Riteve no va más. La Contraloría General de la República rechazó ampliar el contrato con la empresa española, encargada de la revisión técnica vehicular, cuyo plazo vence en julio pŕoximo.
La decisión, dada a conocer este martes, deja en el limbo cuál será el responsable de brindar este servicio necesario para cumplir disposiciones de la ley de tránsito para todos dueños de vehículos.
Según el comunicado, la Contraloría respondió negativamente a la petición del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de prorrogar el contrato existente por tres años y dos más adicionales. La gestión, dijo, fue rechazada por la CGR en la medida que no existe claridad en la información presentada sobre aspectos esenciales.
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No obstante, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó en una breve respuesta que volverá a presentar la solicitud ante el órgano contralor.
“Se ha recibido el Oficio 07388 de la Contraloría General de la República (CGR) con fecha del 03 de mayo 2022, al respecto este Ministerio informa que en función al mismo se hará una nueva solicitud completando los datos requeridos por la CGR, con lo cual se está totalmente de acuerdo”, informó.
Más tarde, el ministro Rodolfo Méndez Mata, también conversó con La Nación sobre el tema y explicó las razones para insistir con la petición.
“Lo que dice la Contraloría es que no puede resolver porque no tiene toda la informacion que requiere, eso es cierto, la solicitud que se planteó era consultar con los razonamientos si se podía aplicar el artículo 208 del Reglamento la Ley de Contratación Administrativa para procurar una extensión en el contrato en el tanto resuelva la Sala Constitucional la acción de inconstitiucionalidad que está en estudio”, manifestó.
Se trata de una acción contra artículos de la ley de tránsito que regulan la revisión técnica.
Entonces, dijo Méndez, al pedir una valoración con base el artículo 208 requiere de más información. Ese numeral regula la modificación unilateral del contrato y las condiciones en que puede hacerse.
“Corresponde volver a presentar la solicitud. Es algo que uno lo hubiera anticipado, que esto requería de una continuidad con la próxima administración. De momento esta es la opción, habría una segunda posibilidad con la aplicación del artículo 27 (de la ley de tránsito), una figura que tendría que valorarse, inclusive como una posible solución, de manera que todavía hay alternativas”, consideró el jerarca hasta el domingo.
El artículo 27 de la ley de tránsito establece los requisitos para autorizar los centros que realicen la revisión vehicular.
Riteve brinda el servicio desde julio de 2002. Inicialmente, el contrato era por 10 años, prorrogables por un plazo igual, los cuales fueron dados en el 2012.
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Falta información
La CGR argumentó que “aunque reconoce el interés público” de la actividad, insistió en que hay ausencia de elementos fundamentales en el planteamiento del Cosevi, entre estos:
- la variación en el modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones
- el impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio
- la justificación de la prórroga del plazo por 5 años
- la suspensión del trámite de contratación de nuevos operadores en razón de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 25 de la Ley de Tránsito
- la participación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en la aprobación de la tarifa que rige a partir del 16 de julio
- el mantenimiento de las instalaciones
En el comunicado, la CGR fue enfática en que dio “alertas oportunas” al Cosevi en los informes del 28 de junio y 13 de octubre de 2021, es decir un año antes de que venciera el contrato, de que debía gestionar soluciones.
“Lo que corresponde ahora es que la Administración haga el análisis de los aspectos que están expuestos en el oficio y valore lo escenarios que estime más pertinentes para la prestación del servicio”, explicó Elard Ortega Pérez, gerente asociado de la División de Contratación Administrativa.
La justificación
La Contraloría le insistió al Cosevi en la elaboración de un plan de trabajo para asegurar el servicio al momento del cierre del contrato con la empresa española y la transición a los nuevos prestatarios. A pesar de los informes y llamadas de atención, Cosevi no cumplió con la expectativas de la CGR.
El principal alegato del Consejo es que una acción de inconstitucionalidad presentada en octubre contra artículos de la ley de tránsito le impedían avanzar en el proceso, argumento que tampoco fue de recibo para el órgano contralor.
A criterio de la Contraloría, esa gestión en Sala IV no suspendía la aplicación de las normas de la ley de tránsito relativas a la revisión técnico, por lo que no aceptaba que fueron un obstáculo para avanzar en la preparación de una licitación para el servicio.
La acción fue presentada por la Asociación Preserve Planet el pasado 25 de octubre, contra los artículos 25 ,26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito, en los que se establece la facultad para que el Cosevi otorgue “autorizaciones indefinidas” a las empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular.
En la petición, señalan que el servicio de revisión técnica bajo el modelo de concesión, ha brindado resultados beneficiosos por casi 20 años, los cuales, aseguran, se verían perjudicados si no existe un control sobre este.
Futuro incierto
A dos meses y medio de que se acabe el contrato con Riteve, el futuro de ese servicio es absolutamente incierto. Ni siquiera se alcanzó un acuerdo sobre qué sería lo más conveniente, si abrirlo a la participación de varias empresas o dejarlo en manos de una sola, como hasta ahora.
La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), por ejemplo, recomendaba que hubiera varios adjudicatarios para aumentar el número de estaciones, los horarios y servicios.
No obstante, de ser así, hay que considerar el tema tarifario, que actualmente fija la Aresep. Además, se debe tomar en cuenta que el MOPT y el Cosevi son los que debe supervisar, por lo tanto tienen que tener capacidad para hacerlo, en caso de que sean varias empresas.
También está el condicionante de la acción de inconstitucionalidad en estudio en la Sala IV, pues esta podría dilucidar el modelo, pues los accionantes lo que piden es que el servicio siga en operación por parte de una sola empresa, pues ha dado buenos resultados en los últimos 20 años.
A la fecha, además, tampoco ha trascendido la preparación de un cartel de licitación para buscar a nuevos oferentes.
Igualmente, se desconoce cuáles son los planes del Ministerio una vez que reciba las 13 estaciones fijas y cuatro móviles de Riteve, pues estas y sus equipos pasarán a ser propiedad del Estado, después del 15 de julio.