sociales a sus trabajadores, quienes tienen derechos adquiridos y deben ser liquidados como indica la ley.

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Lo dicho por el ministro dibuja una alternativa diferente a las que se habían manejado hasta ahora, pues ya no se trataría de una prórroga al contrato, sino una nueva negociación.

Esto, según explicó, porque una vez que se reciban los bienes, las condiciones deben ser diferentes, ya que en caso de mantenerse, Riteve SyC solo lo haría como un operador del servicio.

“Se espera que haya una reducción en la tarifa, pero hasta que no entreguen los bienes no me puedo sentar a negociar, porque ya pagamos por eso (los edificios y otras inversiones). La conversación puede empezar en una semana, nada más necesitamos que la Notaría del Estado esté satisfecha de que se han entregado todos los documentos y se han hecho todas las gestiones por parte de Riteve, necesitamos saber que no está hipotecada, ni que tiene algún gravamen”, explicó

Agregó que de esta manera no es necesario esperar a que el país quede sin servicio, sino que puede hacerse la negociación y dejar en firme el traspaso para que se haga efectivo el 15 de julio a las 4 p.m.

Paralelo a esto, la Administración explora otras alternativas, confirmó el ministro, quien ha recibido llamadas de empresas de América del Sur que están interesadas en ofrecer el servicio.

“Hemos estado buscando una ruta en la cual como Estado podamos hacer algo para que el servicio continúe, pero que el precio baje, no estamos 100 % seguros de que esa ruta va funcionar. Paralelamente, hay un proyecto de ley; en paralelo podemos negociar con Riteve y si una empresa logra acreditarse, podríamos negociar con otra empresa, hay opciones”, concluyó.

La vocera de Riteve SyC, Jennifer Hidalgo, sostuvo que la posición de la empresa es que a partir del 15 de julio se procederá a “donar” los terrenos, instalaciones y equipos “tal y como establece el contrato”.

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Dijo que además están a la espera de que se les confirme una cita que solicitaron al jerarca.

“Respecto a la información solicitada por el ministro esta semana, efectivamente ya se respondió el oficio”, agregó.

Indicó que la incertidumbre sobre el futuro del servicio es vista como una posible causa de un aumento en el ausentismo de los propietarios de vehículos que deben acudir a Riteve.

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De acuerdo con los datos de la empresa, en el primer cuatrimestre del año, 88.228 vehículos no acudieron a la revisión técnica. Ese total representa 16.000 automotores más que los que no llegaron en el mismo período del año pasado.

Sin opciones

Para el abogado experto en contratación administrativa, Cristian Campos, el anterior gobierno dejó sin opciones a las nuevas autoridades, pues a su criterio es imposible que en el tiempo que resta se logre una solución distinta a la prórroga.

“Es indiscutible que el Estado tiene un deber que es garantizar que sobre las vías nacionales circulan vehículos que respondan a un mínimo de seguridad, seguridad que garantiza en este momento una empresa concesionada. Si llega el día que termina la relación con Riteve, no hay opción, el Estado de inmediato asume una responsabilidad de que cualquier asunto que surja en carretera donde se logre determinar que un accidente se da porque el vehículo presenta algún tipo de falla técnica que pudo haberse prevenido, pues ahí y en todos los casos el Estado tendrá que responder”, explicó el abogado.

Según Campos, esta es la consecuencia de una conducta “omisiva” por parte de las administraciones anteriores, que dejaron que el tiempo pasara sin iniciar los procesos necesarios para preparar una nueva licitación y una transición del servicio tranquila.

Campos agregó que el MOPT además deberá conversar con la Contraloría, pues varios de los aspectos que incluyó como condiciones del rechazo de la solicitud realizada por el exjerarca Rodolfo Méndez, son imposibles de cumplir, por ejemplo tener el concurso para el nuevo prestatario publicado, cuando actualmente ni siquiera hay un cartel elaborado.

“La revisión tiene que mantenerse, y la única opción es que se mantenga el servicio actual porque la Administración pública no hizo nada y nos puso contra la pared, incluso la Contraloría no va a tener más opción (que avalar la prórroga); hay un tema de interés general y es el que se usa para decir que hay que seguir adelante bajo estas condiciones”, explicó Campos.

¿En manos de cooperativas?

El diputado Gilberth Jiménez dio a conocer que la próxima semana presentará un proyecto de ley que buscaría que el servicio de revisión técnica quede en manos de cooperativas.

Según Jiménez, la iniciativa pretende incluir a todo el sector y también a los actuales empleados de la empresa, quienes se convertirían en co-dueños e involucra al Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre el cual se plantea que brinde capacitación del personal.

Además sostuvo que incluirá un transitorio que otorgue un plazo de dos años para que las cooperativas obtengan las certificaciones de ley.

Sobre el tema tarifario, el diputado coincidió en que el monto debe ser menor, pues ya los terrenos, instalaciones y equipos están en manos del Estado.

José Carballo, presidente Cámara Costarricense Automotriz afirmó que dejar el servicio en manos de municipalidades o cooperativas no favorecería la calidad, pues no sería homogéneo.

En el caso de los gobiernos locales, los cuestionamientos recientes en temas de administración de recursos, no los hacen ver como una buena alternativa.

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Carballo aseguró que si Riteve hasta ahora ha dado buenos resultados en temas de accidentabilidad y ambiente, “sería mal dejarla ir”.

“Sería interesante ponerse a discutir para ver en qué pueden reunir criterios que satisfagan tanto al Estado como a la empresa”, apuntó.

Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente el contrato que se otorgó para operar en el país era por 10 años y daba posibilidad de una sola prórroga que fue la que se aprobó en el 2012.

Desde mediados del año pasado, la Contraloría venía advirtiendo sobre el próximo vencimiento y la imposibilidad de otorgar más plazo a la empresa de origen español, sin embargo pese a los múltiples informes y llamadas de atención, el anterior gobierno no cumplió con las disposiciones del ente contralor relacionadas con la obligatoriedad de garantizar la continuidad del servicio y preparar la transición hacia un nuevo prestatario.

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Semanas antes de finalizar su gestión, el exjerarca de Obras Públicas y Transportes presentó una solicitud de prórroga por imprevisibilidad, sin embargo, esa petición fue rechazada.