La Contraloría General de al República volvió a llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) por no haber definido el futuro de la revisión técnica vehicular, a cuatro meses de que finalice el contrato con la empresa Riteve.
En un oficio dirigido al director del Cosevi, Edwin Herrera Arias, el ente contralor advirtió que daba por finalizado el proceso de seguimiento al informe enviado en octubre del año pasado, en el que se señalaban falencias en el proceso de transición y cierre del actual contrato.
Indicó que ahora se trasladarían los incumplimientos al Departamento Jurídico, por lo que los jerarcas responsables se expondrían a sanciones administrativas.
Contrario a lo indicado por el Cosevi, semanas atrás, la Contraloría manifestó que no existe ante la división de contratación ninguna solicitud de prórroga para dar continuidad al contrato con Riteve mientras se realiza un nuevo proceso de licitación.
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“La CGR determinó que la disposición en referencia ha sido incumplida, por lo que se procederá a realizar la valoración jurídica de dicho incumplimiento y le reiteró la responsabilidad al Cosevi de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de ITV en estricta observancia al ordenamiento jurídico. En lo sucesivo, es responsabilidad de la Administración tomar las decisiones que correspondan y la aplicación de las soluciones conforme al ordenamiento jurídico”, indicó la entidad contralora este lunes.
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De acuerdo con la Contraloría, la dirección ejecutiva del Cosevi respondió al informe mediante un oficio en el que se refería a una serie de escenarios, pero que sin que se defina una línea concreta de acciones a seguir, ni tampoco se indicó un programa de trabajo de cara al cierre de contrato y la transición que permita garantizar la continuidad del servicio de inspección vehicular.
Además, insistió en que lo expuesto por la Administración en esas respuestas no representa una estrategia clara a seguir, considerando el modelo tarifario así como las nuevas condiciones de los terrenos y las instalaciones y equipos, los cuales deben ser trasladados a nombre del Estado a partir del 15 de julio del 2022.
“Sumado a lo anterior, persiste la incertidumbre de si el Cosevi cuenta con la totalidad de la información que se requiere para la definición del modelo de prestación de servicios que se ejecutará, situación que potencializa riesgos en el establecimiento de variables -objetivas y cuantificables según dice la Administración- relevantes a nivel tarifario”, añade el oficio.
En el informe de octubre anterior, la Contraloría le había ordenado al director ejecutivo elaborar un programa en el que se incluyeran las etapas de planificación, ejecución y evaluación del proceso que realizaría la Administración, así como todas las fases que debían ejecutarse, entre ellas los estudios técnicos, jurídicos y financieros, y los análisis de riesgo y coordinaciones necesarias para dar continuidad al servicio, que es requisito para circular por las vías del país.
La Contraloría, también recordó al Cosevi que la situación de Riteve viene siendo advertida desde julio del año pasado, cuando en un primer informe se les recordó la necesidad de iniciar con los procedimientos necesarios de cara al vencimiento del contrato y la imposibilidad de otorgar nuevas prórrogas.
Sin embargo, desde entonces ni el MOPT ni el Cosevi han brindado claridad sobre el modelo que seguirá el país para la revisión de la flota vehicular y, más bien, indicaron que se solicitaría una prórroga debido a que una acción de inconstitucionalidad interpuesta en octubre pasado y que fue acogida para estudio, les impedía avanzar en dicho proceso.
“El Órgano Contralor ha indicado el vencimiento indefectible del contrato vigente el 15 de julio del año 2022, después de 20 años de vigencia, temporalidad que permitía una planificación adecuada para la transición y el aseguramiento de la continuidad del servicio de IVE (...) siendo que no es de recibo, considerar que la acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 25 de la Ley de Tránsito y que se encuentra en trámite ante la Sala Constitucional, induce a una imprevisibilidad por parte de la Administración, en tanto la citada norma no ha sido suspendida en su aplicación ordinaria por dicho Tribunal Constitucional”, concluye la Contraloría en la comunicación enviada el viernes anterior al Cosevi.
La desatención de las disposiciones de la Contraloría puede implicar sanciones para los funcionarios públicos, las caule pueden incluir la suspensión o destitución de sus cargos.
El contrato de Riteve fue originalmente firmado por 10 años y daba derecho a una única prórroga que es la que vence el 15 de julio del 2022.
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Actualmente, ni siquiera la misma empresa conoce cuál será su futuro a partir de julio, pues el MOPT no le ha brindado detalles sobre la eventual prórroga o el finiquito del contrato.